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Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la Independencia de los Jueces y Abogados, aseguró que el problema de la reforma judicial es básico: no garantiza la independencia del Poder Judicial. Sostuvo que sin regulaciones sobre la conducta de las campañas y una transparencia adecuada, abren la puerta a la influencia indebida de las élites políticas y económicas o, peor aún, del crimen organizado.
En un artículo que escribió para la plataforma Open Global Rights, Satterthwaite explicó que la reforma judicial introducida por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, ha suscitado una gran preocupación a nivel nacional e internacional.
“Lejos de ganarse elogios internacionales, las elecciones judiciales han suscitado críticas del Comité de Derechos Humanos, y el mandato del relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados ha expresado preocupaciones sobre las elecciones judiciales, abogando por métodos diseñados para garantizar que la selección judicial se base en la excelencia profesional y el mérito”, señaló.
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Expresó que la independencia judicial es esencial para la gobernabilidad democrática, ya que controla los excesos de otros poderes del gobierno y garantiza que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de la ley.
“Desmantelarla es un golpe a las protecciones de los derechos humanos a las que tienen derecho todos los mexicanos conforme al derecho internacional”, mencionó.
Aseguró que uno de los aspectos más controvertidos de la reforma mexicana es el paso de los nombramientos judiciales basados en el mérito a la elección popular de los jueces, incluidos los jueces de los tribunales superiores.
Esto marca un cambio notable con respecto al sistema construido en las últimas décadas para garantizar que se nombrara a los candidatos más calificados, abundó.
En este sistema, ahora descartado, agregó, los candidatos judiciales eran evaluados mediante rigurosos exámenes escritos y orales, que ponían a prueba su conocimiento general de la jurisprudencia y el derecho, así como su capacidad de razonamiento analítico, y partes de las evaluaciones se realizaban de forma anónima.
“Si bien ciertamente había mucho más por hacer (los problemas de corrupción e influencia indebida por parte de actores poderosos seguían siendo un problema), este sistema estaba dando frutos: el poder judicial de México estaba cada vez más integrado por las mentes jurídicas más calificadas del país”, externó.
La relatora especial de la ONU, precisó que en lugar de un sistema basado en competencias, el nuevo sistema exige cartas de recomendación de vecinos o amigos, y añadió que las reformas no aclaran si se requiere experiencia específica relevante o cómo se llevará a cabo la selección entre los aproximadamente 25 mil candidatos registrados para puestos judiciales.
“Otras preguntas fundamentales también siguen sin respuesta: ¿Cómo se protegerá el proceso contra la influencia del crimen organizado? ¿Qué medidas se implementarán para atraer a juristas calificados y con suficiente experiencia? ¿Qué papel desempeñará la sociedad civil en el proceso?”, expuso.
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Resaltó que el derecho internacional exige que los jueces sean competentes e íntegros, seleccionados mediante métodos que eviten motivos indebidos. Por su naturaleza, las elecciones judiciales corren el riesgo de priorizar la popularidad por sobre la imparcialidad y la competencia.
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