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Organizaciones lamentaron la respuesta del Estado mexicano durante la comparecencia con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), marcada por evasiones a cuestionamientos, datos parciales y narrativas “triunfalistas”, mientras las violencias contra las mujeres persisten y se agravan en el país.
Durante la audiencia, la delegación mexicana evitó responder preguntas clave del Comité, entre ellas, el cumplimiento de los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas como: salud, trabajo, educación, justicia y condiciones jurídicas en el ámbito familiar.
“La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, se limitó a resaltar la narrativa oficial del “Tiempo de Mujeres” sin aportar datos concretos que acrediten los supuestos avances”, acusa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
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El 17 y 18 de junio pasado, el Comité expresó su profunda preocupación ante la incapacidad del Estado para presentar evidencia verificable de avances reales en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia las mujeres.
En Ginebra, el Estado afirmó que los feminicidios han disminuido, sin embargo, las cifras oficiales refieren que en los últimos seis años, no se ha logrado una disminución efectiva. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres en México. De estos crímenes, sólo el 25% se investigan como feminicidio, y en estados como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es menor al 10%.
El Comité también señaló la falta de datos estadísticos claros y actualizados, lo que impide evaluar si las políticas públicas realmente han beneficiado a las mexicanas. También lamentó el debilitamiento de instituciones clave como el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de la militarización que vulnera a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.
“Uno de los retrocesos más alarmantes es el desmantelamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), que pone en riesgo la continuidad del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos”, explican.
En materia de aborto y salud sexual y reproductiva, el Estado omitió obstáculos reales: la falta de personal capacitado, la objeción de conciencia sin regulación, y la criminalización persistente en al menos 8 estados. En solo tres meses de 2025, se abrieron 218 carpetas de investigación por aborto, incluso en entidades donde ya está despenalizado.
Así, las organizaciones exigieron que el Estado mexicano responda de manera puntual y verificable a los cuestionamientos de la CEDAW; la reinstalación de CONAVIM o la creación de un órgano con igual o mayor capacidad técnica y presupuestaria.
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Además de la homologación de los códigos penales estatales, así como la aprobación de un Código Penal Único con perspectiva de género; la transformación del mecanismo de protección para defensoras y periodistas, dotándolo de una estructura sólida, especializada y con enfoque interseccional.
Que se garantice el acceso real y efectivo al aborto legal y seguro, con servicios accesibles, personal capacitado y sin criminalización; que se reconozcan y respeten los derechos de las madres buscadoras, defensoras indígenas, comunitarias y periodistas, y que ninguna más tenga que elegir entre su lucha y su vida, entre otras.
Por su parte, la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) pidió la liberación inmediata del presupuesto para todos los Refugios y sus Centros de Atención Externa; y el pago íntegro de honorarios por los 10 meses de trabajo a las personas que sostienen los espacios de protección, como marcan los lineamientos del Programa.
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“A la Secretaría de las Mujeres: Nos proporcione información detallada sobre el contenido y el proceso del manual, así como que se asegure la participación activa de las organizaciones que trabajamos directamente en el territorio”, expresó en un comunicado.
Así como la programación de las mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, incluida la Red Nacional de Refugios conformando espacios de diálogo horizontal, que sea vinculante y construya en conjunto políticas públicas a favor del derecho a una vida libre de violencias.
jf/bmc
