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Organizaciones de la sociedad civil
indicaron que hasta el 11 de octubre, un total de 33 migrantes fallecieron en nuestro país a causa del Covid-19 , lo cual representa una tasa de letalidad del 6.1 por ciento.
Ana Saiz, directora general de la asociación Sin Fronteras, señaló que, según el informe epidemiológico semanal de población migrante de la Dirección General de Epidemiología, la prueba del coronavirus fue aplicada a mil 911 extranjeros y el 28.4 por ciento fue positivo.
La Ciudad de México con 143 casos y Nuevo León con 57 son las entidades federativas con un mayor registro, además de que las personas que se han infectado son principalmente venezolanos, estadounidenses, hondureños, cubanos, colombianos y salvadoreños.
La hipertensión y la obesidad son las comorbilidades más frecuentes entre los extranjeros contagiados, quienes, según las ONG, han sufrido falta de atención médica, detenciones por parte de las autoridades y el hacinamiento de las estaciones migratorias.
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Defensores de derechos humanos presentaron su Informe sobre los efectos de la pandemia de Covid-19 en las personas migrantes y refugiadas, donde repasaron las vulneraciones que este sector de la población ha sufrido durante la emergencia sanitaria.
“Ningún grupo poblacional tiene que estar descubierto de la protección que implica la pandemia, el proteger a las personas en movilidad, a las personas migrantes y refugiadas, es también proteger a toda la población que estamos en México”, señaló Saiz Valenzuela en una conferencia de prensa.
En su informe sobre los efectos de la pandemia, la sociedad civil documentó protestas y motines al interior de algunas estaciones migratorias; detenciones en espacios que no están equipados para prevenir contagios de Covid-19; deficiente atención médica; maltratos físicos, psicológicos e incluso posibles actos de tortura; falta de higiene; desacatamiento de ordenes de judiciales para liberar migrantes, entre otros asuntos.
En el contexto de la migración, las medidas necesarias para garantizar el acceso a los derechos no son complicadas, pedimos cuatro cosas muy básicas: liberación de estaciones migratorias, una migración regular, fortalecer los albergues y para niñas y niños acceso a atención médica”, señaló Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la MIgración (IMUMI).
En la conferencia de prensa las organizaciones también señalaron que tramitaron 10 juicios de amparo para que jueces emitieran medidas de protección a la población migrante en medio de la pandemia del Covid-19, pero sólo en siete casos hubo resoluciones favorables y hasta ahora no hay evidencia de que las autoridades hayan acatado lo dictado por los jueces.
“Nos parece muy delicado, muy preocupante, lo que se ha notado por parte de las autoridades mexicanas, ha sido un descuido y una irresponsabilidad para proteger los derechos de la salud de las personas migrantes y refugiadas”, aseveró Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
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