Más de 50 organizaciones de la sociedad civil firmaron un comunicado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedirle que incluya una serie de propuestas en materia de movilidad y seguridad vial en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND).
Al informar que los siniestros de tránsito cobran anualmente la vida de más de 16 mil personas, causan lesiones a 142 mil y produce discapacidad permanente a 40 mil, apuntaron que también provoca altísimos costos económicos a la sociedad y al Estado Mexicano, estimados entre el 1% y el 3.5% del PIB.
Por lo que exhortan a establecer medidas integrales para disminuir los siniestros viales derivados del exceso de velocidad y por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, con énfasis en áreas urbanas de alta incidencia. Actualizar el marco normativo que regula a los vehículos motorizados, de dos y cuatro ruedas, para priorizar la protección de los usuarios vulnerables, protegiendo con ello a todos los usuarios de la vía.
Así como promover la formación de conductores responsables mediante capacitaciones rigurosas y estrictas evaluaciones periódicas tanto teóricas como físicas, psicológicas y de capacidades para la obtención de licencias de manejo. Proteger a las infancias que viajan en auto.
También recomiendan financiar la movilidad segura con énfasis en el desarrollo del transporte público, infraestructura segura que contemple y perdone el error humano y que cree espacios seguros para peatones y accesible a personas con discapacidad.
Del mismo modo, exhortan a promover la modernización de las flotillas públicas con enfoque en seguridad vehicular, eficiencia, sostenibilidad y desempeño ambiental. Implementar un etiquetado nacional de seguridad vehicular que informe a los usuarios sobre el desempeño de protección y especificaciones de seguridad de cada vehículo. Y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia para atender siniestros viales, con énfasis en zonas de alta incidencia.
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“La inclusión de estos objetivos en el PND 2025-2030 fortalecerá el trabajo ya iniciado, asegurando que los derechos adquiridos se traduzcan en políticas públicas efectivas y duraderas, priorizando la vida, la salud y la inclusión de grupos vulnerables como niñas, niños, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad”, apuntaron organizaciones como Salud Justa, Céntrico y El Poder del Consumidor.
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