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En 2022, se iniciaron seis mil 226 carpetas de investigación en el tema de tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes, lo que representa un incremento del 11% respecto a 2021. En el mismo año, únicamente 82 casos fueron judicializados, de acuerdo al informe Hallazgos 2022, que presentó el Observatorio contra la tortura.
En conferencia de prensa, Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que los mecanismos de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos han sido particularmente insistentes desde hace décadas, en que México tiene que emprender especiales esfuerzos para hacer frente a la tortura.
Acompañado de especialistas en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Peña Palacios, resaltó que las últimas revisiones a México de organismos de tratados internacionales, reconocen que hay una ausencia de voluntad y capacidad para emprender una investigación seria y eficiente de hechos de tortura por parte de las fiscalías del país, mencionando la falta de independencia y parcialidad en las investigaciones
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El informe resalta que la tortura sigue empleándose como método de investigación de delitos, a pesar de que cada estado debe contar con una fiscalía especializada en tortura, su creación no se ha traducido en mejores investigaciones, ni en un incremento de casos judicializados.
Indica que existe un estancamiento generalizado de las investigaciones de tortura en las fiscalías. El número de casos judicializados sigue siendo extremadamente bajo.
El reporte refiere que las posibilidades de que las personas que padecieron tortura puedan comprobar haber sido víctimas son muy bajas por la falta de disponibilidad e imparcialidad de los dictámenes médico-psicológicos.
Abunda que en 2022, los Organismos públicos de derechos humanos clasificaron mil 243 quejas como tortura y dos mil 649 como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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El documento precisa que las autoridades más denunciadas ante los organismos públicos de derechos humanos fueron las fiscalías generales de los estados y los cuerpos de seguridad pública.
Las organizaciones que conforman el Observatorio contra la Tortura, llamaron a la creación de una política pública coordinada entre las autoridades federales y locales, así como diagnósticos claros sobre la magnitud y características de este delito.
Natalia Pérez Cordero, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, comentó que la tortura subsiste y se requiere la prevención de este delito.
Esto en alusión a la falta de creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la tortura, una herramienta clave para generar líneas de acción coordinadas a nivel interinstitucional.
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Sostuvo que este programa debió ser aprobado por la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría, en 2017.
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