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El 2022 podría ser el año con mayor número de delitos en extorsión , superando los años anteriores, señaló el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del primero de enero al 31 de octubre de este año se documentaron 9 mil 303 víctimas por este delito, en 2021 fueron 9 mil 408, en 2020 fueron 8 mil 380 y en 2019 fueron 9 mil 003.
“Esta administración federal es la peor en materia de extorsión y es el delito que más estamos viviendo los ciudadanos”, manifestó Francisco Rivas, director del ONC.
Durante la presentación de la primera parte de la investigación, “La Extorsión Bajo El Caleidoscopio”, señaló que existe un atraso normativo que no reconoce la evolución de la extorsión en términos de los bienes jurídicos afectados, las modalidades vigentes y la heterogeneidad de los sujetos activos.
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Abundó que el atraso normativo, la baja denuncia y las capacidades institucionales rebasadas constituyen la fórmula perfecta para la impunidad.
El director del Observatorio resaltó que cuando existe denuncia, toda la carga del proceso penal está sobre la víctima, quien se encuentra bajo amenaza.
Indicó que las víctimas de extorsión no denuncian , en su mayoría, por causas atribuibles a la autoridad y la cifra negra por este delito es de las más altas tanto en el caso de hogares como de unidades económicas (97-98%).
El titular del Observatorio detalló que necesitamos identificar tipologías útiles para contar con más y mejores políticas públicas para atender la extorsión.
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Resaltó que es fundamental documentar y sistematizar la información de lo que cada uno de nosotros ha experimentado con este delito.
Rivas señaló que los daños materiales e inmateriales ocasionados por la extorsión impactan la seguridad humana de las víctimas, directamente sobre las dimensiones: personal, de salud, económica, política y comunitaria.
También calificó como preocupante que las autoridades minimicen el problema a través del argumento de que no hay denuncias por parte de la población.
Detalló que con estas acciones ponen toda la carga del inicio de investigaciones en las víctimas. De esta manera, no solo ignoran las secuelas de este delito, también renuncian a la generación de inteligencia para su inhibición.
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El director del organismo indicó que el marco jurídico en torno a la extorsión ignora las distintas afectaciones a la víctima directa y a la comunidad, al simplificarlo como un mero delito patrimonial.
Subrayó que los retos institucionales que existen para la atención de este ilícito van más allá de su denuncia, se requieren resultados palpables para la población, no solo para ciertos actores o sectores en específico.
Sostuvo que este delito y sus múltiples manifestaciones ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo por la dimensión del problema sino los rasgos que ha adquirido.
El reporte indica que los retos institucionales que existen para la atención de la extorsión van más allá de su denuncia, se requieren resultados palpables para la población, no solo para ciertos actores o sectores en específico.
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El organismo reiteró que el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) es marginal en la investigación y procuración de justicia.
En tanto la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) refiere que se cometieron 4 millones 910 mil 206 extorsiones en hogares. Se denunciaron solamente 246 mil 138 casos y solo en el 52.4% se inició una carpeta de investigación.
En el 59.6% de las denuncias que derivaron en carpeta de investigación no pasó nada y el 26.3% seguía en trámite. En el 2.8% de los casos se logró poner al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón. Apenas en el 0.3% de los casos se logró la recuperación de los bienes. Remarca que en ninguno de los casos hubo reparación del daño.
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