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Organizaciones civiles advierten que el Gobierno de México “insiste en poner en riesgo los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de México” al avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revocar las autorizaciones ambientales para la construcción de la escollera sur en el puerto, sobre el arrecife La Gallega.
Territorios Diversos para la Vida, grupo ambientalista veracruzano, explicó que en 2022 la Primera Sala de la SCJN dejó sin efecto las autorizaciones ambientales que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó en 2004 a la Secretaría de Marina (Semar) para construir en Veracruz dicha obra, misma que amenaza ecosistemas marinos y terrestres.
La ONG lanzó esta alerta luego de que, el pasado 23 de julio, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informó que en septiembre próximo iniciarán los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.
Acusan riesgo para ecosistemas
“Lo anunciado por el secretario de Marina implica un grave retroceso, al poner nuevamente en riesgo ecosistemas frágiles como los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano —en particular el arrecife La Gallega, así como ecosistemas terrestres aún no identificados, manglares y la biodiversidad marina.
“También preocupa la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra para las obras y el eventual uso de áreas naturales protegidas como bancos de materiales”, difundió en un comunicado la agrupación ambientalista.
Detalló que el amparo en revisión 54/2022 fue interpuesto por ciudadanos de Veracruz y otras organizaciones ambientalistas.
En el documento, la Corte determinó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales porque evaluaron el proyecto de manera fragmentada, y sin utilizar la mejor ciencia disponible, vulnerando así el derecho humano a un ambiente sano de las y los veracruzanos.
En consecuencia, se ordenó realizar una nueva evaluación ambiental integral, considerando la totalidad del proyecto y de sus impactos sobre arrecifes y humedales en la zona de influencia.
“La fragmentación de la evaluación ambiental de los proyectos es una estrategia que violenta el derecho a un ambiente sano, pues impide conocer los verdaderos impactos acumulados del proyecto portuario y, con ello, el riesgo ambiental que conlleva.
“La falta de información y, por tanto, la falta de evaluación ambiental de los sitios de donde se extraerá la roca representan un nuevo incumplimiento de la sentencia”, insistió la organización civil.
Así, llamaron al Gobierno federal a detener las obras y actividades de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente conforme a lo ordenado por la Suprema Corte.
“Solo así se podrá garantizar la protección de los arrecifes, la biodiversidad, los ecosistemas marinos y terrestres y el futuro ambiental de Veracruz”.
Marina asegura que obras se apegan a estudios ambientales
EL UNIVERSAL solicitó a la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina una postura respecto a las acusaciones hechas por Territorios Diversos para la Vida y esta respondió que continúa las obras apegada a los estudios ambientales correspondientes y bajo la supervisión de las autoridades competentes.
“La Secretaría de Marina–Armada de México reafirma que todas las acciones vinculadas al desarrollo portuario en el país se realizan en estricto apego a la normatividad vigente y con pleno respeto a los ecosistemas marinos y costeros. En el caso de Veracruz, los procesos de planeación y ejecución contemplan los estudios ambientales correspondientes, bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
“La Institución mantiene un compromiso permanente con la transparencia y con el cumplimiento de las resoluciones judiciales, así como con el diálogo abierto con la sociedad civil, reconociendo la importancia de proteger el patrimonio natural de la Nación”, indicó.
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