Gabriela Estefanía García Escobar tiene 32 años. Cuando llegó a México de Honduras tenía nueve. Su madre la encargó con una familia en Hidalgo mientras ella cruzaba a California y reunía dinero. El 27 de marzo de 2009, la prensa presentó a Gabriela como mexicana de nombre Alejandra Pérez Suárez, de 21 años, y se aseguraba que era integrante de Los Zetas y, junto a ella, una mesa llena de armas, municiones y droga que dijo jamás haber visto.

En la actualidad, Gabriela afirma haber sido contratada por sujetos durante tres días para ejercer la prostitución. Tenía un hijo de tres años que mantener. En cambio, pasó 11 años presa en el penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, por delitos que no se le comprobaron.

Hasta noviembre de 2020, en esa prisión vivían 367 mujeres, de las cuales 120 no tenían sentencia, según la Secretaría de Seguridad del Estado de México. EL UNIVERSAL entrevistó a una docena de ellas, la mayoría detenidas y torturadas por la extinta Policía Federal (PF) durante la administración de Felipe Calderón.

Gaby, como la conocían en Santiaguito, fue liberada el 15 de diciembre; sin embargo, al salir la esperaba una camioneta del Instituto Nacional de Migración (INM). Con tal de no pasar más tiempo detenida en estaciones migratorias, firmó la deportación voluntaria; no obstante, tras ser trasladada de la Ciudad de México a Puebla, cuando este periódico la visitó en esa última estación, ya llevaba 15 días retenida, aun cuando la ley mexicana establece que no se puede pasar más de dos semanas ahí. El resto de las mujeres y madres entrevistadas permanece en Santiaguito en espera de sentencia, después de una década sin libertad.

Las 12 mujeres tienen en común haber sido arrestadas sin órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro, además de presentadas ante la prensa inmediatamente como culpables, haber sido torturadas física y sexualmente por elementos de las Fuerzas Armadas, que en ocasiones ni siquiera se identificaron ni estaban uniformados, y provenir de familias de clase trabajadora de la Ciudad, el Estado de México y Guerrero. Las 12 son madres, de ellas, siete cuentan con el Protocolo de Estambul que reconoce la tortura ejecida en su contra por parte del Estado.

Visiblemente deteriorada y vestida con pijama fucsia de felpa y sandalias, Gaby narró que al momento de su detención ejercía la prostitución en un bar de Huichapan, pues había sido el único lugar donde no le pedían documentos. Además, era una actividad que ya había sido forzada a realizar en la adolescencia, cuando fue a reencontrarse con su madre en Anaheim, buscando una mejor vida a los 14 años, pero ella la obligó a prostituirse, así que optó por regresar a México con su bebé en brazos.

Para Gaby este tipo de salidas por varios días era algo normal. Contó que lo único que le llamó la atención fue el tamaño del rancho al que esa vez la llevaron, y los lujos que había dentro; habló de motocicletas, autos de último modelo y un lago. Ese día debía ser devuelta al bar, cuando un comando de la Policía Federal llegó al rancho disparando y aventando gases. Ella y otra mujer, que también se prostituía, se escondieron de inmediato en un baño. La mujer nacida en Tegucigalpa no imaginó que estar ahí significaría que la inicriminaran por delincuencia organizada, secuestro, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, de cartuchos y de explosivos de uso exclusivo de la Fuerza Aérea, y hasta del homicidio de uno de los federales fallecidos en la balacera.

Una vez que lo consideraron, ambas salieron del baño con las manos en alto a presentarse con los policías; sin embargo, fueron llevadas junto a los demás en un helicóptero de la PF.

Antes, a Gaby la torturaron física y sicológicamente para que firmara una hoja en blanco. Este periódico buscó la versión de la embajada de Honduras en México, pero no se concretó una entrevista formal. Se aseguró que estaban al tanto del caso de Gabriela hasta que salió de Santiaguito y se añadió que hay cerca de 700 personas hondureñas en prisiones mexicanas, y 10% de éstas suelen omitir su nacionalidad.

A la fecha, se desconoce si Gabriela permanece retenida por el Instituto Nacional de Migración (INM), pues no hubo respuestade su paradero hasta el cierre de esta edición. El abogado de oficio que llevó su caso tampoco quiso dar una entrevista.

Década arrebatada

Al momento de su detención en su propia casa, Carolina Hernández Tapia, de 37 años, recibió tantos golpes que perdió su embarazo de siete meses. En la prensa la presentaron, sin derecho al debido proceso, como parte de la banda de secuestradores Los Jeremías. Lleva 13 años detenida bajo la causa penal 42/2008. En la misma carpeta está el caso de Guadalupe Castillo, actualmente de 40 años, empleada doméstica hasta que se le culpó por los mismos delitos junto a su esposo, un taxista.

Mayeli Tadeo era estilista en su propio salón de belleza la noche en que fue arrestada en Iztapalapa junto a su esposo por ministeriales del Estado de México, por presuntamente pertenecer a una célula criminal. Lleva siete años en espera de una sentencia por el delito de secuestro, bajo la carpeta 645600840000214.

Sofía Viridiana, de 33 años, era hostess de un restaurante en Ciudad Satélite y novia de un policía que la violentaba y amenazaba cuando fue detenida y torturada por presuntamente pertenecer a la banda de Los Flacos. Lleva 11 años en prisión.

Alethia Zepeda, de 42 años, asistía regularmente a reuniones de centros de rehabilitación,conocidos como anexos, pues quería salir de las adicciones cuando fue arrestada en uno de esos lugares en la Ciudad de México como presunta integrante de la banda de secuestradores de El Pájaro, ella también fue golpeada mientras estaba embarazada, su hija sobrevivió, pero ella lleva 12 años sin libertad, bajo las causas 103/2009 y 2/2018-III.

Ana María Madrigal, actualmente de 54 años, era ama de casa y estaba por irse a dormir cuando fue arrestada junto a su novio en Tultepec, Estado de México. Torturada, desnudada y humillada por no saber leer, fue acusada de pertenecer a la banda de secuestradores Las Cruces. Lleva 11 años presa bajo la causa penal 78/2008.

Martha Perea, quien tiene 49 años, era profesora de una primaria en Iztapalapa cuando fue detenida y torturada al llegar a su domicilio. También fue detenida junto a su marido. En los periódicos se les presentó como cabecillas de la Familia Michoacana. Desde entonces han pasado 11 años sin libertad bajo la causa penal 77/2010.

Margarita Hinojosa, de 54 años, había vendido zapatos, trabajado como guardia y policía auxiliar para mantener a sus hijos cuando fue detenida y violada por policías ministeriales del Estado de México bajo la acusación de robo de mercancía, junto a su esposo y uno de sus hijos. Este año cumplirá 16 años presa bajo las causas penales 265/2005 y 183/2019 sin sentencia.

Michel Paniagua, de 39 años, era una ama de casa viajando con su familia en un automóvil en Toluca cuando fueron arrestados y torturados. Desde ese día ha pasado 11 años sin ver a sus hijos, detenida bajo la causa penal 19/2018-II, por delincuencia organizada y secuestro.

En 2009, Martha Elba Nery, actualmente de 41 años, fue a visitar a su comadre Prudencia Riquelme, quien tiene 54, mientras cuidaba un rancho en Toluca cuando fueron interceptadas por policías y convencidas de ir a un interrogatorio que supuestamente duraría minutos. Terminaron acusadas de ser parte de la banda de secuestradores Los Pepes y desde hace 11 años no han vuelto a pisar la calle. Su causa penal es la 56/2009.

Ninguna de las mujeres entrevistadas cuenta con una sentencia que pruebe su culpabilidad en tales delitos. También se contactó a las familias de las entrevistadas para corroborar los hechos narrados por las mujeres y los expedientes de quienes aún conservan dichos documentos.

En el Estado de México existen 12 centros de readaptación y prevención social para mujeres. Según datos de la Secretaría de Seguridad de dicha entidad, en total hay mil 570 mujeres presas de 18 a 74 años, de las cuales 608 no cuentan con sentencia, es decir 38.7%; se desconoce el estatus de su proceso.

Para Viridiana Valgañón, abogada senior de la organización Equis Justicia para las Mujeres, este tipo de casos tiene que ver con la burocracia de los juzgados, la falta de jueces con perspectiva de género, que el Protocolo de Estambul que avala tortura y tratos degradantes aún carece de peso legal, y las condiciones de pobreza de las mujeres detenidas.

“Entras a los penales y te encuentras gente del viejo sistema penal acusatorio que no tiene sentencia, ya sea porque no tiene dinero para pagarse un abogado, o el de oficio no le da importancia a su trámite o no tiene contacto con sus redes de apoyo en el exterior y su caso sigue en stand by.

El efecto que tiene el protocolo es decir “sí, entonces regresa el juicio” hasta el momento en que se valora el tema de tortura en las pruebas para ver qué pasa con esta persona, y otra vez es entrar a la maquinaria del poder judicial donde tu expediente se forma detrás de los miles de expedientes.

“Por eso es que vas a tener protocolos positivos con mujeres que van a seguir injustamente en prisión, aun cuando ya se dijo que sí fueron víctimas de tortura y que probablemente esa agresión estuvo ligada con el delito y con el hecho de que se encuentren en prisión”, abundó.

EL UNIVERSAL solicitó una postura oficial al Consejo de la Judicatura Federal para conocer el estatus de los juicios de las 11 mujeres pero no se obtuvo respuesta. A ellas, sin embargo, se les informó a inicios de año, mediante un oficio del que este periódico tiene una copia, que los procesos supuestamente se reiniciarían en febrero adjudicando los recientes retrasos, exclusivamente, a la pandemia.