El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz considera que sin las reformas complementarias al papel de las fiscalías y servicios policiales en México, hay un alto riesgo de gatopardismo entre las decisiones que tomen los nuevos juzgadores nombrados a partir de la primera elección judicial.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también profesor del Tecnológico de Monterrey y miembro de El Colegio Nacional afirma que las irregularidades de la primera elección judicial generan en los nuevos juzgadores una falta de legitimidad que deberán enfrentar en sus resoluciones.
Los acordeones, la votación efectiva de sólo 10% del padrón y demás complicaciones que registró el proceso en el Instituto Nacional Electoral (INE) deben tomarse con más autocrítica para evitar que se desgasten recursos financieros y humanos en ese ejercicio.
Rumbo a la segunda elección judicial en 2027, Cossío Díaz pide a las autoridades electorales “mayor autocrítica” para admitir que es inviable una elección del tamaño que tendría la que le espera a México en tres años, cuando también se renueve la Cámara de Diputados y varias alcaldías en el país.
¿Qué balance hace de la elección del 1 de junio?
—Yo creo que es una elección muy triste. Es triste por la forma en la que se preparó, es triste por la manera en la que la ciudadanía respondió. Una tasa de participación de 13% es bajísima, bajo la escala que usted quiera. Además, de ese 13%, pues casi 3% de votos fueron anulados, son personas que se tomaron el tiempo de ir a la casilla para dejar su boleta en blanco o poner ahí lo que cada quien consideró.
Entonces, creo que una tasa de participación efectiva de 10% es increíblemente bajo y si me parece que eso y otros detalles le presentan un problema general a la legitimidad de la elección de los nuevos jueces.
¿Qué tanta legitimidad le quita usted entonces a las resoluciones que van a emitir los nuevos juzgadores?
—Eso es diferente. La legitimidad de las resoluciones se da por la propia resolución. Por supuesto, los nuevos jueces tendrán que tener conciencia de lo que significó esta baja participación y aquí viene lo más importante de todo, generar su propia legitimidad y no por la elección, sino precisamente por la calidad de sus resoluciones, por los tiempos de resolución y por todo aquello que se dijo que justificaba la reforma. Una mayor cercanía, una mayor capacidad técnica, la ausencia completa —prácticamente— de relaciones familiares, es decir, todo aquello. De otra forma, pues me parece que sería una elección ilegítima o poco legítima, con un ejercicio también poco legítimo.
Entonces, insisto, yo creo que sí hay un problema de baja legitimidad, si se puede decir así, por el tema de la elección, pero por las decisiones, las sentencias, pues habrá que verlas en sus méritos: ¿argumentaron bien, consideraron todos los elementos de las partes, garantizaron un debido proceso, están resolviendo para proteger los derechos humanos de la población?
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¿Qué cambios ve usted que sean necesarios para afinar la reforma judicial rumbo a la elección de 2027?
—Yo primero creo que la reforma les está produciendo o les va a producir varios problemas. Uno es el problema que tiene que ver con el rezago judicial, los tiempos de resolución. Esto es muy importante, porque si alguien está en un litigio y al litigio le toca varios años resolverse, pues está metido en un problema muy serio.
Segundo, la capacidad técnica. El derecho no es sólo una racionalidad muy particular, debe tener los dos elementos: técnica y razonamiento jurídico. Creo que decirle a alguien: “Con independencia de lo que me planteaste, una demanda, te quedas sin casa, sin hijos y sin libertad” o lo que fuera, es un asunto donde la falta de especialidad técnica sí puede darle una falta de legitimidad.
La tercera cuestión, ya para la elección de 2027, yo creo que el INE tiene que ser más autocrítico a partir de todos los elementos que mencionaron incluso los consejeros que votaron a favor de la validez, pues tienen que purgarse muchas cosas.
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Creo que no puede haber una elección donde no se cancelen las boletas no utilizadas. Creo que no puede ser que se haga un cómputo como el que se hizo, no puede haber una urna única, no pueden transformarse los circuitos judiciales en distritos judiciales como acabaron haciendo. Sí, creo que hay muchas cosas que el INE, si se toma en serio su trabajo, lo tiene que poner sobre la mesa y no puede mantener esta elección en 2027.
¿No sería viable llevar a cabo la elección en 2027?
—La elección de 2027 será una de las más grandes en términos políticos, y a ella se suma la elección judicial. Yo creo que ahí, más que estar diciendo que fue una gran elección, me parece que falta un sentido autocrítico para hacer correcciones a todo lo que les va a venir encima.
Entonces, si van a seguir el mismo modelo, yo creo que va a ser muy difícil, porque usted tendría urnas para diputados, alcaldes, gobernadores, legisladores, presidentes municipales y al mismo tiempo urnas y boletas para esto, yo creo que esa es una condición imposible. Si fuera el caso, usted estaría hablando de más de 300 mil casillas. Es imposible, el costo es muy grande.
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¿Qué Poder Judicial queda en México tras la reforma?
—Es un Poder Judicial que, por un lado, desde el ámbito político, genera enormes expectativas, pero también que no está acompañado de reformas a las fiscalías, a las policías, a los servicios periciales, es un Poder Judicial que se está viendo como un ente aislado y no se está tomando la comprensión de que se trata de un problema general, que tiene que ver también con la seguridad pública del país. Entonces, es un poder en el que se hicieron muchos cambios y no vaya a pasar, como en esta vieja frase de la novela El gatopardo que, “todo lo que haya tras todo se ha transformado para que todo quede igual”.
¿Hay una riesgo de gatopardismo judicial?
—Sí hay un riesgo porque no se están haciendo todos los cambios que eran indispensables para que el Poder Judicial funcione diferente. No vaya a ser que lo que estaba mal siga mal y lo que estaba bien se desmejore.