La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, eliminó la Dirección General de la Tesorería del Alto Tribunal, que se encargaba, entre otras cosas, de gestionar los apoyos médicos y las pensiones del personal con recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se extinguieron por mandato de la reforma judicial.
Mediante acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Piña Hernández señaló que la transferencia de los fideicomisos, que tenían un monto de 10 mil 260 millones de pesos, a la Tesorería de la Federación, prevaleciendo la obligación de cubrir las pensiones y prestaciones médicas, le resta atribuciones a dicha oficina.
Por lo que consideró necesario desaparecerla para unificar los procesos operativos, financieros y presupuestarios durante el proceso de transición que vive actualmente el máximo tribunal del país, derivado de la reforma judicial.
De esta manera, las funciones de la Dirección General de la Tesorería pasaron a las Direcciones Generales de Presupuesto y de Recursos Humanos.
"Con el objeto de que los procesos operativos, financieros y presupuestarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean integrados en un esquema unificado dentro del proceso actual de transición, que optimice los esfuerzos y fortalezca los mecanismos de control presupuestal y contable, se considera necesario extinguir a la Dirección General de la Tesorería y redistribuir las atribuciones de las materias señaladas en la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad", indicó la ministra en el acuerdo.
Señaló que por lo que hace al proceso de atención de pensiones y prestaciones complementarias, así como los recursos con los que se operaba en la Dirección General de la Tesorería serán integrados a la Dirección General de Recursos Humanos.
"Con esta redistribución de atribuciones, se busca que en los procesos se reduzcan los tiempos de gestión, se fortalezca la transparencia en el ejercicio del presupuesto, y se potencialice la coordinación y comunicación para su adecuada ejecución", expuso.
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De acuerdo con lo establecido en la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación transferirá al Órgano de Administración Judicial, que entrará en vigor una vez que sus integrantes asuman el cargo, los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales de la Oficialía Mayor con sus direcciones generales.
"La Dirección General de la Tesorería le correspondía gestionar ante el fiduciario los apoyos económicos del plan de prestaciones médicas autorizadas por el Comité correspondiente y en aquellos casos de los demás fideicomisos en que se requería, además de otras atribuciones afines relacionadas con la administración y control del otorgamiento de pensiones complementarias y apoyos médicos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo, originalmente sostenidos con recursos de diversos fideicomisos; sin embargo, por mandato del segundo párrafo del Transitorio Décimo del Decreto de reforma del Poder Judicial referido, se encuentran en proceso de extinción dado que la totalidad de sus recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos han sido enterados a la Tesorería de la Federación, prevaleciendo la obligación de cubrir las pensiones y prestaciones médicas complementarias con recursos presupuestales como se instruye en el párrafo primero del transitorio Décimo del Decreto de referencia, circunstancia que, en conjunto, le resta atribuciones a la Dirección General de la Tesorería", señala.
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