Tijuana.— Una mujer y sus tres hijos, todos menores de edad, caminan sobre el puente peatonal El Chaparral. Fueron expulsados de territorio estadounidense unas cuantas horas después del juramento del presidente Donald Trump.
Mientras él firmaba sus primeras órdenes ejecutivas, como la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, al menos dos familias mexicanas eran expulsadas.
“No somos criminales”, alcanzó a decir uno de los tres menores que recién habían sido retornados mientras apresuraba el paso, tomado de la mano de uno de sus hermanos más pequeños; ninguno ha cumplido los 18 años.
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“¿Usted sabe dónde quedan los taxis?”, preguntó la mujer, mientras jalaba del brazo a su hijo. Caminan y miran hacia un lado, luego hacia el otro. Apenas si responden algunas preguntas, el miedo y la desconfianza les impide siquiera decir sus nombres.
Pero uno de ellos contó que apenas unas 12 horas antes había cruzado el muro junto con la familia: su madre y sus dos hermanos pequeños. Habían intentado solicitar asilo mediante la aplicación CBP One pero no tuvieron suerte y la desesperación les ganó.
Su expulsión, como la de otras familias, ocurrió durante el primer día de gobierno de la nueva administración estadounidense.
A 12 horas de la llegada de Trump, al menos cinco menores de edad ya habían sido expulsados, contrario a lo que organizaciones civiles que trabajan con la población migrante habían observado durante los últimos meses.
“Es muy difícil decir si esta será la nueva política migratoria de expulsar menores, pero lo que sí nos sorprende es que meses atrás habíamos visto una disminución importante en la expulsión de menores. Lo de ayer [20 de enero] no sabemos si sólo fue casualidad o es el reflejo de una escenario devastador para muchas familias”, advirtió la abogada y activista de la organización binacional Al Otro Lado, Soraya Vázquez.
Calificó las acciones del gobierno estadounidense como una política de desmantelamiento de la figura del asilo, que deja en un estado vulnerable a la población migrante, principalmente a las personas en tránsito extranjeras que quedaron atrapadas en territorio mexicano y cuyo estatus migratorio se desconoce con certeza.
Otra de las familias, un hombre, una mujer y sus dos hijos, también fueron deportados.
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A diferencia del resto, él había vivido siete años en Los Ángeles, California, cuando la autoridad simplemente los deportó.
Good morning, fue lo primero que dijo aquel hombre, al pisar territorio mexicano después de casi una década.
Detrás suyo, su esposa y su hija. A un lado su otro hijo, cargando una cajita de plástico transparente que guardaba un sandwich.
Ninguna de las familias expulsadas quisieron recibir el apoyo que les ofrecía el personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
Al salir del edificio migratorio, avanzaban sin mirar a las decenas de migrantes que aguardaban sobre la banqueta.
Pero desde el suelo clavaban su mirada incierta en aquella familia recién deportada, como si fuera un presagio de s u propia suerte.
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“¿A dónde vamos, mamá?”, preguntaba uno de los niños.
Deportan a 260 en Reynosa
Del otro lado del país, en Reynosa, Tamaulipas, ayer se vio al primer grupo de deportados y repatriados. Fueron 61 mexicanos y 200 extranjeros que ingresaron por el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.
Todos se congregaron frente al cruce internacional, en espera de que personal del Instituto Nacional de Migración les indicará el procedimiento que tendrían que seguir algunos para quedarse en México y otros, para regresar a sus países de origen.
Horas después, los extranjeros, en su mayoría ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades fueron subidos a tres autobuses que, se dijo, salieron con rumbo al aeropuerto, desde donde serían repatriados a sus países.
Otros más serán trasladados a Tapachula, Chiapas, y a la Ciudad de México para legalizar su situación migratoria en el país.