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Negarse a pagar una extorsión es una sentencia de muerte, lamentan productores citrícolas de Veracruz y Puebla, así como comerciantes de Zacatecas y de Jalisco, para quienes la normalidad es pagar cuotas “como si fueran impuestos o costos de producción”, ante el temor a las amenazas.
EL UNIVERSAL recoge cinco historias de cuatro diferentes estados del país, en donde las víctimas también tuvieron que cambiar sus vidas: cederle terreno al crimen poco a poco, mudarse de casa y abandonar su negocio ante la imposibilidad de seguir pagando la cuota o simplemente enviar a otra entidad a sus familiares para prevenir algún ataque.
“Ya me acostumbré [a pagar] porque no quiero que me maten. Es un costo que se le agrega como si fuera por fertilizante o por producción, ya que no tenemos otra salida. Ya denuncié, pero lo que me aconsejan es pagar la cuota o cederle el terreno a la maña (...) porque ya me mataron un hijo”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL José Alfredo, naranjero de Álamo, Veracruz, cuyo nombre fue modificado por seguridad.
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Además de sembrar naranja, José Alfredo cultiva caña y café que vende en menor escala en mercados de la región para sostener a su familia. Su hijo, Guillermo, cuyo nombre también fue cambiado para preservar su anonimato, tenía un pequeño negocio de hortalizas que cerró hace un mes cuando el joven fue asesinado.
Según José Alfredo, los mismos hombres que lo extorsionan son quienes mataron a su hijo, al enterarse de que también tenía un negocio “y fueron a cobrarle ahí, porque todo lo que deja dinero ellos lo quieren”, reclama el productor.
De acuerdo con los comerciantes consultados para esta nota, los grupos criminales exigen el cobro de piso sobre un porcentaje del total de la cosecha o por kilo; de igual forma piden cuotas para permitir la salida del producto a distribución en mercados y usan amenazas directas, desde intimidaciones verbales hasta violencia armada para forzar el pago.
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“[A Guillermo] Lo mataron enfrente de su tienda. Dos personas en moto, tapadas con cascos, le dieron tres balazos, dos en la cabeza y uno que le pegó en el estómago. Su mamá cayó enferma de depresión por el impacto. Yo, de primera instancia, no pensé en dejar la venta porque no puedo, ya que hay gastos que pagar de la escuela de mis otros hijos”, detalla José Alfredo.
El comerciante relata que eventualmente venderá uno de los dos terrenos en donde siembra cítricos para “ganarles algo” antes de que el crimen organizado expropie sus tierras, pues el mecanismo operativo es elevar la cuota hasta que sea impagable para luego invadir el predio bajo pretexto de cobrar la deuda por falta de pago de las extorsiones.
Otras consecuencias para las víctimas son los padecimientos crónicos derivados del miedo constante. Enfermedades como diabetes, hipertensión y depresión aparecen por el estrés postraumático de las amenazas de muerte.
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En la Sierra Norte de Puebla, los hermanos Roberto y María, nombres ficticios modificados por seguridad, que producen mandarina y naranja, son víctimas del cobro por salida de la fruta a mercados y las cuotas por volumen. En 2022 María empezó a recibir llamadas intimidatorias exigiendo cuotas de 20% a 40% por tonelada de cítricos.
En 2023, desde uno de esos números le enviaron a ella y a su hermano fotos de las placas de una de sus camionetas de trabajo, imágenes de su casa y datos de sus padres e hijos, hecho que fue el punto de quiebre para entregar el pago solicitado.
“Tener en la mente que a una empresaria le cortaron la cabeza porque no pagaron su rescate del secuestro en Coatzacoalcos; que a la maestra Irma, que extorsionaron en Álamo, la torturaron como ejemplo para que otros paguen el piso, te hace decidir que vendas tu terreno, que es lo que estoy platicando con mi hermano. Si hay que dejar de trabajar por no morir, pues ni modo”, testifica a este medio.
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Antes los hermanos enviaban sus frutas a centrales de abasto, pero primero el crimen organizado les cobró cuota por permitir la salida de los camiones y luego exigió un pago por volumen.
En septiembre del año pasado, uno de sus socios fue asesinado por negarse a la expropiación de su terreno, lo que derivó en un infarto al miocardio de Roberto por miedo a que le pase lo mismo. Por su parte, los nervios y el temor provocaron depresión e hipertensión en María, quien está en proceso de vender el terreno donde nació y creció el negocio de su familia.
A un par de días del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán, otros productores temen que el cobro de piso se extienda ante la impunidad de los recientes crímenes.
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Es el caso de Manuel, también productor de cítricos en Álamo, Veracruz, quien vendió su casa, su automóvil, su terreno y se cambió de ciudad y de giro laboral para sobrevivir porque el crimen organizado amenazó con quemar su casa con su familia adentro.
“Me dijeron: ‘Cómo ves que te vamos a quemar vivo con tu pinche naranjal’, y ahí piensas qué es lo que vale más para ti, si tu vida o el ingreso que puedas generar. Yo no quiero arriesgar a mi familia. Lo vemos en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán, lleva años la extorsión, hasta quitan de su camino a las cabezas grandes, como el limonero [Bernardo], y el delito no termina”, expresa Manuel a EL UNIVERSAL.
Manuel afirma que Veracruz y Puebla son dos de los estados más golpeados por este delito recientemente, hecho que, aseguró, se puede confirmar con el creciente número de pequeños comercios que pagan cuota, cierran de forma definitiva a meses de iniciar sus ventas o por el desplazamiento de familias que ya no viven seguras por las amenazas de los delincuentes.
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En el último año, además de desplazarse, Manuel obligó a sus hijos y esposa a cerrar sus redes sociales, cambió sus números de teléfono, contrató seguridad privada y, aunque ya no está en el mismo estado, instaló en su casa un circuito de cámaras de videovigilancia continua por miedo.
Abarrotes y expendios de cerveza, operados por el crimen organizado
Al menos hace más de un año, en las regiones de Valparaíso y Río Grande, en Zacatecas, una gran parte de los comercios, principalmente de abarrotes y expendios de cerveza, pasaron a ser operados directamente por integrantes del crimen organizado, revelan a EL UNIVERSAL varios lugareños que admitieron que “eso a la vez ha generado que disminuyeran las extorsiones y haya regresado una cierta paz”, además de que la gente ha tenido que “aprender a convivir con estas personas y con esta situación, no queda de otra”, expresaron con tristeza.
Esta situación fue descrita por varias personas originarias de ambas regiones, que pidieron el anonimato por seguridad.
La región de Valparaíso colinda con las sierras de Jalisco, Nayarit y Durango, donde una de las personas entrevistadas dijo que una familia que “siempre había vivido muy feliz” en una de las comunidades en esas zonas serranas, que dependía de su tiendita de abarrotes y de las actividades del campo, se mantuvo sobreviviendo en medio de la pugna que desataron los grupos delictivos que se disputaban aquellas zonas serranas, lo que generó violencia y desplazamientos forzados en varios municipios.
Hace casi un año que una nueva realidad alcanzó a esa familia, cuando integrantes de uno de los grupos delictivos incursionaron en su pequeña comunidad. Al principio pensaron que habían llegado a pedir cobro de piso, pero en realidad llegaron a asentarse en el lugar y hasta se apoderaron de su tienda de abarrotes, por lo que la familia prefirió salir de su pueblo y cambiar de residencia a otra entidad.
En Río Grande, colindante con el estado de Durango, ocurre una situación similar, ya que el crimen organizado tiene el control de los expendios de cerveza, además de que las personas entrevistadas refieren que aplica cobros adicionales a los legales para que se puedan realizar las fiestas.
“Es como pagar un doble impuesto, tanto el permiso que se tiene que sacar en el ayuntamiento, pero al acudir a comprar a esas agencias de venta de cerveza hay que pagar otro adicional cuando se va por el producto (…) la gente sabe de quiénes se trata y prefiere pagarlo para no meterse en problemas y llevar la fiesta en paz”, expresan.
Muchos de los comercios formales prefieren cerrar temprano sus negocios para evitar que sean extorsionados: “Así que mejor muchos cierran por ahí de las 6 de la tarde y se regresan a sus casas, así evitan trabajar para estar pagando un posible cobro de piso”, advierten.
Secuestran a vendedora de estampillas religiosas en Guadalajara
Tras negarse a pagar derecho de piso en Guadalajara, una mujer de aproximadamente 32 años que se dedica a la venta de estampillas religiosas fue privada de la libertad por integrantes de un grupo delictivo, golpeada y liberada tres días después.
La mujer fue localizada la noche del pasado martes en las calles de la colonia La Higuera, en la capital de Jalisco, donde yacía desnuda, inconsciente y con huellas de tortura; los vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades al verla en la banqueta.
Policías municipales y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar para auxiliar a la mujer, que fue trasladada grave a un hospital.
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Según las declaraciones que la mujer pudo hacer a los policías, sus captores la acababan de liberar después de tres días en los que la golpearon y sometieron a tortura por negarse a pagar derecho de piso por vender sus estampillas a las afueras de un templo.
La Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco confirmó que en una primera entrevista la mujer dijo ser víctima de extorsión y hasta ahora esa es la línea de investigación que se sigue en el caso.
Se informa que la mujer continúa en estado crítico en un hospital y bajo resguardo de las autoridades.
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