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El Gobierno de México expresó su coincidencia y suscribió la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, ordenaran que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
A través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno de México señaló al Poder Judicial de valerse de “pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados”, indicó.
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Al mencionar a Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel, acusó que tampoco han actuado “en contra de torturadores”.
Denunció además que también intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, “lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México”.
“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”, señaló el Gobierno de México.
“El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”, expresó.
Reiteró que para el Gobierno de México, el Caso Ayotzinapa es un asunto de Estado: “Vamos a pedir a la fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos”.
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Apuntó que se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.
El Gobierno de México refrendó su compromiso con la legalidad y con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
“La búsqueda continuará hasta encontrarlos”, sentenció.
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