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La reforma constitucional para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con personalidad jurídica y patrimonio propio, representa un avance sustancial en el reconocimiento de sus derechos, pero aún debe difundirse para que sea aplicable, refirió Juan Carlos Reyes Torres, autor del libro "Autonomía de los pueblos originarios y afromexicanos".
En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que el gobierno federal debería destinar mayores recursos para los proyectos que propongan dichas comunidades, y que se establecieron en la reforma aprobada el año pasado.
Asimismo, solicitó a las universidades del país que asesoren a los pueblos indígenas y afromexicanos para que puedan acceder a los recursos destinados a proyectos comunitarios.
Y, propuso crear comisiones de derechos indígenas en los congresos estatales, salas de justicia indígena en los poderes judiciales del país, e incorporar otras poblaciones al catálogo de pueblos indígenas y afromexicanos.
¿Por qué es necesario que a los pueblos originarios y afromexicanos se les reconozca como sujetos de derecho público?
Juan Carlos Reyes Torres: Al indígena, en la época colonial no se le reconoció condición humana, se le maltrató se le trató como animal, como bestia, se le impuso una religión por la fuerza y el mestizaje era degradado a castas, ni siquiera era reconocido de manera natural, sino se estratificaba a las poblaciones a partir de su raza y su color.
En la época de la Reforma, ni siquiera Juárez, que era indígena, pudo avanzar como liberal que era, haciendo justicia social a la mayoría de la población, que eran indígenas. Porfirio Díaz tampoco lo hace, a los yaquis los saca de Sonora y se los lleva a Yucatán a trabajar en las haciendas en henequeneras.
¿Cuándo cambia dicha situación para los indígenas y afromexicanos?
Es hasta la Revolución Mexicana cuando los líderes sociales de la Revolución Mexicana, me refiero a Zapata, lo primero que dicen, vamos a reconocer la propiedad colectiva, el ejido, la tierra es de quien la trabaja.
En la constitución de 1917 se establece que la tierra es de propiedad originaria de la nación, sin embargo, estos derechos sociales muy amplios en favor de obreros y también de campesinos, no toman en cuenta, en ese momento, el rasgo racial e identitario, y tiene que pasar muchos años, muchas reformas, prácticamente, hasta el presidente Cárdenas, que él sí voltea a ver a los indígenas, les reconoce propiedad, sí reparte la tierra, le da un reparto agrario intenso, pero no puede hacer más. Echeverría creó programas sociales, programas para indígenas, el Instituto Nacional Indigenista, pero no avanzamos.
Y Salinas, que diseña una nación que le llamó moderna, en donde nos integramos hacia la economía de América del Norte, particularmente a la de Estados Unidos, no toman en cuenta la cultura. Y sí él elabora una reforma constitucional que reconoce la multiculturalidad de la nación, pero no se da cuenta que el tratado iba a producir pobreza y desigualdad, y los más pobres de los pobres vienen siendo los indígenas.
Zedillo no hace absolutamente nada por los indígenas, hasta que llegamos al presidente Fox, que él, presionado por la movilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge en el periodo presidencial del presidente Salinas y que va en contra del tratado de libre comercio, Fox sí tiene que reformar la constitución, pero no le entra al fondo, él solo les da a los indígenas un estatus de identidad de interés público.
¿Cuál es su opinión sobre la reforma constitucional del expresidente López Obrador?
Dota a las comunidades, a los pueblos de un estatus de sujeto de derecho público. ¿Y cuál es la connotación de esta clasificación? Es una connotación muy amplia, es una connotación que le permite a las comunidades contratar y ser titulares de todos los derechos que una empresa y que un individuo, que una persona física puede obtener.
Estas comunidades pueden contratar deuda, pueden contratar adquisición de bienes y servicios, pueden poseer marcas, pueden poseer concesiones, explotación minera, pueden obtener servicios públicos y, lo más interesante, es que la Constitución contempla la posibilidad de que las comunidades reciban directamente recursos presupuestales de la Federación, de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales, no como concesión, no como un regalo que les dan los gobernantes, sino como una obligación constitucional que va a empujar a estos tres órdenes de gobierno, asignar partidas presupuestales concretas para las comunidades.
¿Eso quiere decir que pueden gastar a diestra y siniestra, sin comprobaciones? No, también estarán sujetos a lo que la constitución señala, con las acciones de fiscalización superior de la Auditoría Superior de la Federación, de las auditorías de los gobiernos estatales, de los instrumentos de fiscalización de la Cuenta pública anual de la cámara de diputados federal y local, van a estar sujetos a cualquier tipo de regulación en el ejercicio del gasto, pero con una libre determinación de en qué se deba gastar.
La reforma entró en vigor, y el año pasado, en el mes de agosto, se publica en el diario oficial de la federación un acuerdo, y ese acuerdo, lo que viene ahí es un catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es un esfuerzo de compilación que hizo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el INE y con otras instituciones públicas, y recorrieron todo el territorio nacional para identificar a las comunidades, en sus lenguas, en su raza y en su auto adscripción, incluso, este catálogo, es un catálogo impresionante, porque ahí vienen todas las comunidades que el gobierno mexicano, el Gobierno Federal reconoce.
¿Cuántos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos reconoce el gobierno federal?
Son un total de 12 mil 683 comunidades indígenas y afromexicanas, que el Gobierno Federal ya reconoce en nuestro país.
El 13 de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un reglamento en el diario oficial de la federación, para la implementación y protección de los derechos de los pueblos indígenas, crea un mecanismo de protección para que no se quede nada más en reforma constitucional, sino que ya decanta, ya cristalizas estas disposiciones constitucionales en la administración pública.
El 17 de enero de 2025, crea una comisión presidencial de planes de justicia y desarrollo profesional de los pueblos indígenas y afro mexicanos, esa comisión nace a partir de la publicación en el diario oficial, que fue el día 17 de enero, entonces ya hay una comisión presidencial en donde están integrados 30 órganos públicos federales.
¿Cómo se pueden ejercer los recursos asignados para proyectos de comunidades indígenas y afromexicanas?
El 23 de enero de este de 2025, se publica también un acuerdo que verifica el estatuto orgánico del Instituto Nacional de los pueblos indígenas. El 29 de enero de 2025, se publica un acuerdo que se modifican las reglas de operación del programa para el bienestar integral de los pueblos indígenas, a cargo del INPI, para todo el ejercicio fiscal 2025.
Ahí se detalla cómo van a poder crear una empresa, cómo pueden ellos conocer su índice de marginación, cómo pueden elaborar recursos y proyectos, como pueden elaborar un proyecto regional, quién los debe asistir cuando tienen dudas sobre cómo elaborar un proyecto económico estratégico.
Qué órgano público es el que los va a apoyar cuando tiene la necesidad de una acción concreta, y ahí viene, en estas reglas de operación, los nombres de los programas, por ejemplo, el programa de fortalecimiento de las economías indígenas y medio ambiente, ese a su vez se subdivide en proyectos económicos con impacto comunitario regional y proyectos comunitarios y regionales, de turismo de naturaleza.
Y te dice claramente la reglamentación, hasta 500 mil pesos por proyecto, y si es un proyecto regional, hasta un millón de pesos; y por un proyecto comunitario en esta materia, hasta un millón de pesos; si el proyecto es más ambicioso y más grande, en proyecto regional, hasta un millón y medio de pesos.
Por ejemplo, si quisiera una comunidad establecer una gasolinera comunitaria para el bienestar de regiones indígenas que estuvieran inmersas en los planes de justicia y desarrollo regional de los pueblos wixarica, este tipo de programas aquí van a encontrar los montos de los recursos, y luego tienes, por ejemplo, un apoyo integral a estudios y proyectos de gestión y de capacitación, incluso, como obra civil y equipamiento, y los montos llegan hasta 20 millones de pesos.
¿Hace falta difusión de estas estrategias?
Yo sugiero, solicito pido a todas las universidades del país, que asesoren y asistan de manera gratuita a nuestras comunidades, porque no en todas las comunidades hay contadores, no en todas las comunidades hay abogados, no en todas las comunidades hay administradores públicos, que de manera profesional pueden entender los alcances de estos programas, de estos recursos, de cómo deben de solicitarse los recursos, de cómo deben de ser solicitados los cumplimientos de las reglas operación, y cómo van a presentar los documentos que van a acreditar que efectivamente esos recursos son gastados en los programas que autorizan la normatividad del Gobierno Federal.
¿Qué más hace falta?
Creo que deberían crearse ya, en todas las entidades federativas, comisiones de derechos indígenas en los congresos estatales, también creo que se debe crear salas de Justicia indígena en los poderes judiciales de todos los gobiernos estatales, y también creo que debiesen ser mayores los recursos que el Gobierno Federal ha dispuesto, y que ahora los gobernadores van a tener que acompañar.
Yo creo que, en términos legales, ya estamos bien. Habría que ir incorporando al catálogo a otras poblaciones que se puedan ir incorporando, y tenemos, sobre todo, en materia educativa un enorme reto, porque tenemos que incorporar en nuestros programas de estudio y, sobre todo, en la práctica, la educación bilingüe, hay muchas lenguas que se hablan todavía en nuestro territorio nacional, pero que si no los cuidamos, no las reproducimos, pronto se van a perder.
Sería muy importante que la Secretaría de Educación Pública ya incorpore en los programas educativos, cuanto antes, la posibilidad de gozar con educación bilingüe, esto es que los niños puedan recibir parte de su educación, además del idioma castellano, en los idiomas propios de sus comunidades.
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