La 65 Legislatura del Congreso de la Unión debe disolverse el 31 de julio de 2024 para dar paso a la 66, como lo marca la Constitución, ya que los diputados y senadores no pueden alegar que tiene derechos adquiridos para terminar sus funciones hasta el 31 de agosto basados en una omisión legislativa, señalaron especialistas en materia electoral.
Consultados por EL UNIVERSAL, refirieron que los partidos políticos deberán buscar un acuerdo para proponer una reforma constitucional o a una legislación secundaria, como la Ley Orgánica del Congreso o al reglamento de las Cámaras y evitar una crisis en el Congreso.
Benito Nacif, exconsejero del INE, expuso que la Constitución establece que el Congreso deberá reunirse para celebrar un primer periodo de sesiones a partir del 1 de agosto, cuando el Presidente de la República inicie su encargo, como sucederá el próximo año.
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“Creo que la solución se encuentra en una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General. No hace falta una reforma constitucional, sino armonizar lo establecido en la ley orgánica con la reforma constitucional de 2014, y dejar claro que para los años en los que se renueva la Presidencia, la nueva legislatura estará instalada el 1 de agosto, y por lo tanto se entiende que la legislatura anterior queda disuelta a más tardar el 31 de julio”, comentó.
Contrario a lo que afirmaron los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, en torno a que tiene derechos adquiridos y por tanto deben dejar su curul hasta el 31 de agosto de 2024, subrayó que no pueden determinar un derecho derivado de una omisión legislativa, además de que ni la Carta Magna ni una ley marcan el periodo por el que fueron electos.
Paulina Creuheras, subdirectora de Riesgo Político de la consultoría política Integralia, dijo que la Constitución establece el inicio de la próxima legislatura el 1 de agosto, pero los legisladores actuales se aprovechan de que después de la reforma constitucional de 2014 no se hicieron adecuaciones en la Ley Orgánica del Congreso, para pretender culminar su encargo el 31 de agosto.
“Me parece que los legisladores se han aprovechado de esta omisión, de que el INE no fue expreso para interpretar conforme a la ley orgánica. No hay nada escrito que diga que terminan el 31 de agosto, y si uno interpreta las disposiciones jurídicas, lo que debe prevalecer es la Constitución”, afirmó.
Señaló que para evitar una crisis del Congreso por el empalme de dos legislaturas, se debe reformar la Constitución, especificar el término de la actual y modificar lo establecido en el artículo 105 constitucional para no violar la veda para hacer modificaciones a leyes electorales.
María Marván, exconsejera del extinto IFE, refirió que se trata de una situación inédita y “es impresionante que nadie se haya dado cuenta”. Consideró que los partidos deben buscar un acuerdo para aprobar una reforma.
“Hay una prohibición expresa para hacer una reforma a la ley. Probablemente podrían generar un acuerdo para hacer esta reforma, y que sólo se reformara esto, o bien, determinar que por esta ocasión los diputados que serán electos en 2024 tomarán posesión el 1 de septiembre. Pero si no hay voluntad política para deshacer este entuerto, que es culpa del Poder Legislativo, no entiendo cómo vamos a avanzar”.
Consideró que es más fácil corregir hacia el futuro que pedirle a los legisladores en funciones que renuncien un mes antes, “en donde hay, realmente, una conculcación de derechos”.
“Creo que como se afectan menos derechos, es sobre los legisladores que todavía no están elegidos. Quienes ya están, están elegidos hasta el 31 de agosto, lo que parece ser que sería necesario es determinar que la próxima legislatura, por una situación especial, tomará posesión hasta el 1 de septiembre y después corregir la Constitución”, afirmó.
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