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Representantes de 23 estados de la Convención Nacional Morenista, encabezada por John Ackerman, se manifestó frente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para pedir que se anule la extensión de la dirigencia de Mario Delgado y de Citlalli Hernández en la secretaría General.
El periodo de Mario Delgado y Citlalli Hernández en la presidencia y secretaría general del CEN de Morena, respectivamente, terminaba en 2023, pero mediante una reforma a los estatutos lo extendieron hasta 2024 para participar en la organización de la elección del próximo año.
Al grito de "¡Con AMLO todo, con Mario nada!" y ¡Fuera Mario!", presentaron ante la oficialía del Tribunal Electoral un amicus curiae para exigir que se resuelvan de fondo los juicios presentados por la convención, en contra de violaciones a los derechos político-electorales por parte de Morena.
"Exhortamos en particular a que el pleno de la Sala Superior del TEPJF confirme el sentido del proyecto presentado por la Magistrada Otálora con el fin de que prevalezcan los principios democráticos y constitucionales que deben regir en el actuar de todo partido político", indicaron.
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Ackerman señaló que no pueden permitir que los burócratas y "chapulines" echen a perder el movimiento.
"No somos iguales, dice una y otra vez nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero llegó la hora de demostrarlo en los hechos, no sólo con las palabras", apuntó.
La convención también hizo un exhorto Tribunal Electoral "para que deje de ser cómplice de las prácticas dilatorias de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ya que si bien los magistrados electorales han determinado regresar los expedientes en múltiples ocasiones por falta de exhaustividad, no han hecho suficiente para garantizar la resolución de fondo de los diversos juicios de manera expedita y en un plazo breve".
El académico anunció que presentarán otra ola de juicios contra el artículo 8 de los estatutos de Morena para evitar el dobleteo de cargos públicos y partidistas que se han detectado en la menos dos terceras partes de los congresistas nacionales.
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