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Por tercera ocasión, con cambios de último momento y con críticas de que no resolvería la problemática y seguirían los amparos, las bancadas de Morena, PT, PES y MC aprobaron expedir una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República; sin embargo, mantienen los bonos y premios.
Los diputados federales primero debatieron un dictamen que aprobó la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en diciembre pasado, en el que derogaba este ordenamiento y se expedía uno nuevo y se avaló en lo general con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones.
Pero al debatirse las reservas, los diputados federales de Morena, Pablo Gómez y Rubén Terán, así como Juan Carlos Villarreal, de MC, presentaron un documento con diversas reservas que modifican 34 de 36 artículos que contiene la ley y que al final fueron aprobadas y enviadas al Senado de la República.
En ese dictamen se incluye que los funcionarios pueden obtener premios, recompensas, bonos, reconocimientos o estímulos que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos condicionados al cumplimiento de compromisos, de resultados sujetos a evaluación, así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional, autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables.
En las modificaciones, que se aprobaron en lo particular con 287 votos a favor, 40 abstenciones, y 57 en contra, se establece que ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, “sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tengan derecho conforme a la legislación en la materia”.
Sin embargo, describe que la remuneración anual bruta para los titulares de los entes públicos serán fijados por ellos mismos, pero no deben rebasar el salario del Titular del Ejecutivo federal como: la Cámara de Diputados, el Senado, la Auditoría Superior de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
También la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Inai, Fiscalía General de la República y cualquier otro ente público de carácter federal con autonomía presupuestaria otorgada expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La remuneración anual máxima se calculará conforme a la metodología únicamente para el primer año del mandato del Presidente; para los años posteriores del sexenio, la remuneración será actualizada conforme a la política salarial general aplicable a la administración pública, sin que exceda el doble del índice inflacionario acumulado al mes de octubre del año inmediato anterior.
En el caso de los servidores públicos del segundo grupo jerárquico, secretarios de Estado y el tercero, subsecretarios, se propone aplicar un parámetro de proporcionalidad estricto conforme al cual en la remuneración del Presidente y del secretario de Estado deberá existir una diferencia de hasta 5%, lo mismo sucederá entre el secretario y el subsecretario.
“No existe precedente alguno de una misma norma jurídica que haya sido debatida en tres ocasiones durante una misma legislatura, intentando resolver un asunto legal sin poder lograrlo. Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas. Casi 7 mil amparos, cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales se han acumulado en respuesta a la violación de derechos de servidores públicos e instituciones. El dictamen tampoco atiende a los resolutivos y razonamientos planteados de la sentencia del 20 de mayo del año pasado de la Suprema Corte”, dijo el perredista Antonio Ortega.
“El dictamen de enero pasado refleja lo anterior y la reserva que se ha circulado oficialmente y que se pretende aprobar, si bien, atiende varios aspectos de la sentencia de la Corte que nos ha obligado abordar nuevamente este asunto, deja de lado otros sin los cuales la ley seguirá incompleta y muy probablemente seguirá estando sujeta a impugnaciones.
“Ni el dictamen ni la reserva resuelven el tema de fondo, que es la determinación de las remuneraciones del Presidente y del resto de los servidores públicos de manera objetiva, proporcional y adecuada, porque usar como parámetro el PIB que varía año con año, dejaría en una situación de incertidumbre a los y las servidoras públicas respecto a sus ingresos. Cómo una familia puede planear su futuro si no tiene certeza sobre sus ingresos, como ya lo dije, lo que se pretende es adecuar la ley al criterio del Presidente de la República”, opinó la extitular de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas.
