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Senadores de Morena insistieron en la necesidad de crear en el marco de la reforma judicial un órgano dedicado a temas administrativos para evitar casos de corrupción y la llamada “burocracia dorada” al interior del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ello ante la denuncia de prestadores de servicios y empresas sobre el cobro de moches en la entrega de contratos y licitaciones.
Pavel Jarero Velázquez, senador por Morena, expuso que ante las reiteradas denuncias se debe realizar una investigación muy puntual para ver posibles casos de corrupción o cobro de moches en el Poder Judicial.
En este contexto, senadores recibieron a un grupo de prestadores de servicios y empresas que han licitado ante el Consejo de la Judicatura Federal donde expusieron que de cara la reforma al Poder Judicial se elimine a lo que denominaron la “burocracia dorada” que reparte contratos con discrecionalidad a empresarios amigos.
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Asimismo, expusieron que dicha burocracia ha amasado cuantiosas fortunas que no cuadran con su salarios, que si bien llegan a ser bastante onerosos, se quedan cortos para el nivel de vida de algunos funcionarios del Consejo de la Judicatura.
Ante un grupo reducido de senadores oficialistas, señalaron que con un presupuesto superior a los 68 mil 917 millones de pesos, el Consejo se ha convertido en la piedra angular de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la hoy mandataria Claudia Sheinbaum.
“Pero antes de que desaparezca para dar pie al Tribunal de Disciplina Judicial, varios funcionarios del CJF están decididos a llevarse todo lo que puedan. Para lo que han lanzado una descarada oferta de gestorías para amañar licitaciones a cambio de importantes porcentajes de las mismas”, aseguraron.
Destacaron la importancia de la propuesta de Morena de crear una unidad especial para investigar dichos señalamientos y de comprobarse los actos de corrupción, sancionar a los servidores públicos involucrados, al igual que a las empresas beneficiadas ilegalmente.
Entre los principales funcionarios señalados están los encargados de la Dirección General de Recursos Materiales.
Fernando Garcidueñas Torres, quien supuestamente dirige una red de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura.
Como ocurrió con la Licitación Pública Nacional CJF/SEA/DGRM/LPN/022/2024, para la compra de papel. La cual se pretendió adjudicar a favor de un grupo papelero pese a no cumplir con los requisitos presupuestales. Pero ante las denuncias por tráfico de influencias y corrupción, se tuvo que declarar desierta.
Otro proceso plagado de irregularidades es la licitación No. CJF/SEA/DGRM/LPN/016/2024 para el servicio de mantenimiento de equipos de impresión.
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