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Durante el primer foro para analizar las propuestas de reformas legales y constitucionales que recientemente envió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena repitió la dosis, y convocó a ponentes cercanos a la cuarta transformación.
El foro se dividió en cuatro subtemas, siendo estos “protección al Salario y reducción de la Jornada Laboral”, “Patrimonio Cultural y autodeterminación Indígena” y “Bienestar Animal”, y “reforma eléctrica”, cuyo ponente fue Juan Antonio Fernández Correa, Director Corporativo de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Fernández Correa, señaló que la iniciativa presentada por el Presidente “pretende fortalecer la soberanía energética y recuperar el carácter social del servicio público de la energía eléctrica”.
Dijo que la electricidad debe verse como un derecho de la población, por lo que su provisión no se debe dejar a la volatilidad de condiciones establecidas de manera mercantil.
Denunció que la reforma constitucional de 2013 pretendía ir debilitando a las empresas públicas en favor de las empresas privadas, por lo que ahora, la propuesta del Ejecutivo pretende preservar la seguridad operativa y la autosuficiencia energética “pensando como fin último en el servicio público y no en minimizar costos de corto plazo por supuestas eficiencias”.
Aseguró que la iniciativa de reforma no está regresando al esquema previo de 2013, pues se respeta la participación de generadores privados quienes podrán atender a las empresas que lo requieran en las demás actividades de la industria eléctrica, “precisando que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, porque esta última tiene la responsabilidad social que va más allá de ser un negocio”.
Insistió en que el objetivo es proteger el sistema eléctrico y el abastecimiento de un insumo esencial para la nación: “Un ejemplo en particular es la reciente afectación por el paso del huracán Otis, en el Estado de Guerrero, donde nuevamente fue la CFE quien reaccionó de manera expedita para el restablecimiento de la red y del suministro eléctrico, es por ello que la iniciativa presentada abre la puerta a contar con un marco jurídico que de los elementos a la empresa pública para poder garantizar el abasto de los mexicanos sin importar las circunstancias”.
En el apartado “bienestar animal”, Dulce Ramírez, Vicepresidenta para Latinoamérica de Igualdad Animal, aseguró que la propuesta Presidencial en la Materia busca integrar a otras especies a la moral y al derecho.
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“Incorporar las disposiciones necesarias para proteger, respetar, promover, y garantizar el bienestar de los animales no humanos, es una cuestión de justicia, y es que no podemos seguir ignorando la urgente necesidad de reconocer la sintiencia de los animales y la responsabilidad que tenemos de proteger su bienestar”, declaró.
En el apartado “protección al salario”, Daniel Martínez, analista especializado en Política de América Latina y el Caribe, aseguró que la iniciativa de López Obrador en la materia, es pertinente “para evitar crisis económicas y sociales”.
“Para evitarlo, el salario real debe ser ajustado periódicamente en función de la inflación y de otros indicadores, como el índice de precios al consumidor, las tasas de interés, el índice de empleo, el precio del dólar, etcétera”, detalló.
Finalmente, en el apartado “Patrimonio Cultural y autodeterminación Indígena”, el educador filósofo, e Investigador del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, S.C., Luis G. Benavides Ilizaliturri, llamó a apoyar la propuesta Presidencial en materia de protección indígena.
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“Debemos apoyar metodológicamente a nuestros pueblos, para que mediante una real y amplia participación social, sean ellos, en su propia comunidad, quienes prolijen el futuro que quieren que sus nietos vivan y preserven con su lengua, sus familias, sus esparcimientos, su gobierno, su entorno, y su comunidad misma. La soberanía de un pueblo reside en adueñarse de su futuro y de hacerlo realidad con los recursos que ya tiene”, concluyó.
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