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Menos de un año bastó a Morena como partido en el gobierno para reproducir las conductas que ofreció evitar a toda costa: formación de corrientes internas, disputa por el control de las decisiones y hasta de los recursos, e incluso prácticas fraudulentas en su anulado proceso interno de elección de dirigencias.
Según se hizo evidente en sus elecciones internas, anuladas el 30 de octubre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Morena tiene los mismos problemas de otros partidos: carece de un padrón de militantes confiable, tiene procesos internos conflictivos, con denuncias de acarreo, uso de programas sociales e injerencia ilegal de funcionarios públicos.
Así, aunque el estatuto del partido prevé una organización democrática “ajena a corrientes o facciones”, donde está prohibida la perpetuación en los cargos y el uso de recursos para manipular la voluntad, ser el partido más joven de México no lo ha blindado de esas viejas prácticas.
De hecho, según los especialistas, Morena tiene registro oficial como partido, pero en realidad no lo es.
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El politólogo Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) analiza: “Esta no es la crisis de un partido, sino los conflictos que se generan cuando una organización se quiere convertir en un partido. Son varios movimientos de líderes que se juntaron para ganar la presidencia con López Obrador y una vez que lo logran no saben qué hacer.
Ser partido requiere procesos democráticos, disciplina, capacidad de negociación y no los tienen, “son un coctel de incongruencias internas, porque congregan a gente de la izquierda ideológica, a evangelistas, a expriistas(...) esa diversidad genera que no haya cohesión”.
Para Isidro Cisneros, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Latinoamericanos (Flacso) y expresidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Morena está en transición entre un movimiento originalmente surgido para capitalizar el descontento social, y un partido que no logra serlo.
Es una mezcla de organizaciones y ciudadanos con una estructura vinculada al Estado, cuya finalidad es el clientelismo político para ganar elecciones, estima.
Morena y los servidores de la nación, por ejemplo, son “un miniejército que está a disposición del Presidente para realizar una permanente e ilegal promoción personalizada de él y sus candidatos”, asegura.
La disputa por el control
Lo anterior explicaría por qué Morena carece de vida partidaria, no tiene iniciativas políticas, formación de cuadros ni coordinación con sus legisladores o gobernantes.
Tampoco tiene órganos de dirección cotidiana que operen, si se considera que desde hace al menos ocho meses su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) está dividido en dos facciones que se bloquean entre sí, se hacen vacío o impugnan los acuerdos internos.
En mayo estalló ese pleito legal y político entre dos grupos del CEN: uno afín a la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, con ocho carteras, y otra a Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, con siete secretarios.
Ese mes, éstos últimos presentaron como decisión del CEN cambios en temas sensibles para las postulaciones y los recursos: la representación ante el Instituto Nacional Electoral (INE), los responsables del padrón y del registro de candidatos.
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El tribunal electoral revirtió esas decisiones y desde entonces el conflicto va del INE al TEPJF sin solución, por lo que el CEN es inoperante. Todo se agravó el 7 de julio, cuando en el Consejo Nacional se hicieron acusaciones por el manejo del padrón y del dinero, mil 567 millones de pesos para Morena este año.
Se señaló ahí a Polevnsky Gurwitz de concentrar los recursos y no entregar 50% al Instituto Nacional de Formación Política (INFP), que la acusó de traición por retener el dinero para operar.
La presidenta denunció al exsecretario de Organización de Morena, Gabriel García —hoy coordinador de delegados del gobierno federal— por rasurar, manipular y manosear el padrón. Hasta hoy, éste sigue cuestionado y motivó la anulación de la elección interna, en tanto que el CEN sigue dividido.
Así, tras un año como partido gobernante, Morena sigue sumido en una lucha fraticida entre dos corrientes, de las que no existen en el estatuto, por el registro, el financiamiento y el control para postular a los candidatos.
Ahora este conflicto tendrá que ser resuelto en 2020 junto con la elección de nuevos liderazgos nacionales, estatales y municipales, pues el 20 de noviembre era el plazo para su renovación, y al anularse el proceso interno entró en automático la prórroga de mandato para todos los cuadros dirigentes.
Así, sin fecha para nueva elección ni un proceso de revisión de su padrón de militantes, Morena se encuentra lejos de acatar la sentencia del TEPJF, que le ordenó reponer su elección.
Para Ugalde Ramírez, exconsejero presidente del IFE, es previsible que el próximo año sigan las indefiniciones en ese partido, si es que su líder nato, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, no pone orden entre la multitud de liderazgos, grupos e ideologías que conforman Morena.
Cisneros considera que “el éxito de uno [el gobierno] también es el éxito del otro [el partido] y la evaluación de la administración es pésima, mediocre, entonces, vemos que las ambivalencias e incoherencias de la política pública se observan en el partido en el poder”, y éste seguirá a la deriva.
