Luego de que diputados de Morena destinaron 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a Acapulco, abogados constitucionalistas y el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) consideraron que no pueden hacerlo, porque ese dinero está detenido por una suspensión provisional y que la maniobra de incluirlo en el PEF es diferente a desaparecer los fideicomisos.
El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director de Jufed, señaló que el destino de los fideicomisos no depende de los legisladores, ni de un acuerdo político, sino de lo que determine en una sentencia constitucional.
A su vez, el abogado penalista Gabriel Regino señaló que hay una figura jurídica llamada sub judice, que significa que está sujeta a una decisión legal y no se puede mover.
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Detalló que los legisladores buscarán otras formas para tomar el recurso y es diferente a desaparecer los fideicomisos porque lo autorizó la Cámara de Diputados y lo aprobó el Senado, y el efecto era regresarlos a la Tesorería de la Federación.
“Pero no puede ser porque el Poder Judicial de la Federación ha promovido amparos contra esa reforma que elimina los fideicomisos. Ahora lo que intentan hacer es un fraude legislativo y tratan de meter esa bolsa en el presupuesto y asignarla a otra área”, refirió.
Gerardo Romero, especialista en finanzas públicas, indicó que lo preocupante es que no se está haciendo como debería, ya que el Ejecutivo no puede tener injerencia en la Cámara de Diputados.
“Entonces, por el simple hecho de que hay una mayoría de Morena y el Ejecutivo obviamente tiene injerencia con los legisladores, lamentablemente se está politizando el dinero… Lo están haciendo a contentillo, principalmente por el problema del Poder Ejecutivo con el Judicial”.
El constitucionalista Francisco Burgoa expuso que la generosidad de los diputados fue aceptar la creación de otro problema jurídico para ayudar a los damnificados de Otis.
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“Me explico: aceptaron establecer que los recursos que se reintegren a la Tesorería, derivados de la extinción de los fideicomisos del PJF, se destinen para la atención de Guerrero”.
Resaltó que no les importó que la reforma ya dice que la Tesofe los enviará a Hacienda y a su vez se destinen a programas del Plan Nacional de Desarrollo.
“Tampoco les importó que cuenten con suspensiones dentro de amparos, además de que ya se presentaron acciones de inconstitucionalidad. También ignoraron que se crearía una comisión entre los tres poderes para analizar cómo se destinarán esos recursos”, sostuvo.