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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reserva para modificar la Ley contra la Extorsión, por 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, con el fin de reducir la condena a los funcionarios públicos que se abstengan de denunciar el delito de extorsión ante el Ministerio Público o la policía.
La minuta aprobada fue enviada al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo.
La redacción original establecía una pena de 10 a 20 años de prisión, pero con la modificación avalada se redujo a una pena de cinco a 12 años de cárcel para los servidores públicos que, teniendo atribuciones para investigar y perseguir el delito de extorsión, no lo hagan.
La reserva fue presentada por el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y afirmó que se trata de una adecuación para que las penas vayan en concordancia con el delito.
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“Porque no se le puede aplicar una pena mayor, de 10 a 20 años al funcionario que no informa, frente al que es extorsionador, estamos planteando que al extorsionador le demos de seis a 15 años, y al funcionario que no informa de 10 a 20 años, esa es la razón lógica proporcional que planteo”, dijo en tribuna.
Sin embargo, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) se opusieron a la reducción de penas para los funcionarios públicos, y acusaron que Morena la propuso con la finalidad de beneficiar al ex secretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, durante la administración del senador Adán Augusto López.
“Esto es una reforma política que tiene nombre, tiene apellido, y este es un beneficiario y una reserva que viene dedicada, ¿para quién creen? Sí, para Hernán Bermúdez, ¿o no? Que está vinculado hoy por extorsión y que hoy lo quieren beneficiar. Esto es una muestra de cómo el gobierno legisla para sus militantes y no para los mexicanos”, señaló en tribuna el diputado del Pan David Azuara.
Sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados avalaron la reducción de penas a los funcionarios públicos que cometan el delito de extorsión.
PAN acusa que la Ley contra Extorsión censurará a medios y periodistas
Durante la presentación de reservas, el vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, denunció que la Ley contra Extorsión que se avaló por unanimidad en lo general censura a medios de comunicación y periodistas.
Explicó que la redacción de los artículos 15 y 17 incorporan el concepto de daño moral y psicológico, y criminaliza expresiones legítimas como la sátira, la protesta, los cartones periodísticos, la comedia política o la crítica a políticos o funcionarios públicos.
“La iniciativa amplía el tipo penal de extorsión al incluir la violencia moral o psicológica como una de las conductas que configuran el delito. Además, establece agravantes cuando se cometa contra servidores públicos, candidatos o personas electas, o si se emplean imágenes, videos, audios —reales o manipulados— para coaccionar, especialmente si se difunden por medios de comunicación”, expuso.
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Por lo que propuso modificar la redacción a través de una reserva, para establecer que no aplicaría “si las comunicaciones que se realizan a través de estos medios son conforme a lo establecido en alguna normatividad aplicable de acuerdo a la actividad”. Pero fue desechada por la mayoría.
Esta tarde, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que homologa la tipificación de este flagelo a nivel nacional, y plantea sanciones de hasta 25 años de prisión a quienes la cometan.
Plantea establecer un tipo penal básico por el delito de extorsión, con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
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La ley contempla 34 agravantes divididas en 3 categorías, organizadas conforme a la gravedad de la afectación al tipo de bien jurídico tutelado.
Finalmente, propone una tercera categoría de agravantes con el objeto de incrementar la pena, de la mitad hasta dos terceras partes más, es decir, hasta 25 años de prisión en el caso de aquellas conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito, así como por el impacto económico y social.
dft
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