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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila , solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que acelere la resolución de la reclamación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el desechamiento de la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas , en el caso del desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En una carta enviada a Arturo Zaldívar , Monreal Ávila expresa su inquietud “auténtica” y “legítima” de que la SCJN, a lo largo de tantos días, no haya resuelto si el gobernador de Tamaulipas goza o no de fuero.
Subraya que el Senado, como integrante de los poderes de la Unión, es garante del pacto federal y advierte que es un hecho notorio que en Tamaulipas prevalece una situación de “zozobra, inestabilidad y debilitamiento institucional y social, pues no sólo el gobernador y su Congreso ponen en crisis el pacto federal , sino que además aprovechando el descontrol gubernamental de la entidad, los grupos del crimen organizado actúan con la evidente intención de inducir a una violencia sin precedente, con ataques como los cometidos contra la población el pasado sábado en diversos municipios del estado”.
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El senador de Morena lamentó que al cumplirse un mes del recurso interpuesto por la FGR, la Suprema Corte no se haya pronunciado aún, lo que agrava la situación en esa entidad de la República.
“Nos parece muy delicado que a lo largo de tantos días la Corte no haya resuelto un tema tan sensible para la población de Tamaulipas, la cual está sufriendo los estragos de la violencia, la inseguridad y la falta de conducción y coordinación institucionales.
No se debe soslayar que la tardanza en resolver de fondo la reclamación planteada ha provocado que se cometan con premura inconsistencias, barbaridades constitucionales en detrimento de la sociedad tamaulipeca”.
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Recuerda que las disposiciones constitucionales y de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, “prevén la posibilidad de que la Corte aplique una consideración preferencial a la resolución de determinados medios de impugnación que las cámaras del Congreso así le soliciten, siempre que existan las condiciones sociales que lo justifiquen”.
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