En votación unánime, con 10 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto , por lo que el criterio es ahora obligatorio para todos los jueces del país.
El ministro Luis María Aguilar Morales , quien realizó el proyecto, destacó la voluntad y disposición de sus compañeros de la Corte por construir la propuesta, “con un discurso de derechos humanos y por encima de la diferencia de opiniones y criterios”.
“Dimos muestra de que juntos podemos sumar en favor de los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso, a partir de esta decisión, nuestro país, en este Tribunal Constitucional, elevan el rango de la protección de los derechos humanos a una de sus mayores extensiones”, declaró Aguilar Morales.
Arturo Zaldívar
, ministro presidente de la SCJN, expresó que “hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes”.
“A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país.
“A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional.
“A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos.
“Este Tribunal constitucional demuestra una vez más, con los hechos y con sus sentencias, que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos”, expresó Arturo Zaldívar.
Por su lado, la ministra Margarita Ríos Farjat declaró: “A la luz de la Constitución, que no prohíbe el aborto, ¿puede el Estado castigarlo? Al castigarlo sanciona una conducta enraizada en una serie de derechos que posee la mujer y las personas con capacidad de gestar, y que participan de la decisión de abortar, como el derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud y a la libertad reproductiva. Es decir, sancionar la interrupción voluntaria del embarazo implica un límite a todos estos derechos humanos”.
“Se criminaliza a la persona gestante, sin encontrarse definido constitucionalmente si la vida se tutela invariablemente desde la concepción y cuál es el tratamiento del embrión en el mundo jurídico”, agregó.
Por ello, votó a favor de la propuesta del ministro Aguilar Morales, a quien exhortó a profundizar más sobre la ponderación del derecho a decidir y el derecho a la vida.
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