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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, aseguró que, a pesar de su consolidación, el derecho internacional ambiental enfrenta obstáculos en su implementación, entre ellos, la resistencia de los Estados a asumir compromisos vinculantes, la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y los elevados costos de cumplimiento.
Al participar en un panel del conversatorio El Ius Commune del Derecho al Medio Ambiente Sano y la Justicia Climática, en la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro consideró que los obstáculos del derecho internacional ambiental se ven potencializados por el desafiante y bélico contexto internacional y, en el caso de México, por el contexto que impone la reforma integral al sistema judicial.
Dijo que la Corte, a través de sus resoluciones, desempeña un papel fundamental en la consolidación del derecho a un medio ambiente sano, y reafirma la obligación del Estado de adoptar medidas preventivas y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.
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González Alcántara Carrancá enumeró algunos casos que ilustran cómo los marcos normativos, nacionales e internacionales son herramientas clave para atender problemáticas ambientales, entre ellos, el amparo en revisión 543/2022, en el cual la Primera Sala resolvió la omisión de las autoridades ambientales de Coahuila por no proteger los recursos hídricos del Acuífero Principal de la Región Lagunera y su impacto en el derecho humano a un medio ambiente sano; y el amparo en revisión 241/2015, en donde La Corte determinó que la autorización para la siembra comercial de soya genéticamente modificada vulneró derechos fundamentales al omitirse un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas mayas que resultaron afectadas.
Explicó que el derecho ambiental requiere un enfoque interdisciplinario que no se agota al consultar la opinión de expertos o en ponderar la afectación económica de las medidas que se van a implementar, sino requiere de juzgadores que tengan carrera judicial, experiencia en las minucias técnicas y dictámenes en estos casos, “no estoy seguro de que podamos decir lo mismo de quienes ocuparán esos cargos a partir de noviembre”.
El ministro añadió que los litigios por el derecho medioambiental involucran proyectos públicos de gran envergadura que se pueden ver “afectados por el efecto inhibidor que tendrá el nuevo régimen sancionador, encabezado por el Tribunal de Disciplina Judicial, en las y los juzgadores que los conozcan”.
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Concluyó que los casos que expuso fueron resueltos por las salas de la Corte, en donde se concentra el mayor volumen de asuntos, “la desaparición de éstas, y la reducción del tamaño de la SCJN, amenaza con inundarla de casos”, por lo que será necesario elegir entre dedicar menos tiempo y recursos a cada uno de los asuntos o bien reducir el número de casos que se atraen, “cualquiera de las dos alternativas profundiza aún más la brecha existente entre la ciudadanía y el acceso a una justicia efectiva y de calidad”.
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