Sin la presencia de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como de la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández rinde este martes su segundo informe labores, que será último debido a que en agosto de 2025 dejará su cargo derivado de la aprobación de la reforma judicial.
En sesión de pleno y ante la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, César Yáñez, consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados electorales, Reyes Rodríguez y Janine Otálora, la ministra arrancó su intervención con la advertencia de que “los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado”.
“Uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente, es precisamente proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos”, dijo.
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La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal afirmó que la reforma judicial presenta enormes retos no sólo para los jueces sino para todo México. “Estamos ante un escenarios sin precedentes a nivel mundial”.
Reforma Judicial no es historia de “vencedores y vencidos”
Señaló que la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador no es una historia de vencedores y vencidos. “Todo democrática, y con mayor razón todo servidor público desea lo mejor para su país. No es posible saber en este momento cuál será el resultado de esta reforma”.
Asimismo, Piña Hernández acusó una campaña de anulación de la autonomía del Poder Judicial de la Federación para someterlo a lógicas electorales y partidistas que se intensificó de manera violenta y que, aseguró, se inició hace más de seis años.
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“La campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años, no debemos olvidar los ataques a jueces, magistrados que desde entonces ya eran constantes”.
La ministra también reprochó los constantes intentos de intromisión en el Consejo de la Judicatura Federal, que, acusó, llegó a los extremos que dentro del proceso legislativo, sobre la reforma judicial 2021, incluyó una reserva para extender la presidencia del expresidente de la Corte Arturo Zaldívar.
“Y apenas, casi dos años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de Tribunal Constitucional independiente y autónomo cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadora, sin nunca presentarse prueba alguna”.
En sesión de pleno y ante la presencia del subsecretario de Gobierno, César Yáñez Centeno, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados electorales, Reyes Rodríguez y Janine Otálora, la ministra afirmó que los “ataques” y “amenazas” contra los juzgadores federales se hicieron patentes frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, como fue el caso de las impugnaciones contra la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el decreto presidencial que clasificó varias obras prioritarias del sexenio anterior como de seguridad nacional y el llamado Plan B.
“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura federal, y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional, se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante”.
Y añadió: “Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”.
En cambio, dijo, “cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica”.
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