Como una estrategia sin precedente y contraria al derecho internacional, así califican especialistas en migración la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para designar áreas de la frontera sur de su país como “zonas de seguridad nacional”, lo que ocasionará que personas en movilidad puedan ser multadas, arrestadas o enjuiciadas.
“NO ENTRES. Arriesgas tu libertad en un viaje destinado al fracaso”, difundió en un mensaje de X la Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ronald Johnson, quien cuenta con experiencia militar, en la comunidad de inteligencia y en la diplomacia del país vecino.
La Embajada en México informó ayer que el gobierno federal designó ciertas áreas de la frontera sur de Estados Unidos como zonas de defensa nacional: “Estas se consideran extensiones de bases militares de Estados Unidos y cualquier persona no autorizada que ingrese en estas zonas será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento”, advirtió.
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De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), hasta el mes de marzo pasado en la frontera sur de EU se encuentran destacados 32 mil 800 elementos de seguridad estadounidenses, que sólo durante ese mes detuvieron a 7 mil 182 migrantes.
“Esta es una decisión muy severa, sin ningún tipo de precedente, totalmente contrario al derecho internacional, a los derechos humanos, pero no sorprende porque así ha sido ya, sin ningún tipo de encubrimiento, algo muy directo. Esa es una decisión que implica muchísimas cosas, por un lado una militarización de la frontera en el sentido más concreto de la palabra”, subraya a su vez Cristina Hernández Engrandes, académica del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
Señala que la transformación de la frontera se percibe no sólo como una división territorial, sino como un área de mucha vulnerabilidad y de interés geopolítico y geoestratégico para Estados Unidos, “e incluso en un campo de guerra”.
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“Si pensamos en cuáles son los criterios por los cuales Estados Unidos históricamente ha establecido estas llamadas zonas de defensa para la seguridad nacional, pues son áreas que tal cual el Departamento de Defensa ha definido como zonas estratégicas para terminar con las guerras y para proteger la seguridad de Estados Unidos.
“En ese sentido, es algo gravísimo, porque ya la frontera es mucho más que un límite geográfico, sino que es un espacio territorial que tiene que ver con la defensa de la seguridad nacional estadounidense, y eso cambia las cosas”, explica.
La académica de la UNAM argumenta que esa estrategia se suma a la visión de Trump de considerar a las personas en condición de movilidad como una amenaza para la seguridad de la Unión Americana.
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El extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, precisa que considerar esas zonas de seguridad nacional en la frontera sur de Estados Unidos sólo es un mecanismo para cerrarle la puerta a los migrantes y a aquellos que buscan refugio en su territorio.
“Estamos en el extremo. Nunca había ocurrido una militarización de la frontera México-Estados Unidos en esas condiciones y, además, con un objetivo: contener a las personas y frenar a las personas, tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano, y es el extremo, la exclusión extrema y radical”, agrega.
Expone que esa medida suprime derechos humanos, dado que el gobierno de Estados Unidos convierte a los migrantes y refugiados en sus enemigos: “Ese es el extremo al que hemos llegado”, asegura.
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Expone que el gobierno de México, en contención migratoria, se alineó a las disposiciones del gobierno de Trump: “Este alineamiento es una ruta progresiva que empezó en junio de 2019 con los acuerdos que se firmaron en aquel año con el primer gobierno de Trump, pero que ahora se han extendido, consolidado y ampliado al grado de que también nosotros estamos militarizando nuestra frontera sur.
“Cuando México utiliza al Ejército en la línea fronteriza, está haciendo lo mismo y está suprimiendo los derechos de las personas. También estamos tratándolos como un problema de seguridad nacional prácticamente”, apunta.
“Nos hemos convertido también en un aparato de contención muy poderoso y a las personas que logran llegar al norte, las regresamos al sur. Esta es la labor cotidiana del Instituto Nacional de Migración. Los detienen en el norte, los regresan a Villahermosa, Tapachula o a la Ciudad de México, en el mejor de los casos, y ahí terminan en condiciones muy precarias”, detalla.
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Para Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, en este momento existen varias amenazas por parte de Trump: “Hay muchas amenazas y esta se suma a esas políticas de Trump como para causar miedo, amenazar a los migrantes. Esa medida tiene, principalmente, la intención de asustar en el tema migratorio, pero también tiene otro motivo: el tema de seguridad.
“Su intención es meterse en el ámbito de la seguridad. A ellos también les sirve estar más cerca de la frontera. No hay más que escuchar lo que dijo Marco Rubio, quien prácticamente señaló hace unos días: ‘¿Ya vieron cómo si requieren ayuda?’. Esto, tras el ajusticiamiento de dos colaboradores de la jefa del Gobierno de la Ciudad de México”, opinó.
Añade que Trump ya no es confiable “y todas esas cosas que hace no las va a dejar de hacer. La Presidenta [Sheinbaum] trata de manejar lo mejor posible la relación bilateral, pero eso no la exime de que el mandatario estadounidense a cada rato la meta en problemas”.
La Embajada de Estados Unidos en México puntualizó que el Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) podrá efectuar operaciones para apoyar la “protección” de la frontera sur tal como lo estableció el presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14167.
Explicó que al igual que cualquier instalación militar, este territorio quedará bajo la jurisdicción administrativa del DoD con facultades para prevenir el acceso no autorizado y detectar y disuadir posibles amenazas para mantener la seguridad, el orden y la disciplina, lo que puede incluir la detención de quienes ingresen sin autorización.
“Toda persona detenida por allanamiento [o por otros delitos] en una instalación militar, independientemente de su ciudadanía, será transferida a las autoridades policiales competentes, ajenas al Departamento de Defensa, lo antes posible, por ejemplo, un intruso que entre en una base militar puede ser detenido por militares y transferido a la custodia de las autoridades locales para su procesamiento adicional, esto no será diferente en los Acuerdos de Destrucción de la Base”, agregó.