Migrantes en México se han duplicado en los últimos 15 años: CNDH; llegan de América Latina y el Caribe, principalmente

El número de personas migrantes procedentes de América Latina y el Caribe se ha duplicado en México en los últimos 15 años, pasando de 7 a 15 millones, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),que agregó que a partir de 2021 se han sumado otras nacionalidades como Haití, Cuba, Ecuador, Colombia y Venezuela.

El informe “La CNDH y la migración en caravana: hechos y derechos”, destaca que de este último país, la migración creció considerablemente desde 2022, tendencia que se mantuvo en 2024.

Señala que además se observó un aumento de la migración extracontinental proveniente de países africanos y asiáticos. La mayor parte de los eventos de personas en situación irregular se dieron en Chiapas.

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La Ciudad de México se está convirtiendo cada vez más en un destino para los jóvenes en movimiento, dice el International Rescue Committee. Foto: María de Jesús Peters / EL UNIVERSAL

Menciona que la violación a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad es una constante durante su trayecto por el país, ya que son objeto de abusos por parte de las autoridades de todos los niveles, así como presa fácil de conductas delictivas en su contra perpetradas tanto por delincuentes comunes como del crimen organizado.

Resalta que desde hace cuatro años, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) u de la Guardia Nacional (GN) continúan abordando las caravanas de migrantes con una política de contención.

“La CNDH ha recomendado a las autoridades sobre lamentables hechos ocurridos en los últimos años, ya que los cuerpos de seguridad y el INM han puesto en riesgo la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes en México, por lo que es crucial priorizar el respeto a los derechos humanos y prestar especial atención a los protocolos y al actuar de las personas servidoras públicas encargadas de la migración, así como de las que les prestan auxilio para atender sus necesidades inmediatas: agua, alimentos, alojamiento, servicio médico, orientación jurídica”, indica el documento.

Precisa que de 2018 a 2024 Tabasco y Chiapas, dos de los estados fronterizos del sur, han albergado a la mayor cantidad de personas migrantes, desde aquellos que han solicitado la condición de refugiados hasta personas en situación migratoria irregular.

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Y agrega que el incremento y la constancia de los flujos migratorios entre 2021 y 2024 acentuaron tanto el contexto como las condiciones de marginación e insalubridad, así como las acciones violentas, discriminatorias y xenófobas contra las personas migrantes que viven o se trasladan en alguno de estos dos estados.

Además, de que se multiplicaron los casos de personas migrantes varadas durante meses, sin poder contar con recursos económicos ni trabajo; a la vez que esperaban la resolución de su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)

Añade que el aumento del flujo de personas migrantes, junto con las restrictivas políticas de movilidad del gobierno estadounidense y, en sintonía, del mexicano, han transformado las dinámicas de traslado de las caravanas, modificando sus rutas y trayectos iniciales, lo que ha llevado a que otras ciudades, como Arriaga en Chiapas, se establezcan como puntos importantes de partida para los migrantes, gracias a su red de comunicación hacia otras entidades federativas.

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Al dar a conocer ese informe, la presidenta de la Comisión Nacional, Rosario Piedra, la presidenta de la CNDH, maestra Rosario Piedra Ibarra, explicó que el documento da cuenta del trabajo continuo de esta Comisión Nacional en materia de monitoreo, acompañamiento y documentación de los flujos migratorios masivos —las denominadas caravanas— que, en los últimos años, se han convertido en una expresión visible de las profundas causas estructurales que impulsan a miles de personas a desplazarse: la violencia, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Dijo que entre los principales hallazgos, destaca la persistencia de condiciones de vulnerabilidad extrema, especialmente en mujeres, niñas, niños y adolescentes; la falta de coordinación interinstitucional en la atención humanitaria; y los retos persistentes en materia de acceso a la salud, alimentación, protección internacional y regularización migratoria. También reconoció los esfuerzos de las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno para ofrecer una respuesta solidaria en esta materia.

Y subrayó que no se busca señalar culpables, sino ofrecer herramientas para mejorar las políticas públicas, fortalecer las capacidades institucionales y garantizar que toda persona migrante sea tratada con dignidad, sin discriminación y criminalización.

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