Ante la falta de acceso al servicio de alojamiento, durante su paso o estancia en México, cuatro de cada 10 personas migrantes han sido víctimas de al menos un delito grave, como robo, secuestro exprés, extorsión o desaparición forzada en los últimos dos meses.
De acuerdo con el informe bimestral México: Rapid Needs Assesment October–November, de la organización civil International Rescue Committee (IRC), más de 50% de las personas que se encuentran en situación de movilidad y que se desplazan por el país reportaron sentirse inseguras y 39% aseguró haber sido víctima de un delito hasta el último día del mes pasado.
Del total de los encuestados, 56.9% corresponde a población masculina y 42.7% a femenina, a quienes les preocupan diferentes delitos a los que están expuestos de acuerdo con su género.
A la mayoría de los hombres extranjeros les causa inquietud el secuestro o la desaparición forzada, con 18.29% de los encuestados. Le sigue el arresto o detención arbitraria, con 14.63%; en tercer lugar, la separación forzada de su familia, con 10.37%; luego, la negación de sus derechos, con 4.63% y finalmente la negación de servicios, con 3.54%.
Para las mujeres migrantes el secuestro o la desaparición forzada también se encuentra entre sus mayores preocupaciones, con 15.99% de las encuestadas. Luego está la separación forzada de su familia, con 13.51% de las respuestas; después, el arresto o detención arbitraria, con 10.53%; la violencia de género, con 9.79% y, por último, la negación de servicios, con 4.63%.
Otros delitos que fueron identificados por organizaciones no gubernamentales mexicanas que se entrevistaron con la International Rescue Committee son agresiones violentas, sexuales, así como violaciones a los derechos humanos.
Los entrevistados, que se concentran en las ciudades de Tapachula, Chiapas; Acayucan y Minatitlán, en Veracruz; Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, relacionaron estos altos niveles de inseguridad a las condiciones precarias de vida a las que están sometidos en la República Mexicana debido a la falta de espacios dignos para su estancia, así como a la explotación y los abusos de los propietarios de los pocos lugares que habitan.
Señalaron que los abusos no sólo provienen de los grupos del crimen organizado, sino de las autoridades de seguridad mexicanas que también han cometido el delito de detención arbitraria contra la población migrante, hecho por el que no se sienten seguros ni siquiera en los albergues gubernamentales.
La organización estadounidense identificó que únicamente 31.6% de los extranjeros viven en albergues; 25.1% en la calle; otros 25.1% en un cuarto de alquiler, y 17% se encuentran en un alojamiento informal.
Además de las dificultades para conseguir un techo dónde resguardarse, a los migrantes les cuesta trabajo satisfacer necesidades básicas como la alimentación, pues 28.7% de estas personas ha sobrevivido con únicamente una comida al día en las últimas semanas.
El acceso a actividades que les generen ingresos es otro obstáculo, pues 34.5% no tienen trabajo, mientras que sólo 19.3% lo tienen de modo informal y 13.76% subsisten con remesas enviadas por sus familias.
Así, 45.9% dijo que la falta de recursos económicos les impide satisfacer necesidades básicas como acceso a agua potable, artículos de higiene personal, apoyo legal, servicios de salud, medicamentos y ropa. Por falta de documentación, el bimestre pasado 29.7% no tuvieron acceso a estos insumos.
La International Rescue Committee concluyó en su informe que la sobrecarga del sistema migratorio del Estado, así como las limitaciones en el acceso a la regularización y documentación migratoria son los principales factores que abonan al crecimiento de la inseguridad entre la población en contexto de movilidad.
También lo son, aseguró, los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y México, las limitaciones puestas por agentes de seguridad, quienes orillan a los migrantes a viajar por rutas clandestinas y peligrosas y la desinformación, pues las fuentes de información de 87.4% de los extranjeros en situación de movilidad en el país son las redes sociales y otros medios no confiables.
