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Morelia.— Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que el grupo criminal Los Viagras controla la venta de medicamentos en localidades de los municipios de Buenavista y Apatzingán, el gobierno de Michoacán inició una investigación sobre estos hechos.
Fuentes de la administración estatal, encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, dijeron no tener conocimiento de estos hechos, por lo que comenzaron las indagatorias señaladas en los municipios de la Tierra Caliente michoacana.
Por su parte, la fiscalía de Michoacán y la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que no hay denuncias presentadas por los actos de extorsión del grupo criminal, así como por el acaparamiento y control de fármacos.
Impuesto de guerra, por omisión y complicidad de autoridades
David Saucedo Torres —consultor y analista en temas de seguridad— advirtió que el dominio que ejercen Los Viagras en la comercialización de medicamentos en Michoacán seguramente se extenderá a otras entidades en donde es suyo el control criminal.
Explicó que ese hecho delictivo se debe a tres factores: el primero, que Los Viagras tienen el control territorial de los accesos a comunidades y regiones en Michoacán.
“Como tienen el control, pueden establecer retenes y es fácil para ellos implementar nudos o cuellos de botella carreteros, en los cuales establecen retenes y cobran peaje para todos aquellos que ingresan algún tipo de mercadería”.
Saucedo Torres recordó que este esquema ya lo había aplicado ese cártel para la comercialización de productos agropecuarios.
El segundo, “hay una actitud omisa de las autoridades, que más bien es una actitud cómplice. Es decir, las autoridades locales saben de esta circunstancia, reciben un soborno a cambio de que Los Viagras puedan actuar con libertad y fijar este impuesto de guerra a los pobladores”, dijo el especialista.
Afirmó que las autoridades se benefician del impuesto, “porque reciben una contraprestación-soborno de Los Viagras para realizar esta actividad delincuencial”.
El tercer factor es que hay una actitud omisa de la autoridad federal, “porque son ellos los que tienen las facultades. La Profeco, la Comisión Federal de Competencia, la Secretaría de Economía, la Guardia Nacional y todas las autoridades federales —que en teoría deberían estar enfrentando a las mafias criminales que realizan esta práctica— están siendo totalmente omisas y no están tomando cartas en el asunto”.
Reiteró que la regulación y control de precios no es una actividad que deban tener bajo su control los grupos criminales, ya que es una atribución y facultad del gobierno federal.
Hay que salir del círculo vicioso
David Saucedo Torres urgió a las fiscalías a salir del círculo vicioso en torno a los delitos que no investigan porque no hay denuncia, y de las denuncias que no se presentan porque no hay autoridades que protejan a los denunciantes.
Consideró que uno de los caminos es ampliar el catálogo de delitos que se pueden denunciar de manera anónima, ya sea vía correo electrónico, mediante un escrito, redes sociales o correos de voz.
Saucedo Torres señaló que ya existen algunos delitos que se persiguen por denuncia anónima, como el narcomenudeo, el homicidio o la pornografía infantil, “pero habría que ampliar este catálogo, en el que se incluyan delitos como el de la extorsión”.
Destacó que otra estrategia es que se investigue y se persigan por oficio hechos constitutivos de delito, que queden registrados en video, audios, mensaje e imágenes que circulen en redes sociales o que se hagan del conocimiento vía medios de comunicación.
Recordó que en Michoacán la extorsión es un delito que se persigue de oficio, como lo establece el Código Penal del estado. Dijo que las fiscalías tienen la obligación de monitorear las plataformas informativas y redes sociales, para identificar elementos que puedan ser constitutivos de delito.
