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Sería a finales de septiembre o inicios de octubre próximos cuando el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas dictamine si lleva o no el caso de las desapariciones en México a la Asamblea General del organismo.
Según el calendario del comité, éste sesionará del 29 de septiembre al 3 de octubre para abordar, entre otros, el tema de la desaparición forzada en México.
El CED está integrado por 10 expertos independientes, quienes supervisan la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados partes.
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De acuerdo con fuentes consultadas, son las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores las que llevan la negociación con el Comité contra la Desaparición Forzada, y desde el pasado 5 de abril el gobierno de México informó que mantiene cooperación sostenida con el organismo internacional y se mostró dispuesto a analizar la solicitud de la ONU y reportar las acciones y programas que se aplican en nuestro país para atender y combatir las desapariciones.
“En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que éste cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”, explicó la Segob en una tarjeta informativa.
En caso de que en este periodo el CED acuerde llevar el tema a la Asamblea General de la ONU, al gobierno de México sólo le quedaría negociar. Antes de la votación, tendrá que haber un acuerdo de solución entre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el actual secretario general de la ONU, António Guterres. Lo que se acuerde es lo que votará la Asamblea General, sobre un consenso previo.
En caso de que México siga negando una crisis de desapariciones en México y oponiéndose al proceso que realiza el CED se podría llegar al extremo de presentar el caso a la Corte Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia, según expertos consultados.
En este momento, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU elabora una serie de preguntas y requerimientos de información para el gobierno de México a fin de conocer qué hace para prevenir y erradicar las desapariciones, con objeto de elaborar un diagnóstico.
Medidas cautelares
El pasado viernes 4 de abril, en un hecho inédito, el grupo de expertos que integran el CED anunció la apertura del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones para llevar el caso de las desapariciones en México a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este procedimiento, el más extremo con que cuenta el comité, se activa ante un posible contexto generalizado o sistemático de desaparición en un país.
“Recibimos informaciones que, en nuestra opinión, contienen fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”, expresó el presidente del CED, Olivier de Frouville.
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Su posición desató críticas por parte de Sheinbaum, instituciones del Estado como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra, dependencias gubernamentales y de legisladores oficialistas como Gerardo Fernández Noroña.
La Secretaría de Gobernación rechazó lo señalado por el comité, al argumentar que “el gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.
Vendría después la reacción de la CNDH, que aseguró que la postura del comité está “descontextualizada”. El organismo se ha pronunciado en distintas ocasiones contra el CED, al indicar que “esos señalamientos no corresponden a la realidad porque hoy la desaparición forzada no es sistemática ni mucho menos una política de Estado”.
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Sheinbaum rechazó que en México exista la desaparición forzada. “Rechazamos, lo hicieron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso. Eso no existe en México”, dijo.
La situación llegó a tal grado que el Senado aprobó un pronunciamiento para pedir que sea destituido de su cargo en la ONU De Frouville. El presidente del Senado, el morenista Fernández Noroña, consideró que el comité de la ONU realizó “con irresponsabilidad” una “acusación carente de sustento”, y retó a que se presente un solo caso de desaparición forzada ordenada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Defensa
Explica el activista Michael Chamberlin, también exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, que “lo que está haciendo este gobierno es defenderse como si fuera un ataque al Estado mismo. Creo que en estos meses, cuando reciba el cuestionario que le va a mandar el comité, la respuesta que dé el Estado tiene que estar más bien construida hacia allá, porque cuando reciba el comité la información del Estado no va a ser para confirmar si existe o no una situación generalizada o sistemática, sino si es necesario o no acudir a la Asamblea General”.
Desde su óptica, lo más probable es que el Comité contra la Desaparición Forzada termine por acordar llevar el caso de las desapariciones en México al pleno de la Asamblea General de la ONU.
“México ya es visto con preocupación en el exterior. El comité lo declaró en varias ocasiones, pero al aplicar el artículo 34 ya está diciendo que hay una situación grave en el país, y eso ya es de preocupación internacional. ¿México está preocupado y quiere atender la problemática con o sin ayuda de Naciones Unidas o está solapando la existencia de estas desapariciones al tomar una postura defensiva y negacionista? Eso es lo que está en juego”, resalta.
Asegura que la administración federal buscará evitar que el tema sea llevado a la Asamblea General: “En lo público, seguirán estos escándalos, esos aspavientos y críticas contra el comité, pero en lo privado intentará presionar para que no lo haga”, pronostica.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, destaca que no sólo el CED sigue un proceso por desaparición forzada en el país, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Existen dos organismos internacionales que están haciendo informes sobre la desaparición en México. Lo que pasará si el tema de desapariciones se lleva al pleno de Naciones Unidas es que el Estado mexicano tendrá que dar cuenta ahí sobre las acciones que está tomando para evitar la desaparición forzada.
“Es muy importante recordar que no solamente el Estado mexicano tendrá que explicar lo que está haciendo directamente. Es decir, me refiero no sólo a lo que está haciendo para impedir que agentes del Estado mexicano desaparezcan a personas, sino también que está realizando para acelerar los procesos de búsqueda”, subraya.
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Y acota: “El comité está conformado por expertos independientes. Es decir, no son políticos, su interés no es político. Me parece que el gobierno tiene muy poca oportunidad de negociar la postura del comité. En eso el cálculo del Estado mexicano está fallando”.
Olivares Ferreto destaca que en este momento “el problema no es lo que puedan pensar los organismos internacionales, sino lo que puedan pensar las víctimas, que son quienes realmente están siendo dañadas, no sólo con la desaparición forzada, sino con el rechazo a una problemática que a todas luces continúa sucediendo en el país. Este es un país con más de 127 mil personas desaparecidas”.
Manifiesta que la desaparición forzada es un fenómeno del pasado reciente y del presente, y añade que constituye una violación a los derechos humanos del presente.
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“Las violaciones a derechos humanos que comete el Estado mexicano al no buscar a las personas desaparecidas, al no investigar ni sancionar a quienes cometen desaparición forzada, también son actos del presente”, expresa.
