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Por primera vez, México tendrá una magistrada en la Corte Penal Internacional (CPI) que permanecerá en el cargo durante el periodo 2021-2030.
Se trata de la embajadora Socorro Flores Liera, representante Permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza, quien formó parte de la delegación de México durante el proceso que condujo a la Conferencia de Roma y la adopción del Estatuto de Roma y sus instrumentos fundamentales de los cuales emanó la CPI en 1998.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992 y su experiencia diplomática y jurídica destaca particularmente en la rama del Derecho Internacional.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, “desde que el embajador Juan Ramón de la Fuente asumió como representante Permanente de México en la ONU, el país ha ganado todas las elecciones que se han realizado desde la sede del organismo en Nueva York”.
Este 2020 se realizaron 11 elecciones que incluyeron las de los consejos de Seguridad, Económico y Social, de Derechos Humanos, la Comisión de Población y Desarrollo, la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos y la Comisión de Estadística.
Tres mexicanas han ganado candidaturas a nivel individual: Leticia Bonifaz, para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Carolina Fernández, para la Dependencia Común de Inspección y ahora Socorro Flores como primera magistrada mexicana en la CPI.
Además, a partir del 1 de enero de 2021, México presidirá junto con Irlanda el Grupo sobre Mujer, Paz y Seguridad dentro del Consejo de Seguridad de la ONU.
La CPI se encarga de realizar los juicios por crímenes graves de trascendencia internacional como el genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión.
Esta función la realiza de manera complementaria a los Estados parte del Estatuto de Roma que, de acuerdo con sus legislaciones internas, también pueden realizar este tipo de enjuiciamientos.
Ayer, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que, luego de llevar a cabo un examen preliminar sobre la situación de Venezuela, encontró fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno (de Nicolás Maduro) han cometido crímenes de lesa humanidad, de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
El examen preliminar inició en febrero de 2018, luego de que un grupo de Estados parte del Estatuto de Roma remitieran la situación y la conclusión anunciada por la fiscal podría dar lugar a que durante la primera parte de 2021 se inicie una investigación contra el gobierno de Venezuela.
Este caso podría ser conocido por la ahora magistrada Socorro Flores Liera, quien en 2016, cuando fungía como subsecretaria para América Latina, señaló que la situación de Venezuela preocupa a toda la región, pero que la misma sólo la pueden resolver los propios venezolanos.
