A más de un año de haber iniciado la epidemia de Covid-19 en México, los gobiernos estatales y el federal no han diseñado una política pública integral —sicológica, educativa, económica, jurídica y de salud— para atender a los niños y adolescentes que quedaron huérfanos por la muerte de su padre, madre o ambos por esta enfermedad.
En solicitudes de información hechas por EL UNIVERSAL a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 25 estados admitieron que por lo menos hasta mediados de febrero de 2021 no tenían un plan específico de atención para este sector de la población, mientras que los otros siete no atendieron la pregunta sobre si tienen una política pública o un registro de los menores en orfandad.
En otra solicitud hecha al DIF nacional, esta institución señaló que no tiene un registro de niños y adolescentes huérfanos, a pesar de que el 3 de noviembre de 2020 se había comprometido a elaborarlo, y tampoco respondió si ya comenzó a implementar un programa para atender a estos menores en desamparo.
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La mayoría de los DIF estatales informaron que no tienen un registro sobre cuántos menores hay en situación de orfandad. Sólo el DIF del Estado de México dijo tener conocimiento de cinco niños de entre seis y 16 años; en Tlaxcala hay tres hermanos que perdieron a sus padres y en la Ciudad de México ya se había informado que más de 3 mil pequeños se encontraban en esta condición.
La falta de un plan para atender a este sector de la población se ha registrado a pesar de que en múltiples ocasiones funcionarios municipales o estatales hicieron referencia a que los DIF apoyarían a los jóvenes para que no quedaran desamparados.
Especialistas en infancia alertaron sobre distintos riesgos por la ausencia de estadísticas y políticas públicas: los menores podrían disminuir su rendimiento en la escuela si no se les ayuda a sobrellevar el duelo, podrían empezar a trabajar por la muerte de quienes los sostenían e incluso podrían ser reclutados por grupos criminales.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó: “Un niño que está en incertidumbre y en duelo lo que menos va a pensar es en la escuela y aprender. Si esto se conjuga con elementos de carácter económico, los menores deberán entrar a actividades económicas para sobrevivir y ahí ya literalmente los perdimos. De adultos tendrán un trabajo precario y una vida con limitaciones por no poder continuar con sus estudios”.
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Reciclan políticas
Para responder a la emergencia, en la Ciudad de México las autoridades adaptaron la beca Leona Vicario para entregar poco más de 800 pesos a los menores huérfanos; sin embargo, Juan Martín Pérez criticó que las autoridades busquen atender el problema de una forma económica y se dejen de lado otras formas de ayudar.
“El beneficio que los niños pueden recibir con una beca no sustituye la obligación del Sistema DIF de crear planes de restitución de derechos para todos los menores que están en una condición de riesgo o son víctimas. ¿En este caso qué significa un plan de restitución? Identificarlos [a los niños], saber dónde están y saber cuáles son los derechos violentados”, señaló el director de la Redim.
A través de las solicitudes de información realizadas, los DIF de Baja California Sur, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas señalaron que sí tienen la capacidad de atender a los menores en situación de orfandad, pero no con políticas públicas nuevas adaptadas a sus necesidades, sino con las que ya se tenían anteriormente.
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Ante estos hechos, el especialista Juan Martín Pérez acusó que las autoridades estatales y federales nunca mostraron interés por atender a la población más joven en la epidemia, y un reflejo de eso es la falta de políticas públicas y de cifras sobre orfandad.
“Nuevamente todo quedará en un ‘sabemos que existen, pero no sabemos quiénes son, cuántos son ni dónde están’. Es una omisión muy grave y el Estado va a estar ausente una vez más en este momento tan crítico”, mencionó el director de la Redim.
Por su parte, Mercedes de la Maza, directora General del Centro de Formación en Valores (Cenfoca), coincidió en que es necesario implementar una política pública integral más allá de la entrega de recursos económicos y becas para estos menores de edad.
“La infancia en México es el futuro de nuestro país, son los adultos del mañana y no los podemos dejar incompletos o rotos”, señaló De la Maza.
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