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El Estado mexicano defendió la Ley de Seguridad Interior, así como las acciones que ha realizado en el caso Ayotzinapa, en materia de desaparición de personas y para proteger a periodistas, durante su Tercera Revisión en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza.
Ante Vojislav Suc, presidente del consejo, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien encabezó la delegación mexicana, reconoció que “México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos, no venimos aquí a minimizarlos ni a negarlos”.
Aseguró que las consideraciones y observaciones que se generen del escrutinio internacional serán tomadas en cuenta por las autoridades para continuar trabajando, porque el esfuerzo seguirá en medio del cambio de gobierno que se vive en el país.
Durante la sesión de tres horas y media, los estados miembros cuestionaron a México sobre tortura, desaparición forzada de personas, las agresiones contra defensores y periodistas, la violencia contra las mujeres, las violaciones a los derechos de personas migrantes, la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y LGBTTTI, y la trata de personas.
España, Países Bajos, Noruega y Reino Unido, entre otros, manifestaron su preocupación por la impunidad que prevalece en México, por lo que emitieron recomendaciones en ese sentido.
Mientras que Estados Unidos cuestionó al país sobre desaparición forzada, tortura y los avances en el caso Ayotzinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Avante, defendió la Ley de Seguridad Interior, al señalar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Recordó que la Guía para la regulación de la fuerza y protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de conflicto armado de la OEA indica que las intervenciones de las Fuerzas Armadas deben tener tres principios: excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad, “nuestra Ley de Seguridad Interior atiende esos tres principios. En síntesis, respeta los criterios emitidos en el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo.
Ricardo Sánchez, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo sobre el mismo tema que de enero de 2015 a octubre de 2018 se ha ejercido acción penal en 84 casos y solicitado 61 órdenes de aprehensión, 36 personas han sido vinculadas a proceso y se han emitido ocho sentencias condenatorias, cuatro de ellas en 2018.
Esta fue la tercera revisión del Estado mexicano ante el Consejo de la ONU. El reporte de resultados del escrutinio se entregará el viernes.
