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Tras el tiroteo del pasado domingo en El Paso, Texas, donde murieron ocho mexicanos, el gobierno de la República y el Congreso de la Unión expresaron un enérgico rechazo al discurso del odio, a la “supremacía blanca” y al racismo.
Ayer, el gobierno de México entregó una nota diplomática a Estados Unidos en la que advirtió que los discursos de odio no tienen lugar entre ambas sociedades.
Las autoridades mexicanas refieren a las estadounidenses su condena y el rechazo absoluto por la matanza, la cual estuvo dirigida hacia ciudadanos mexicanos.
Manifestó que se trata de un acto equiparable al delito de terrorismo, previsto por el artículo 139 del Código Penal Federal, al tener como objeto manifiesto infligir daño y producir terror en los mexicanos en Estados Unidos.
El gobierno mexicano solicitó la colaboración estadounidense para que la Fiscalía General de la República obtenga, con fundamento en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, información que permita determinar si existen otros sujetos involucrados y potenciales organizaciones de “supremacía blanca” que busquen poner en peligro a la comunidad mexicana.
La Comisión Permanente rechazó cualquier discurso de odio que promueva el supremacismo blanco y el racismo, por lo que solicitó al gobierno de Estados Unidos una “clara y contundente” condena por los hechos ocurridos en El Paso.
También solicita al gobierno estadounidense implementar medidas para garantizar la integridad de la comunidad mexicana y migrante, así como a las instalaciones diplomáticas, consulares, y culturales que sirven para atender a los connacionales.
El pronunciamiento hecho por la Mesa Directiva, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que a través de los consulados promueva campañas que permitan reafirmar las aportaciones en los ámbitos económico, cultural y social de los mexicanos en esa nación.
Respaldó las acciones legales que ha iniciado la Cancillería para garantizar justicia a las víctimas mexicanas y sus familias.
Los legisladores pidieron al canciller, Marcelo Ebrard, mantener informado al Congreso sobre la defensa y protección que despliegue en favor de la comunidad hispana, además de generar los mecanismos de diálogo con el gobierno y el Congreso estadounidense, para “regular, limitar la venta y distribución de armas, y combatir el tráfico de las mismas”.
