Cinco programas ejecutados durante tres gobiernos distintos han fracasado en la eliminación de redes perniciosas en el Alto Golfo de California (AGC), hábitat de la vaquita marina y que ha resultado en sanciones de Estados Unidos sobre la pesca nacional.
El último intento data de septiembre de 2020, cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo para la zona, que incluye el veto a las redes, revisiones obligatorias a cada barca y que los pescadores entreguen sus enmalles en un lapso de 60 días.
En diciembre de ese año el gobierno introdujo el Plan de Trabajo para la Atención Integral del Alto Golfo, pero los resultados no han variado y han persistido las irregularidades. Además, la sustitución de redes de arrastre estipuladas en la norma para ordenar el aprovechamiento del camarón, no se ha cumplido. Tales redes capturan todo a su paso, en detrimento de variedades amenazadas, como tortugas.
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Estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) consultadas indican que el retiro de chinchorros —un tipo de red— tiende a la baja en esa área, pues pasó de 149 en 2018 a 59 en 2019 —una caída de 60 por ciento.
En 2020 y 2021 no hubo recolección, parcialmente atribuible a la pandemia del coronavirus. Y aunque la actividad pesquera disminuyó en los últimos dos años, la ilegal continuó, como se demuestra con los operativos realizados en 2021, cuando los gobiernos de México y Hong Kong decomisaron más de 200 kilos de buches de totoaba en diversos operativos.
Datos de la Secretaría de Marina indican un descenso en la recolección de redes, luego de un crecimiento entre 2016 y 2018, al contraerse de 674 en esa fecha a 151 en 2021 —77% menos—. Las inspecciones pueden influir en esas estadísticas.
En Baja California, las inspecciones cayeron de 25 en 2016 a dos en 2019 y 2020 — 92%—, según Profepa. Los operativos bajaron entre 2016 y 2019, para crecer en 2020.
Sonora ha atestiguado una situación más crítica, pues las inspecciones se deslizaron de nueve en 2017 a una en 2020. Los operativos retrocedieron de 19 en 2016 a 12 en 2020, una contracción de 37%.
La situación de los enmalles y de otro tipo exhibe un panorama oscilante, pues luego de una baja entre 2016 y 2018, repuntó en los años subsiguientes. La autoridad ambiental retiró 74 enmalles en 2019 y 96 en 2020, para un incremento de 30%, y solamente tres en 2021.
La captura de la totoaba, pez endémico del AGC ambicionado en China por su buche —por sus presuntos beneficios afrodisíacos— amenaza a la vaquita, de la cual quedarían menos de 10 especímenes, al quedar sofocada en las redes de enmalle.
El Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca), brazo científico gubernamental, defendió el desarrollo de al menos 14 investigaciones sobre sistemas de redes alternativos para camarón y distintas especies de peces, y achacó la responsabilidad a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
“Todos los resultados están disponibles, han sido comunicados y recomendados a Conapesca y presentados a las diversas organizaciones pesqueras, autoridades y organizaciones internacionales. El instituto ha recomendado en numerosas ocasiones a Conapesca y otras instancias involucradas en el tema que lo necesario ahora es la instrumentación de los sistemas disponibles”, dijo la instancia a EL UNIVERSAL.
Pero las pruebas y financiamiento de nuevos equipos no se han materializado. Datos de los proyectos de investigación en Centros Regionales de Investigación Acuícola y Pesquera indican que no hubo emprendimientos de redes alternativas en 2020 y 2021.
Para la bióloga Brooke Bessesen, uno de los mayores problemas radica en la lucha política entre el sector ambiental y el pesquero. “El principal problema es que Semarnat, encargada de proteger a esta especie en peligro crítico de extinción, no cuenta con el apoyo de Sader ni de sus agentes pesqueros, quienes se niegan a reconocer que las redes de enmalle matan vaquitas”, comenta vía correo electrónico la autora del libro Vaquita marina.
Si tal reconocimiento ocurriese, prosigue, se verían obligados a aceptar que ballenas, tortugas y leones marinos también mueren en esas redes.
En 2017, el gobierno prohibió los enmalles en el AGC, pero no logró evitar su presencia, pues activistas y autoridades han retirado unas mil artes para la captura de totoabas.
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Rumbo erróneo
Entre 2007 y 2018, el gobierno gastó más de 10 millones de dólares —unos 205 millones de pesos al cambio actual— en la investigación e introducción de redes alternativas en el AGC, de las más productivas del país en términos pesqueros y parte de un ecosistema único en el planeta por su biodiversidad.
Pero ese desembolso sólo resultó en la permanencia de redes convencionales, oportunidades perdidas por la sustitución del camarón por otros productos, acceso a mercado, inexistencia de sellos ecológicos y falta de datos para evaluar rentabilidad neta de pesquerías libres de redes.
Para Enrique Sanjurjo, director de la no gubernamental Pesca ABC, el tema no ha sido prioritario.
“No ha habido un proceso de largo plazo bien pensado que funcione. El diseño, transferencia y capacitación siempre han quedado como temas secundarios, porque no va a dar la solución de corto plazo que requiere el político, el tomador de decisión”, evalúa.
Junto con otros 12 investigadores de varias instituciones, Sanjurjo es autor del estudio de 2021 Una perspectiva económica de las políticas para salvar a la vaquita, que evaluó las medidas tomadas en las últimas dos décadas y sus resultados, y presenta un recuento detallado de las acciones para salvar a ese mamífero.
A pesar de los esfuerzos, persisten la pesca ilegal con redes, la pérdida de ingreso y mercados para los pescadores legales y el colapso de la población de vaquitas en la región, donde el camarón constituye la pesquería más importante.
El “complejo contexto socioecológico”, ausencia de coordinación interinstitucional, conflicto entre actores, pesquerías y políticas de conservación, así como limitada capacidad institucional, falta de aplicación de la ley, corrupción y pobre administración pesquera han derivado en acceso irrestricto a zonas de captura, pesquerías sobrefinanciadas con altos niveles de captura ilegal, no reportada y no regulada, el fenómeno más cuestionado por las autoridades estadounidenses.
Días de consecuencias
Los resultados se reflejan en las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos de prohibir el ingreso de productos marinos mexicanos a su mercado.
En abril de 2020, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés) decidió la ampliación del embargo pesquero por la falta de medidas para evitar la alta mortandad de la vaquita y que incluye la prohibición de importaciones de especies como camarón, sardina, sierra y curvina, capturadas en el AGC.
En octubre último, EU recertificó al camarón y aceptó su importación, luego de retirar el aval en abril de 2021.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos presentó el 10 de febrero la primera denuncia ambiental contra México por no proteger a la vaquita, al amparo del T-MEC, vigente desde julio de 2020.
Para Sanjurjo, el gobierno debe aparecer en escena. “Es un proceso tan delicado y complicado, que necesita llevarlo de la mano. No se puede transformar una comunidad dando instrucciones desde arriba y sin tener gente trabajando ahí. Se requiere un proceso de coordinación que nunca ha existido”, cuestiona.
Para Bessesen, la ruta transita por la exigencia de artes alternativas, pero advierte que, mientras dependa de Conapesca e Inapesca, el mañana nunca arribará.
Los pescadores “podrían exigir permisos de artes alternativos y tomar el control de la pesca sostenible. Y el gobierno mexicano, preocupado por el impacto económico en su país, podría hacer cumplir plenamente sus leyes. Sus pesquerías agotadas se recuperarían”, añade.
