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A 10 años de su creación, y en las actuales condiciones, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es insostenible y está condenado a desaparecer, advirtió su titular, Enrique Irazoque Palazuelos, quien hizo un llamado a las cámaras de Diputados y Senadores para que aprueben la reforma constitucional que se requiere para contar con una ley general que combata y prevenga las agresiones contra ambos gremios.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó que la ley que impulsa el gobierno federal incluye un nuevo modelo que establece la responsabilidad compartida entre autoridades federales, estatales y municipales, quienes deben coordinarse para hacer eficientes las tareas.
“Lo que estamos buscando es darle una visión de Estado, porque no hay una institución que pueda sola con alguno de los problemas que tenemos en materia de derechos humanos a nivel nacional. Se trata de unir las capacidades institucionales de las entidades federativas, de las fiscalías y de otros entes para que funcione como una política nacional”, subrayó.
Irazoque Palazuelos consideró “muy preocupante” que la fuente principal de los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos sean las autoridades municipales.
“La problemática es que pareciera que es una responsabilidad federal solamente y eso le da una zona de confort a las demás autoridades. Entonces, el hecho de que un presidente municipal, una policía municipal agreda, hay veces que ni siquiera es nota, y a esta autoridad local no le genera un costo político y, a veces, ni jurídico”, enfatizó.
“Lejos de que el mecanismo sirviera para aglomerar, coordinar y generar un componente transversal de lo que es la protección para ambos gremios, la autoridad se hizo para atrás. Entonces, básicamente a partir de ahí el mecanismo en muchas regiones del país empezó a quedar solo, y ahora tenemos una centralización total del tema y eso, lamentablemente, va a terminar con el mecanismo”, subrayó.
Sostuvo que con la nueva legis-lación, el mecanismo tiene que convertirse en un órgano nacional que no solamente tenga recursos suficientes, sino las herramientas jurídicas para obligar a la gente a no seguir agrediendo, sobre todo a los que pertenecemos al Estado mexicano.
“Si resolvemos ese tema, resolvemos 40% de la problemática”, puntualizó el funcionario.
Adelantó que la nueva ley incluirá la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección ante agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas que permita tener una coordinación más eficaz con las entidades federativas, las fiscalías y las áreas de seguridad.
También propone un Programa Nacional de Prevención para salir del círculo reactivo y tener un enfoque en lo preventivo, que permita que las autoridades se adelanten a las agresiones, a las amenazas y a los riesgos que sufren las y los comunicadores.
La iniciativa plantea un protocolo homologado de actuación y generar un Registro Nacional de Agresiones hacia Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, como parte de una política pública que permita generar datos fiables para ver dónde está la amenaza y la prioridad.
Con un nivel de impunidad superior a 90%, Enrique Irazoque advirtió que todas las autoridades deben hacer su parte, en especial las fiscalías de justicia, que es en quienes recae la responsabilidad de las investigaciones.
“Si no solucionamos ese problema, vamos a seguir mandando un mensaje de impunidad y la repetición crónica de las agresiones y delitos contra periodistas y personas defensoras va a seguir”, recalcó el funcionario de Segob.
Explicó que el año pasado se presentó una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional para que el Congreso pueda crear una ley general de protección a ambos gremios.
La propuesta fue aprobada por unanimidad en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que en los próximos días se someterá a votación del pleno y, de aprobarse, se enviará al Senado.
Una vez que la Cámara Alta la apruebe, se presentará ante el Congreso la iniciativa de Ley General de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que de ser respaldada reemplazará a la actual ley federal que, al no ser nacional, limita mucho la actuación del mecanismo.
La ley federal sólo es vinculante para las autoridades federales, lo que colocó al mecanismo como un ente que únicamente tenía obligatoriedad frente a esas autoridades, es decir, las resoluciones de su Junta de Gobierno “no tienen fuerza vinculante ni contra los municipios ni contra los estados, cuando el problema está ahí”, enfatizó.
