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La diputada Laura Ballesteros (MC) propuso reformar la Ley de Asistencia Social para obligar al Estado a brindar asistencia social a las niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de terapias de conversión.
En el país, alrededor de 11 millones de niñas y niños no tienen acceso a la asistencia social, señaló la legisladora emecista, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Por lo que el gobierno federal debe otorgar una asistencia social que contemple un enfoque de derechos humanos, así como una perspectiva de género y diversidad sexual.
"Las infancias y juventudes deben tener acceso a atención prioritaria cuando sean víctimas de terapias de conversión. No podemos permitir que se violen sus derechos y que sufran daños permanentes. Es fundamental que el Estado actúe de manera proactiva para proteger a los más vulnerables, asegurando que cada niño y niña pueda crecer en un entorno seguro y respetuoso de su identidad", afirmó.
Cabe señalar que en abril de 2024, el Senado de la República reformó el Código Penal y la Ley General de Salud para prohibir y sancionar con hasta seis años de prisión, a quien realice las denominadas terapias de conversión sexual, ya que representan prácticas que menoscaban la integridad de las personas.
"No se trata solo de castigar; necesitamos una atención integral desde las políticas públicas. La visión punitivista no es la solución, sino la prevención y la garantía de derechos. Debemos construir un marco legal que no solo sancione, sino que también promueva el bienestar y la inclusión de todas las infancias, sin importar su orientación sexual o identidad de género", explicó Ballesteros.
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Detalló que "nueve de cada diez infancias LGTB+ han sufrido burlas, agresiones o violencia sexual debido a su orientación sexual, y el 40% de quienes fueron sometidos a terapias de conversión ha pensado en suicidarse".
La iniciativa fue presentada conjuntamente con Enrique Vives, América Noricumnbo y Ari Muñoz de la asociación LGBT+ Rights Mexico e Xchel integrante de la sociedad civil, para fortalecer el marco legal y con ello asegurar que las infancias diversas tengan acceso a una vida plena y con derechos.
"Surgen nuevos retos y esos son la búsqueda progresiva de derechos. Lo que planteamos en esta propuesta es precisamente eso, y es que toda persona que haya sido víctima de cualquier tipo de terapia con el objetivo de menoscabar, anular o modificar su orientación sexual, identidad o expresión de género tengan derecho preferentemente a la asistencia social. Esto significa una reparación integral y reconocer la responsabilidad que tiene el estado de garantizar a todos sus habitantes una vida libre de cualquier tipo de violencia y de discriminación", dijo Enrique Vives.
jf
