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Más de 200 colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y personas defensoras de los derechos humanos, entre los que destacan Artículo 19, Colectivos de familiares de personas desaparecidas, Agrupación de Familias Encarnación de Díaz, Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Armadillos Rastreadores México y Formadores de Paz, exigieron al Estado mexicano y a las autoridades estatales y federales una investigación inmediata e independiente sobre el hallazgo del campo de exterminio con tres hornos clandestinos en el que se encontraron restos humanos en Teuchitlán, Jalisco.
"Este es un crimen de lesa humanidad que demuestra la sistemática desaparición, reclutamiento forzado y exterminio de personas jóvenes en México", señalaron en un comunicado.
Además, exigieron la tipificación del delito de reclutamiento forzado y generación, como Estado mexicano, de una estrategia nacional contra el reclutamiento forzado que incluya medidas de prevención urgentes para erradicarlo en el caso de niñas, niños y jóvenes en Jalisco y otras regiones del país afectadas.
Expresaron que el hallazgo, hecho público el 5 de marzo de 2025 por los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco, ha sido descrito como un “campo de adiestramiento y exterminio” operado por el crimen organizado.
Entre los restos calcinados y pertenencias encontradas en el Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, se hallaron aproximadamente 400 prendas, incluyendo 200 pares de zapatos, mochilas, maletas, identificaciones oficiales, libretas con nombres y apodos y restos óseos fragmentados.
Los colectivos de Jalisco que realizaron el hallazgo denunciaron la práctica de reclutamiento forzado y documentaron hasta septiembre de 2024 al menos 70 desapariciones en la Central Camionera de Guadalajara, principalmente personas jóvenes que fueron atraídas mediante falsas ofertas de trabajo.
La existencia de este centro de exterminio, abundaron, evidencia el contexto de violencia generalizado en Jalisco y otras partes del país y confirma el modus operandi del crimen organizado en Jalisco: Desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, con la eventual complicidad de autoridades estatales y municipales.
Agregaron que la desaparición forzada en Jalisco ha sido una práctica sostenida en el tiempo. Desde el año 2019, Jalisco no dejó de ocupar el primer lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
En el informe que la Comisión Nacional de Búsqueda presentó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en 2021, cuatro municipios de Jalisco se encontraban entre los 10 con mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas a nivel nacional.
Tlajomulco de Zúñiga encabezaba la lista con 296 cuerpos, seguido de El Salto con 212, Zapopan con 206 y San Pedro Tlaquepaque con 99. En total, uno de cada cuatro cuerpos recuperados en fosas clandestinas a nivel nacional correspondían a Jalisco (24.34%).
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Precisaron que este hallazgo configura lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU define como un “crimen perfecto” por la aquiescencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a la desaparición cometida por agentes no estatales, ya que resulta imposible aceptar que este mega campo de exterminio operara sin la complicidad de autoridades y fuerzas de seguridad que después del operativo de septiembre del 2024, quedó sin protección ni aplicación de los protocolos de exhumación de las fosas clandestinas.
Externaron que el Estado mexicano estaba obligado a conocer la comisión o el riesgo real e inminente de estas desapariciones, y que ha consentido estas prácticas, al no intervenir de manera efectiva en un fenómeno documentado y sistemático.
Tampoco ha adoptado medidas para prevenir el delito, investigar y castigar a los responsables, a pesar de contar con investigaciones abiertas.
"Ha actuado en complicidad con quienes son perpetradores o se ha desentendido por completo de la protección no solo de las potenciales víctimas sino también de sus familias y, ha permitido la operación de estos centros de reclutamiento forzado y de exterminio", acotaron.
Mencionaron que el hallazgo del centro de reclutamiento forzado y del campo de exterminio con los hornos clandestinos en Teuchitlán es una prueba irrefutable de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y, por tanto, crímenes de Estado.
"Si el Estado no toma medidas inmediatas, se estará consolidando un patrón de exterminio con la complicidad de las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía", añadieron.
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mahc/apr
