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Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, Colegios de Profesionistas y Asociaciones Civiles, integrantes de la Marina Mercante Libre , rechazaron categóricamente este dictamen presentado por Morena por ser inconstitucional por extender las atribuciones de la Secretaría de Marina.
En un comunicado, los integrantes de la Marina Mercante describieron que las funciones de los militares se encuentran delimitadas por el artículo 129 de la Constitución al auxilio o apoyo de instituciones civiles, es decir, las Fuerzas Armadas solo pueden ejercer funciones referentes a la disciplina militar en tiempos de paz, por lo tanto, se limita la intervención de las Fuerzas Armadas en otras materias a casos excepcionales, limitando al máximo su uso, subordinada y fiscalizada siempre bajo un mando civil.
Además de que la propuesta implica un claro retroceso en el desarrollo y el fortalecimiento de la Marina Mercante Mexicana, que cuenta con toda la especialización relativa al comercio marítimo.
Describen que el trasladar todas las funciones a la Marina, con el fin de convertir a las Fuerzas Armadas en la única autoridad marítima, dejan de considerar que el organigrama administrativo de la mencionada Secretaria es militar, desplazando así las atribuciones de un sector profesional en temas de puertos comerciales y mercantes a un sector castrense, que no cuenta con la formación en la materia, y en cuyas labores se han detectado cuestiones de opacidad, arbitrariedades y uso excesivo de la fuerza.
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“Esta iniciativa se encuentra lejos de volverse una medida para combatir la corrupción, ya que no existe evidencia de que las Fuerzas Armadas la reduzcan, al contrario, las fuerzas castrenses no son la excepción en este tipo de prácticas. Cabe destacar que sólo el 3% de los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) tienen autoridades militares involucradas en la operación de puertos y esos casos, fueron consecuencia de golpes de estado militares o gobierno dictatoriales”, describen.
Del mismo modo, de los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo en Chile y México la autoridad Marítima depende de las Fuerzas Armadas. Este tipo de iniciativas sitúan al país en un modelo donde las Fuerzas Armadas se involucran más en tareas que no les corresponden, por lo que cada vez cuentan con mayor independencia y autonomía presupuestaria.
Definen, que de este modo, se genera un cuerpo militar con amplios márgenes de discrecionalidad, que no rinde cuentas, sin incentivos para subordinarse el gobierno civil y a quienes se les otorgan atribuciones administrativas que no tienen vínculo con la seguridad, por ser actividades netamente comerciales y ligadas al transporte.
Ahora, confiaron que las sesiones de Parlamento Abierto, que ha sido convocado en la Cámara de Diputados, se le dé la voz a todas las organizaciones de la Sociedad Civil interesadas, para analizar el impacto y los riesgos que estos cambios trascendentales pueden generar.
“Esta iniciativa tiene una clara tendencia a desmantelar los logros que durante tanto tiempo ha tomado construir, sin tomar en cuenta las consecuencias sociales, económicas y políticas que implicaría entregar la industria del transporte marítimo a las fuerzas armadas”, definen.
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