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El Senado de la República determinó 17 temas de reformas a despachar durante el periodo ordinario de sesiones, que iniciará este 1 de febrero, entre ellos tres que tienen prioridad para Morena, la fuerza mayoritaria: regulación del cannabis y del outsourcing, así como la Ley de Amnistía.
En la ya reconocida como Ley de Amnistía, de la que una propuesta avanzó en la Cámara de Diputados, el Senado plantea empaquetar su discusión con la que se genere de la presentación de iniciativas de reforma al sistema judicial penal, que realizará la Fiscalía General de la República (FGR).
Los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta se reunieron en un desayuno hace dos días para determinar la agenda conjunta que habrán de desarrollar. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, los líderes se dijeron dispuestos a generar consensos.
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Ordenamiento para uso del cannabis
Respecto a la regularización del cannabis con uso médico y recreativo, el Senado ha analizado al menos 18 proyectos de reforma y creación de nuevas leyes, que pretenden ordenar la siembra, cultivo y portación de la planta de marihuana.
De entre las propuestas de Morena destaca la que presentó el pasado 18 de septiembre la presidenta de la Cámara, Mónica Fernández Balboa, que pretende establecer que sea la Secretaría de Salud (Ssa) la que emita los permisos de siembra, cultivo y cosecha.
De las 18 iniciativas, tres hechas por legisladores de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscan la emisión de la ley general del uso del cannabis, misma que determinaría su acceso gratuito y sus derivados, cuando se trate de fines médicos.
Además, el tricolor ha propuesto que la producción y consumo de productos relacionados con esa planta tengan impuestos especiales, que contribuyan a la formación de especialistas en el tema y a la atención de enfermedades que requieran los medicamentos.
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Por su parte, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el cannabis salga de la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud, a fin de fomentar la investigación sobre los beneficios y consecuencias de su uso.
Una iniciativa presentada por el senador Miguel Ángel Mancera incluso perfila algunas funciones que desempeñarían los organismos responsables de controlar y regular la industria que se genere de la distribución, venta y consumo de los productos de la planta.
El Partido del Trabajo (PT), a través de la senadora Cora Cecilia Pinedo, expuso una iniciativa para que el cannabis no sea considerado estupefaciente cuando su porcentaje de Tetrahidrocannabinol (THC) sea menor a 0.3% en el total de gramaje.
En tanto, la fracción de Movimiento Ciudadano propuso diversas reformas a la Ley General de Salud para regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana. Incluso establecen que el porcentaje de THC deba ser igual o menor a 1%.
Debate del outsourcing
Para la discusión de la regulación del régimen de subcontratación, los legis- ladores retomarán la propuesta hecha por el senador y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia (Morena), en la que se pretende que a los trabajadores contratados en outsourcing se les den algunos beneficios.
Por ejemplo, perfila que todos los empleados sean asegurados de manera obligatoria por el patrón, que se les paguen los adeudos de pago por utilidades. Además, establece que la simulación por subcontratación pueda considerarse delito grave.
Las iniciativas de reforma de Gómez Urrutia avanzaron en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, así como en la de Estudios Legislativos segunda, pero desde la Jucopo se avaló un acuerdo para posponer su discusión en el pleno.
El Senado también retomará la iniciativa presentada por los senadores Joel Padilla y Miguel Ángel Lucero (PT) para prohibir por completo la subcontratación, a excepción de obras especializadas que requieran un vínculo temporal de empleados.
Amnistía y reforma judicial
En las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda se tiene detenido el análisis de la minuta que envió la Cámara Baja para expedir la Ley de Amnistía, que pretende decretar esta facultad en favor de personas contra quienes se haya ejecutado acción penal y no sean reincidentes.
El nuevo ordenamiento plantea otorgar un “perdón” a ilícitos como la interrupción del embarazo —incluye a la mujer, familiares y a los médicos practicantes de la interrupción—, así como delitos contra la salud que haya cometido gente de escasos recursos, con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.
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Sin embargo, dentro del paquete de reformas al sistema de justicia penal, que la FGR aún trabaja con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, se advirtió que podría tocarse el tema de amnistías en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En una de las versiones que circularon de las posibles reformas se estableció que se instalaría un sistema de cárceles en tres niveles: las que reintegren a quienes delincan por primera vez, para los reincidentes y las de máxima seguridad, así como multas para quienes no cometan ilícitos graves.
Entre las iniciativas que ya se tienen en el Senado para modificar el Poder Judicial destaca la propuesta hecha por Ricardo Monreal para crear una Tercera Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo presidente además integre el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
También presentada por el legislador, quedó pendiente una iniciativa para “eliminar el nepotismo en el Poder Judicial federal”, con el establecimiento de mecanismos de transparencia como a cualquier otro servidor.
Con esa reforma a su ley orgánica se obligaría a todos sus trabajadores a realizar su declaración pública de intereses y a incluir en ésta los vínculos familiares y de afinidad con otros integrantes de éste.
Entre otros pendientes quedarán las reformas en materia de eliminación del fuero, elevar a rango social las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como las legislaciones electoral y financiera, las propuestas en materia de economía circular y bienestar animal.
