Mafia de taladores devora la selva maya

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En medio de la densa selva de la Reserva de la Biósfera Mirador Azul en Petén, en el extremo norte de Guatemala, un grupo élite de guardaparques y militares aguardaban de forma silenciosa y en posición de pecho-tierra sobre un hormiguero.

Estaban escondidos para emboscar a un grupo de taladores de granadillo, una madera preciosa, en peligro de extinción y legalmente protegida, que por su belleza y solidez es codiciada para construir muebles, yates, instrumentos musicales y casas de lujo.

Al paso de las horas, las hormigas negras y rojas los empezaron a picar por todo el cuerpo, pero la adrenalina les impedía sentir los pinchazos. A pesar del sueño y del hambre, ahí permanecían enlodados y tirados, dedicados a patrullar los recursos naturales en la línea fronteriza entre México y Guatemala.

Esa mañana del 3 de mayo de 2020, los guardaparques habían localizado de manera previa un campamento de taladores al norte de esta reserva, donde estaban dos vehículos modificados para cargar madera, así como una fogata y desechos de alimentos. A la lejanía, se escuchaba el motor de las sierras terminando con la vida de árboles de décadas de existencia.

El plan era atraparlos en flagrancia. Para eso estaban los militares, de quienes los guardaparques dependen para poder realizar capturas. Alrededor de las 11 de la mañana, divisaron cómo se acercaban dos taladores con sus motosierras. Cuando tocaron el perímetro que ellos habían tendido, los rodearon, les taparon los ojos y la boca y los trasladaron a unos 100 metros de ahí para que no pudieran alertar a sus otros compañeros.

Unas horas después, se escuchó la imitación del sonido de un ave: “¡Uy! ¡uy!” —un mensaje encubierto entre los taladores que sirve para alertar la presencia de autoridades—. Uno de los militares respondió: “¡Uy! ¡uy!” y minutos después aparecieron otros cinco taladores.

Al ver a las autoridades, dos de los taladores corrieron; sin embargo, los alcanzaron. Después de seis horas de operación, lograron capturar a un total de siete taladores —la mayoría de ellos mexicanos, del estado Campeche, que comparte frontera con Guatemala—.

No era la primera vez que esto sucedía. Una oscura red de taladores comenzó a ingresar a territorio guatemalteco desde el 2018 en busca de granadillo, ya que las reservas en el lado mexicano empezaron a escasear.

Por eso, en noviembre de 2021, un equipo de InSight Crime acompañó a los guardaparques de ambos lados de la frontera durante una decena de días dentro de la selva Maya, acechada por organizaciones criminales.

La mañana del 8 de noviembre nos encontramos en la ciudad de Flores, municipio de Petén, Guatemala, donde se localiza la Reserva de la Biósfera Maya, una reserva natural cuya extensión posee más de 2 millones de hectáreas y alberga a 2.800 especies de plantas y animales. Cerca de Flores está la sede de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), fundada en 1990, con el objetivo de contribuir en la conservación de los ecosistemas naturales a nivel local, nacional y regional.

El Capítulo Petén de la organización lo coordina Francisco Asturias, un guardaparques que lleva 34 años vigilando la selva maya desde el servicio público y junto a organizaciones de la sociedad civil. A Paco, como lo llama todo su equipo, lo respetan no solo por las operaciones que ha comandado en contra de criminales que quieren arrasar con los recursos naturales, sino porque hasta la fecha, a sus 61 años, sigue patrullando dentro de las selvas. No permanece cómodo en los escritorios.

Su oficina está repleta de fotografías de jaguares que ha encontrado en la selva a lo largo de los años. De estatura media, barba y cabello encanecido, Asturias trae puesto un uniforme color caqui, seguido de una funda con una navaja y un celular GPS puesto a la cintura, que le sirve para estar atento a los guardaparques de FUNDAECO y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), encargados de vigilar los puestos de control de la selva.

“Mi lucha es por la selva Maya. Mi sueño es integrar a Guatemala, México y Belice para protegerla, porque la selva Maya es la más prístina y salvaje de Mesoamérica”, dice Asturias de manera insistente.

Paco cuenta que fue en 2018 cuando se empezaron a enfrentar a diversas redes criminales en la frontera México-Guatemala. Más precisamente nos habla de taladores que cruzan del lado mexicano a las reservas naturales de Petén buscando extraer granadillo – un tipo de madera protegida a nivel internacional y codiciada en el mercado chino. En respuesta, sus guardaparques aumentan la frecuencia de sus patrullajes para frenar la extracción.

Son tantas las denuncias, que Paco ha perdido la cuenta. Pero, según el Ministerio Público de Guatemala, entre 2018 y 2020 se realizaron al menos 62 denuncias que involucran a presuntos taladores, intermediarios e incluso funcionarios.

En este primer encuentro, Paco nos prepara mental y físicamente para el recorrido. Nos presenta a los guías más experimentados, Emilio* y Gabriel, quienes permanecen silenciosos y sonríen de vez en cuando durante la reunión.

Al día siguiente, a las 6 de la mañana, volvemos a la oficina con el grupo élite de guardaparques con el que vamos a viajar.

Este se llama “Génesis”. Es una agrupación de alrededor de dos decenas de guardaparques experimentados de FUNDAECO y CONAP, que sirven como la primera línea de defensa para proteger millones de hectáreas de bosques vírgenes. En general, los guardaparques realizan los recorridos en pequeños grupos y sin armas, a pesar de que están expuestos a criminales. Aunque se les encomendó la gigantesca tarea de vigilar un área vasta y rica en recursos, los guardaparques no pueden realizar arrestos sin la ayuda del ejército y la policía guatemaltecos, quienes solo los acompañan esporádicamente.

Génesis pasa semanas enteras patrullando el Parque Nacional Mirador Río Azul y el adyacente Biotopo Naachtún Dos Lagunas, dos áreas de la Reserva de la Biosfera Maya que han sido las más impactadas por la cacería y la tala ilegal en Guatemala, según un informe privado e independiente sobre la dinámica de la tala ilegal en Guatemala y México realizada por varias organizaciones ambientalistas prominentes, y al que tuvo acceso InSight Crime.

El nombre de este proyecto lo explica Asturias: “Es un nuevo comienzo”.

Con el olor de la gasolina en el aire y las cuatrimotos recién cargadas, los guardaparques empacan machetes, navajas y GPS, además de alimentos, tiendas de campaña, mosquiteros, decenas de galones de combustible y algunas herramientas y refacciones. Minutos más tarde, el grupo se pone sus chalecos antibalas.

— ¿Alguna vez los han usado en balaceras? —le preguntamos a Gabriel.

— Afortunadamente no —responde seco el guardaparques, un tanto receloso.

Una vez lista, la caravana de cuatrimotos se encamina hacia el Parque Nacional de Tikal, el sitio arqueológico más conocido de Guatemala donde se encuentran una serie de templos restaurados del mundo maya.

A la entrada del parque, resguardado por militares, nos detenemos para comer un pollo rostizado acompañado de tortillas. También, en este primer almuerzo hay soda, chistes al por mayor y cigarrillos que sirven para controlar la adrenalina y dispersar a los abundantes mosquitos.

Liderando la caravana están Emilio y Gabriel. El primero es un tipo bonachón que mantiene fluida la comunicación en el equipo, y por su carisma es quien interviene cuando se topan con traficantes. El segundo, Gabriel, es más reflexivo, silencioso, pero con los ojos alerta como un estratega visualizando las trampas de sus enemigos; nadie avanza sin que él se cerciore de que es un camino seguro.

Al pasar por Tikal, la selva nos engulle cada vez más. El follaje es denso y el tramo nos lleva hacia una pequeña comunidad, donde nuevamente nos detenemos, como parte del protocolo para enviar la localización. Aquí no se nota todavía la tala de madera, que es más visible en la frontera con México, según nos cuentan Emilio y Gabriel.

“Esta es la última comunidad que vamos a ver antes de entrar”, dice Gabriel, al tiempo que expulsa el humo de su boca con su típica parsimonia.

Minutos después, nos adentramos en la selva. En este punto comienza una batalla en la que la naturaleza nos castiga por cada pequeño error.

Los caminos fangosos, de entre uno o dos metros de ancho, están rodeados de maleza y árboles de 30 metros de longitud. El equipo de vez en cuando debe bajarse para empujar la cuatrimoto atascada, o sacar el machete para cortar ramas espinosas y sacarlas cuando se quedan enredadas en los motores.

En la caravana vamos con la mirada alerta para detectar brechas abiertas por los taladores con el fin de encontrar granadillo, el cual no es fácil de divisar dentro de la maleza.

Entre las reglas del grupo, nos dicen, la más importante es que nunca debe quedar nadie atrás. No es para menos, ya que les han apuntado con armas y los han agredido.

“Te vas a morir”, le dijo un talador a Emilio mientras le apuntaba con una escopeta en la cabeza una tarde de abril de 2020. Emilio pensó que ese era su final, pero pudo convencerlo de no hacer nada, ya que le advirtió que su homicidio solo causaría persecuciones del Estado en su comunidad. En otra ocasión, nos cuenta, un talador liberado por un juez lo fue a buscar hasta las instalaciones de CONAP en Petén para matarlo.

“El [talador] llegó a las oficinas buscándome, le dijo al guardia de seguridad que está en la puerta que [yo] tenía que devolverle su moto o que me iba a matar. El encargado de seguridad subió a avisarme y no lo dejó entrar. Mientras tanto, el encargado regional de la oficina ordenó que trajeran un camión de la basura al parqueadero; yo me monté ahí y lograron sacarme de la oficina”, recuerda.

Después de varias horas penetrando la húmeda selva y a medida que cae la tarde, paramos en un camino bifurcado.

— “Suponiendo que en esta brecha nos encontráramos a un talador, ¿qué harían?” — les preguntamos.

— “Medimos el riesgo y evitamos confrontar. Les advertimos y luego mandamos la ubicación de la actividad. Si es en línea fronteriza y el ejército no está presente, ahí no confrontamos porque eso es tierra de nadie”, responde Emilio.

Al atardecer, después de unas ocho horas de ruta, arribamos al campamento del Biotopo Naachtún-Dos Lagunas, una reserva protegida de 49.500 hectáreas que provee conectividad ecológica a México, Belice y Guatemala.

Esa noche en el campamento, que se encuentra al borde de un lago cuyas aguas parecen un enorme espejo, dormimos en camarotes chirriantes equipados con viejos colchones y con mosquiteros colgados de ramas.

Marta, la cocinera que vive allí cada dos semanas, recibe a toda la caravana con frijoles, huevos revueltos, tortillas y café; todo con un toque ahumado de leña. Para esta hora, alrededor de las 7 p.m., los guardaparques tienen los párpados a medio cerrar, pero todavía les resta algo de energía para invitarnos a su campamento, con un poco de ron, cola y cigarrillos.

Aquí, a unos cinco metros de la laguna, ya con las bolsas para dormir desenrolladas y las hamacas colgando, nos hablan sobre los operativos para frenar la entrada de taladores de México a Guatemala.

En medio de esa silenciosa noche nos cuentan que Génesis aumentó sus patrullajes en 2018 después de que sus colegas en México les alertaron sobre el cruce de taladores a Guatemala. Ese mismo año, tras descubrir un remolque lleno de madera cerca de la línea fronteriza, dedujeron que los madereros estaban cruzando la frontera desde una reserva mexicana vecina llamada Balamkú, directamente al noroeste de Río Azul-Mirador.

Desde entonces, cuando se detectaron las primeras incursiones, los patrullajes han dejado como resultado alrededor de una decena de arrestos por tala o cacería ilegal. También han ayudado a documentar la extracción ilegal de aproximadamente 200 árboles de granadillo entre 2018 y 2021 en áreas patrulladas por Génesis, con un valor estimado de US$1,4 millones cuando la madera llega a los puertos de México, según el mismo informe privado realizado por organizaciones ambientalistas. Aunque se estima que la cantidad de madera extraída de estas reservas naturales es mucho mayor, si se tiene en cuenta que los guardaparques no tienen los recursos necesarios para detectar todas las incursiones de los madereros.

Uno de los operativos de inteligencia más destacados, relata Emilio, ocurrió cuando la policía civil y el ejército sorprendieron a un grupo de tres madereros en un sitio denominado La Güera —ubicado en la línea fronteriza entre Guatemala y México—.

Aquel 2018, el grupo élite partió a las 2 de la mañana para llegar al punto de extracción, acompañado por miembros de la policía y el ejército guatemalteco. Cuando apenas amanecía, vieron un punto rojo y olía a leña quemada, síntoma de una fogata aún prendida. “Ni siquiera pensamos si eran taladores o no, nadie puede estar ahí haciendo otra cosa que no sea talar o algo malo”, nos dice Emilio.

Una vez que se acercaron, dos de los taladores se levantaron en ropa interior para escapar dentro de la selva. Pero uno de ellos, de complexión obesa, se quedó en la hamaca con un rictus de tranquilidad, como si no estuviera sucediendo nada.

— ¿De dónde son? ¿De Guatemala o México? —les preguntó el talador, aún meciéndose en la hamaca, recuerda Emilio.

— De Guatemala.

— Vamos a arreglarlo. Esperemos hasta mediodía.

— ¿Para qué?

— Va a venir un coronel del ejército mexicano, él es nuestro jefe, él nos manda aquí a sacar la madera y él les puede dar el dinero que necesitan. Podemos negociar mi libertad, esperémoslo —insistió el talador.

El relato de Emilio no es sorprendente. Los guardaparques se quejan a menudo de que la mafia de la madera ha conseguido corromper a algunos miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. Ellos tienen poca fe en las instituciones públicas. En este caso, el talador mexicano les ofreció unos US$2.500 que supuestamente traería un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —la encargada de administrar y organizar al ejército mexicano— a cambio de dejarlos en libertad, nos contaron los guardaparques. Respecto a este caso, Sedena no respondió a la petición de comentario de InSight Crime.

Ni Génesis ni los soldados querían terminar en una situación tensa con el ejército extranjero, así que decidieron no esperar a nadie. Se llevaron al talador preso al Ministerio Público de Flores, pero más tarde salió libre bajo un criterio que permite la liberación para quienes cometen un delito por primera vez. Para los guardaparques se vuelve un “círculo vicioso” porque muchas veces los jueces no dimensionan el tamaño de los delitos ambientales, lo que beneficia a los taladores que salen libres en poco tiempo.

Los operativos encendieron las alarmas para Génesis. Lo que parecía una pequeña operación llegaba a un nivel más alto. La urgencia fue tal que Paco Asturias, en febrero de 2019, escribió una carta al ejército guatemalteco.

“El motivo de la presente es para solicitar su apoyo para poder realizar patrullajes continuos al norte del sitio arqueológico de Mirador, en la línea fronteriza entre Guatemala y México”, escribió Asturias. También mencionó el saqueo ilícito de madera en la reserva de Calakmul, un área protegida en México que comparte frontera con la zona de patrullaje de Génesis.

El siguiente año, en 2020, Génesis y un grupo de soldados guatemaltecos arrestaron a los siete madereros mexicanos que habían imitado el sonido de aves cerca de la frontera mientras las hormigas los picaban por todas partes. Parecía que la carta de Paco había funcionado.

A la siguiente mañana, en medio del desayuno, a Emilio se le ve desencajado. Su carisma no se parece al del día anterior. De pronto se acerca y nos dice que debe irse porque su padre está a punto de fallecer.

“Quiero que con esto sepan el tamaño del compromiso de Génesis. Como les dijimos ayer, sin importar los problemas personales, defendemos los recursos naturales”, dice antes de partir.

Pese a las malas noticias, nuevamente el patrullaje se reanuda rumbo a otro campamento cerca de la línea fronteriza. Todavía no han aparecido taladores o cazadores de fauna, a pesar de que el Smart —una especie de GPS donde aparecen antecedentes de los patrullajes realizados— indica que estamos en un área donde han ocurrido una gran cantidad de delitos ambientales.

La ausencia de taladores se debe en parte a la presencia de patrullajes en las áreas afectadas de Petén. Desde que ocurrieron las capturas de 2020, los guardaparques han identificado pocas incursiones desde el lado mexicano.

“Cuando lleguemos te vas a dar cuenta de que del lado mexicano están más afectados”, señala Gabriel.

Pero antes de llegar a la frontera México-Guatemala, el fango provoca que se atasquen las cuatrimotos durante una hora, aunque al fin salimos victoriosos. A lo lejos se observa un pilar de concreto color blanco, el cual funge como una señal de llegada al “Mojón 105”. Aquí comienza el lado de México, en el estado de Campeche.

Cruzando al lado mexicano, las brechas de la selva se abren cada vez más. Los caminos ya no son de uno o dos metros de ancho, sino de cinco o diez, por donde caben camiones para sacar la madera.

El camino conecta con al menos unos 10 kilómetros de corrales de animales de granja hasta llegar a Arroyo Negro, una pequeña comunidad en Campeche. En este estado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución a cargo de investigar los delitos ambientales en México, abrió 27 expedientes por tráfico ilegal de granadillo entre 2006 y 2021.

En Arroyo Negro nos despedimos de Génesis, sus cuatrimotos y el lodo que nos cubre todo el cuerpo. A partir de ahí emprendemos tres horas de ruta hacia las oficinas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el sur de Campeche, dedicada a administrar y vigilar las áreas naturales de México. Aquí nos recibe, al final de la tarde, Camilo, un guardaparques experimentado, quien explica cómo la red de tala ha infiltrado la reserva de Calakmul, la reserva forestal más grande de México que limita con zonas patrulladas por Génesis.

Fue alrededor de 2014 cuando empezaron a detectar actividades irregulares de taladores y cazadores dentro de la reserva, nos dice Camilo, sobre todo cuando un grupo de arqueólogos halló el cadáver de un mono araña con un tiro en el pecho. Esos hechos están relacionados: donde hay tala ilícita, hay cacería; un talador sabe cazar y viceversa.

Desde entonces, la economía ha ido extendiéndose hacia el este desde la reserva adyacente en Balamkú. “Ya en el 2018 teníamos a la gente [taladores] en Calakmul”, dice Camilo, que pide anonimato por temor a represalias.

La tala no ha parado, y hoy en día los guardaparques de Calakmul se enfrentan a una compleja red de delincuencia organizada que difícilmente pueden detener.

En las primeras horas de la mañana siguiente nos encontramos de nuevo en la densa selva, esta vez en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, con un grupo de tres guardaparques mexicanos de CONANP. La zona alcanza las 723.185 hectáreas y alberga el 80 por ciento de las especies vegetales de la Península de Yucatán, además de casi 100 especies de mamíferos, 75 de reptiles, 18 de anfibios y 350 de aves.

Ya suenan los cantos de los loros cachetes azules y nos encontramos con Nicasio, un guardaparques experimentado con una presencia tranquilizadora. Nos subimos a un vehículo todoterreno de seis puestos y nos adentramos en la jungla. También se unen a nosotros dos guardias novatos, recientemente contratados con el fin de reforzar las patrullas. Al igual que nosotros, escuchan atentamente mientras Nicasio nos guía por el camino, deteniéndose ocasionalmente para señalarnos diferentes animales y plantas.

Los caminos son más anchos y porosos que en Guatemala. Viajar es más sencillo y no tardamos en entender la razón.

“Estamos por entrar a la zona del matadero”, advierte el guardaparques al volante después de dos horas de trayecto.

Unos metros más adelante se asoma la primera escena del crimen. Se trata de un camino de 200 metros aproximadamente, con varias bifurcaciones, a las que se les conoce como “ramales”. En el camino hay árboles despedazados con sierra eléctrica, aserrín entre los pastos y cortezas. Se pueden ver varias especies de árboles, cedros y caobas, y el tocón solitario de un árbol de granadillo que fue talado recientemente por madereros.

Sentado en uno de los campamentos donde hacen vigilancia, Nicasio explica que la estructura de tala de madera está altamente organizada y, a nivel local, son los lugareños empobrecidos quienes sirven como mano de obra barata para realizar el “trabajo sucio”.

A esos taladores locales los reclutan para que en las épocas secas del año ingresen a la reserva, busquen los árboles y los marquen con sus iniciales, nos cuenta Nicasio. Dos o tres días después llega otro grupo de gente encargada de talar y cortar los árboles marcados y dejarlos listos para el traslado. Cuando ya tienen todos los árboles que necesitan, un tráiler se los lleva.

“En todos lados es así”, nos dice un aprendiz de Nicasio.

Se trata de un proceso altamente destructivo, ya que los taladores arrasan cientos de metros de follaje solo para llegar a un tronco de granadillo. Los llamados ramales se llevan a cabo con grupos de entre seis y siete personas que asientan campamentos donde contaminan con plásticos y combustible; los taladores también provocan incendios y cazan furtivamente cuando se les acaban las provisiones, como señala el mismo informe privado realizado por organizaciones ambientalistas.

A los taladores, que por lo general son personas de pocos recursos que viven en aldeas dentro de la reserva, se les paga entre 12.000 y 15.000 pesos (US$581 a 726) el metro cúbico de granadillo, según nos cuentan Nicasio y sus aprendices. Es una jugosa cantidad dinero en comunidades cuyos habitantes trabajan como jornaleros en ranchos. Allí hay poca oferta laboral fuera de la agricultura.

Pero son los intermediarios de la red criminal —muchas veces empresarios que viven lujosamente en grandes ciudades— quienes realmente sacan provecho de la tala ilegal. Para ellos, el precio del metro cúbico de granadillo se puede multiplicar hasta cuatro o cinco veces cuando la madera está lista para exportar a mercados internacionales.

Un metro cúbico equivale a un árbol de más de diez metros en forma de un rectángulo alargado y podado sin cortezas. Esta modificación se realiza para transportar la madera fácilmente pero también con el fin de que se confunda con cualquier madera con pocas restricciones para exportación, lo que le permite a la mafia conseguir papeles falsos para los controles aduaneros. A este proceso se le conoce como “lavado de madera”.

Normalmente el “lavado” se realiza en aserraderos, en donde se despoja a la madera en bruto de sus aspectos característicos. Estos centros son el pan de cada día en las comunidades cercanas a las selvas. De unos 366 aserraderos ilegales detectados en el país a partir de 2012, 68 estaban localizados en Calakmul, según Profepa.

Toda esta logística se puede financiar gracias al jugoso precio del granadillo y es lo que les permite a los intermediarios y las empresas de madera de la red gozar de sus ganancias substanciales con una apariencia de legalidad, mientras los taladores locales asumen el riesgo de ser capturados en flagrancia por las autoridades.

De acuerdo con los cálculos de los guardaparques, el metro cúbico “lavado” asciende a unos 70.000 pesos —US$3.390— para los intermediarios o “coyotes” —gente con dinero de Ciudad de México o Yucatán que reclutan los taladores locales y compran grandes cantidades de madera ilegal en nombre de clientes en mercados extranjeros—.

Pese a estos intereses, los guardaparques mexicanos son pocos y vulnerables: a principios de 2021, solo había seis guardaparques para cubrir más de 700 mil hectáreas de la reserva de Calakmul, nos dice Nicasio. Esa cifra había aumentado a 16 para fines de 2021, pero la mayoría de los guardias eran novatos, sin la experiencia de sus contrapartes de Génesis.

Además, para realizar los patrullajes no cuentan con armas ni chalecos antibalas. Al igual que sus contrapartes en Guatemala, en la mayoría de los casos, ni la policía ni el ejército les brinda acompañamiento. De hecho, solo se les acompaña si ellos les notifican a la Fiscalía General de la República (FGR) con anticipación, y obtener la autorización es un proceso lento y burocrático. Eso les da a los madereros la oportunidad de huir.

Para Nicasio, la mejor época fue cuando la Gendarmería Ambiental —creada en 2016 por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto— tenía un puesto de control y atendía de manera veloz los operativos.

“Cuando estábamos al frente en Calakmul no estaban cruzando mexicanos a Guatemala a talar granadillo”, nos dijo después de nuestro viaje un excomandante de operaciones especiales de la extinta Gendarmería Ambiental, la cual fue disuelta en 2019 junto con la Policía Federal y sus unidades especiales, y reemplazada por la Guardia Nacional, bajo el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora los trámites son lentos. “A partir de 2017 bajaron los operativos del ejército”, dice el guardaparques.

En el lado mexicano, los esfuerzos parecen menores en comparación con Guatemala. Esto se debe en gran parte a las restricciones presupuestarias, ya que el gobierno central recortó el presupuesto de la CONANP en un 59%, de 2016 a 2022. Esto dejó a los guardabosques y a las organizaciones medioambientales sin fondos ni equipos para realizar adecuadamente su trabajo, según un experto medioambiental de Campeche consultado por InSight Crime.

De hecho, como señala Profepa, entre 2012 y 2021 en Campeche solo se logró confiscar un total de 120 metros cúbicos de granadillo. Y estos podrían estar valorados en unos 9,4 millones de pesos mexicanos (US$471.240), según los cálculos del informe privado de tráfico de madera citado anteriormente. Y en el mismo periodo solo ha habido cuatro denuncias.

Una de las escenas que marcan este patrullaje es cuando uno de los guardaparques novatos se agacha a recoger un objeto y le quita el polvo. Se trata de un casquillo color rojo de escopeta. “Esto no debería estar aquí”, nos comenta entre dientes, al tiempo que mira desconfiado a sus costados, momentos antes de emprender el regreso hacia la base en Calakmul.

Dos días después, partimos en cuatrimotos junto a una nueva caravana de guardaparques hacia el centro de operaciones de Balamkú. Con una extensión de 400.000 hectáreas, la reserva estatal comparte frontera con Calakmul y Río Azul-Mirador en Guatemala. Desde nuestra salida de Flores hace cuatro días, los guardaparques de ambos lados de la frontera nos han señalado que Balamkú es una “zona roja” de tráfico de granadillo.

Una ligera lluvia se suelta durante el camino fangoso. Los guardaparques que nos acompañan en esta ocasión —un escuadrón de casi una docena de hombres mayores vestidos con trajes camuflados— vigilan como si trataran de pescar algún indicio entre la selva.

A la cabeza del grupo está Ángel, un guardaparques que lleva consigo un walkie-talkie, un GPS, un sombrero de camuflaje y gafas de sol negras. Ángel frena intempestivamente, estaciona las cuatrimoto, y señala con un movimiento de su cabeza hacia la parte densa de la selva. A simple vista no se nota nada, pero al mirar con detalle se puede ver una barrera de árboles que tapa el inicio de un ramal.

Unos segundos después llega el resto de la caravana y empieza el ingreso hacia el sitio de tala. El camino inicial de madera talada conduce a una bifurcación con dos caminos; después, al entrar a cada uno de ellos, derivan en otro par más, y así sucesivamente durante kilómetros.

Hay diferentes tipos de árboles aserrados y dos restos de granadillos; es decir, acabaron con toda esta cobertura vegetal para obtener dos árboles. “Es tala selectiva”, dice Ángel, mientras saca su GPS para registrar la zona talada.

Un mapa que aparece en el informe privado realizado por organizaciones ambientalistas revela la presencia de ramales tallados de cientos de kilómetros de bosque en toda la reserva, junto con decenas de puntos rojos de las coordenadas que indican las operaciones ilegales.

En menos de tres horas observamos al menos una veintena de caminos deforestados. La sobreexplotación es cada vez más evidente, lo cual ayuda a entender la entrada de estas redes al territorio del grupo Génesis en Guatemala.

Ángel recuerda que, una década atrás, la tala comenzó con el cedro; luego fue la caoba, posteriormente el ciricote. Y desde hace cuatro años, hacia finales de 2017 y comienzos de 2018, fue el granadillo. Ahora, ante la falta de granadillo, los taladores buscan nuevos tipos de madera, por ejemplo, el nava. Este se asemeja al granadillo tanto en durabilidad como en estética.

“El nava ahorita tiene un precio bastante alto”, añade.

La noche antes del patrullaje, uno de los guardaparques más experimentados de este grupo, Hernán, nos muestra varias pilas de madera talada con al menos unas cuarenta piezas, en su mayoría granadillo y nava. Los decomisos son producto de varias operaciones contra taladores, pero a pesar de la impresionante cantidad, no han logrado la captura de los taladores involucrados.

Hernán no solo cree que los pocos resultados sean a causa de la falta de presupuesto del gobierno estatal de Campeche, sino también de la presunta fuga de información provocada por las autoridades mexicanas. Y Hernán no es el único que opina esto. Aunque no se ha procesado a ningún agente estatal por su implicación en la tala ilegal en Campeche, es posible que algunas autoridades gubernamentales participen en el comercio ilícito por negligencia y omisión, según el mismo informe privado que cita entrevistas con funcionarios gubernamentales y organizaciones medioambientales de ambos lados de la frontera.

Hernán empezó a sospechar de las autoridades que acompañaban a los guardabosques durante los recorridos porque la información de inteligencia que recaban rara vez se convertía en incautaciones de madera o detenciones.

Una de las pocas veces en las que los guardaparques lograron confiscar madera talada ilegalmente ocurrió en una operación en agosto de 2021, cuando se aseguraron 157 piezas en una localidad ubicada en el municipio mexicano de Candelaria. Pero la red criminal no se dio por vencida. Una noche después de esa operación, ingresaron desde la parte trasera de las oficinas de los guardaparques y se llevaron 14 de las piezas confiscadas.

“Entraron y lo sacaron, por allá abrieron un camino”, explica Hernán mientras indica el límite del terreno del centro de operaciones. “Como ya no teníamos velador, entraron y se la llevaron”.

Parte de los problemas en Balamkú tiene que ver con su cercanía a Candelaria, la base de operaciones de esta red de taladores, según varios guardaparques mexicanos y guatemaltecos. Ubicada a pocos kilómetros al oeste de la reserva, el municipio posee varias subcomunidades, en las cuales hay centros de acopio, mano de obra para marcar árboles, taladores, transportadores y procesadores de madera, según los análisis de GPS de ambos países y el mismo informe de tráfico de madera al que tuvo acceso InSight Crime.

Candelaria es uno de los puntos de salida de los camiones que se dirigen hacia la reserva Balamkú durante la noche para recolectar la madera talada acompañados de vigilantes en motocicletas. Una vez extraída, los taladores almacenan la madera en pozos clandestinos, y cuando hay suficiente para llenar un contenedor de envío, comienzan el proceso de exportación.

Entonces comienza el “lavado de madera”, quitándole sus características de granadillo y luego clasificando el documento de autorización del cargamento con el nombre de alguna madera que sí sea comercial.

Sin embargo, para que esto suceda se requiere de la participación por acción u omisión de la autoridad y las comunidades dueñas de terrenos forestales, muchas de ellas en Candelaria, según el informe privado realizado por organizaciones ambientalistas.

Como propietarios de tierras, los miembros de la comunidad de Candelaria y de otros lugares ofrecen a veces sus nombres para solicitar autorizaciones de extracción de madera comercial, y los permisos se utilizan después para “lavar” la madera en los aserraderos, según el mismo informe.

El dinero de la mafia maderera ha incentivado la realización de estos pactos en comunidades donde la agricultura es una de las únicas formas de ingresos, según los guardaparques. Además, esa colusión ha hecho que lugares como Candelaria sean impenetrables para las autoridades, a menos que se hagan grandes operativos.

Con pocas incautaciones, los guardaparques se quedan maniatados ante la salida constante de madera sin que las autoridades reaccionen.

A unos 450 kilómetros desde este punto en el que nos encontramos hacia el norte se encuentra el Puerto Progreso, una aduana ubicada en Mérida, Yucatán, y uno de los puntos de salida, señalados por las autoridades federales de tráfico de madera, hacia el mercado internacional. Aquí es donde llegan los camiones cargados con troncos de granadillo que salen imperceptibles de Candelaria y transitan por la carretera federal para llegar a la costa Caribe mexicana.

[Gráfico: tala de granadillo, paso por paso, desde la selva hasta el puerto]

Este puerto es tan relevante que en junio de 2021 la FGR detectó unos 27 contenedores, de los cuales en 25 había granadillo, a partir de una denuncia anónima vía telefónica que se había recibido días antes. El granadillo, que está legalmente protegido y no puede ser exportado según la ley mexicana, pretendía ser trasladado hacia China y tenía un valor de más de tres millones de dólares, un indicio de lo millonaria que es la industria del saqueo ilegal de granadillo.

Pero ahí no acabó la historia. Unos meses más tarde, el 8 de septiembre de 2021, la Fiscalía envió un oficio a la aduana de Puerto Progreso para que liberara un contenedor incautado en junio de ese año debido a que se había realizado un segundo peritaje que acreditaba que no era granadillo, según publicó la revista digital Emeequis.

De acuerdo con los detalles del caso reportados por Emeequis, verificados por InSight Crime, la solicitud para liberar el contenedor se produjo después de que un bufete de abogados que representa a empresarios chinos hizo una visita a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México y ofreció un soborno considerable. El caso se archivó entonces, y la mafia maderera logró reclamar la mayor parte de los contenedores mediante el envío de más cartas oficiales, según una fuente anónima de la FGR citada por Emeequis.

La FGR no respondió a la solicitud de comentarios de InSight Crime.

Las incautaciones de este tamaño son anómalas, ya que, entre inicios del 2020 y septiembre de 2021, Profepa únicamente realizó 6 incautaciones de madera ilegal en todas las aduanas del país, según datos enviados por esta entidad a InSight Crime bajo petición. La incautación de junio de 2021 de los 25 contenedores que almacenaban granadillo no aparece en la información proporcionada por Profepa.

Tres de las incautaciones ocurrieron en Puerto Progreso y en ellas se encontró granadillo, ciricote y machiche. Los envíos de ciricote y machiche tenían como destino Wan Chai, una ciudad de Hong Kong, China, mientras que el granadillo se dirigía inicialmente a Panamá. La empresa que transportaba el granadillo era Red Capitals Services S.A., con sede en Mérida, Yucatán. Esta empresa, que ya ha exportado madera a China, no está inscrita en el Registro Público de Comercio (RPC) de México.

Red Capitals Services S.A. no ha respondido públicamente a la incautación del granadillo. InSight Crime trató de visitar las oficinas de la empresa en Mérida, pero los empleados que nos recibieron dijeron que la empresa ya no operaba en esa dirección hace al menos cuatro años. Se negaron a dar el nombre de la entidad que ahora ocupa las oficinas.

Hasta ahora no hay una investigación robusta desde la FGR sobre lo que sucede con la madera desde Puerto Progreso; sin embargo, los indicios continúan. En diciembre de 2021, el titular de la Secretaría de la Marina Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, dijo en conferencia de prensa que el área de inteligencia naval había detectado grandes cargamentos de granadillo, caoba y cedro procedentes de Campeche, Quintana Roo y Veracruz en los puertos de Progreso y Veracruz.

Después de toda la travesía por Calakmul y Balamkú, partimos de regreso hacia Guatemala atravesando la frontera por la comunidad campechana de Arroyo Negro. Ahí nos volvemos a encontrar con los guardaparques guatemaltecos, que nos llevan al Mojón 105 hasta el otro lado de la frontera, de vuelta a la implacable selva.

Bastaron unos cuantos días para corroborar que el tráfico de madera a nivel trasnacional ha rebasado a las autoridades y poco a poco se expande en la selva maya.

Los guardabosques se ven frustrados por la falta de fondos asignados por sus respectivos gobiernos para la protección de los recursos naturales, los cuales son invertidos en otras áreas del Estado. Las limitaciones presupuestales han mermado la adquisición de insumos y reparaciones necesarias para los patrullajes, que pueden costar hasta US$2 mil dólares para una operación de cinco días.

“El gobierno es una gran debilidad para combatir la deforestación”, nos dijo Emilio al inicio de nuestro viaje.

Con pocos recursos disponibles, los esfuerzos en Guatemala para reducir el tráfico ilegal de madera, incluyendo los patrullajes de Génesis, dependen en gran parte de fondos proporcionados por entidades internacionales como el Fondo para Combatir el Tráfico de la Vida Silvestre, del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA-IWT), el Wildlife Conservation Society (WCS), el Departamento del Interior de Estados Unidos (USDOI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, organizaciones como Global Conservation y Rainforest Trust también brindan respaldo financiero para las patrullas.

Si estos fondos se agotaran, el Grupo Génesis estaría en peligro de extinción.

En el lado mexicano, la lucha contra el tráfico de madera también depende de fondos internacionales de organizaciones como DEFRA-IWT, USDOI, y Global Conservation, así como organizaciones mexicanas como ProNatura.

El apoyo internacional ha ayudado a los guardaparques de Génesis a luchar contra una red criminal sofisticada y bien dotada de recursos. Pero ahora, hay enemigos de sobra. Los guardaparques nos cuentan que tres de sus miembros más experimentados se han enfrentado a amenazas de muerte y ahora buscan asilo en el extranjero.

“Así es la vida”, señala Pablo, uno de los guardaparques que solicitó asilo después de 17 años en su trabajo. “Mi esposa me dice: ‘Ya no eres un rambo para andar arriesgando la vida, tienes hijos’”. Y aunque Pablo dice percibir más el riesgo, sigue con el compromiso de construir el legado de Génesis y Paco Asturias.

“Son los guerreros que están en frente de la línea”, nos dijo Asturias antes de que iniciáramos el recorrido desde Flores. Y la lucha de estos hombres continúa. Después del viaje, él nos comentó que en febrero de 2022 destruyeron un nuevo campamento de traficantes mexicanos.

En medio de la selva, durante una parada para descansar antes de encaminarnos rumbo a Flores, los saraguatos orinan desde las alturas y pasan algunos lugareños para recolectar palma de xate. Pablo saca un cigarrillo, lo prende y empieza a narrar que su cariño por la selva empezó con las enseñanzas de su padre. Y aunque confiesa que él y sus compañeros en México y Guatemala arriesgan más de lo que les reconocen los gobiernos, dice de manera orgullosa en tanto expulsa el humo: “Será un honor morir defendiendo los recursos naturales”.

*Con la excepción de Francisco Asturias, todos los nombres de los guardaparques han sido cambiado por su seguridad.

** Con aportes de Max Radwin