Tras la falta de respuesta de la Embajada de los Estados Unidos en México al solicitar asilo, Mayra Alejandra Buenrostro acudió esta mañana a la oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para pedir refugio en dicho país, pues vive con miedo por la ola de violencia que se azota su pueblo.

Mayra es madre de Pablo, un niño jornalero de 15 años que murió el 8 de febrero pasado por una en una huerta de limón en la comunidad de Santa Ana Amatlán, del municipio de Buenavista Tomatlán, en Michoacán.

“Mi niño desde chiquito iba conmigo a trabajar. Si no íbamos a cortar limón, él me iba a acompañar a hacer limpieza a las casas o si no, él se ponía a vender pan en Apatzingán. No es fácil, lo he dicho hartas veces, pero (las autoridades) no se ponen a trabajar, que se enfoquen a quitar las minas para que ya no haya más muertes”, pidió la madre de Pablito.

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Contó que en su comunidad, niños pequeños acompañan a sus madres en las jornadas para cortar limón, pues no tienen con quién dejarlos; describió que desde los 3 años, los niños juegan entre las huertas. Lamentó que para la presidenta esto no le cause dolor porque no son sus hijos los que mueren a causa del crimen organizado.

“Dios no quiera que ellos llegaran a pisar una mina. A la presidenta pues mi hijo, no es nada con ella, no le duele. Pero a mí sí me dolió. Por eso más que nada yo quiero invitar a los michoacanos, a los de Apatzingán, a los de Catalinas, a los que me conocen y a los que de verdad dicen querer a mi hijo, que en memoria de mi niño junten las firmas para que quiten las minas de Apatzingán, de Buenavista, de Santa Ana”, pidió.

Pide asilo en Estados Unidos

Hace dos semanas, la mujer pidió asilo en Estados Unidos, pero no hubo respuesta, por lo que esta mañana, acompañada del diputado local Guillermo Valencia Reyes, busca reunirse con comisionados de ACNUR y solicitar refugio, pues es la única manera de dejar su comunidad.

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“Tengo miedo de que algo me pase porque yo no me quedé callada. Yo hablé sobre la forma de cómo murió mi niño. Yo no sabía que había minas ni mi niño, o sea, nadie fue bueno para avisar. O sea, ni yo supe lo que le había pasado al maestro que murió en una mina, ni a los militares. Nadie sabía de la existencia de las minas”, explica.

En su comunidad, agregó, las personas tienen terror de las minas sembradas por grupos criminales. Los cortadores de limón tienen miedo de ser las próximas víctimas, pero no tienen más oportunidades laborales para dejar las huertas. De hecho, las propias autoridades no localizaron los restos del menor porque en esa zona han explotado más minas, según indicaron a la señora Buenrostro.

“No se recuperó completamente el cuerpo de mi niño. Me entregaron poco de mi niño, porque según explotó otra mina, me dijeron los del SEMEFO. Y dejaron ahí el cuerpecito (...) les dio miedo seguir recogiendo los pedacitos de mi niño”, dijo.

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Sin respuesta de la embajada

Por su parte, el diputado Valencia acusó que la Embajada no recibió a la señora y solo les dieron correos electrónicos que tampoco contestaron. También hicieron la petición a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la ACNUR, aunque tampoco recibieron respuesta por este medio.

“La señora Mayra, está en riesgo su vida. No ha recibido la disculpa pública que se pidió a la autoridad y está en doble riesgo. Una, por el asedio del crimen en aquella región a la que no ha podido regresar. Y otra, también ante las autoridades que la revictimizaron”, agregó el también ex alcalde de Tepalcatepec.

Mayra Alejandra Buenrostro pide a las autoridades michoacanas que retiren y limpien las minas sembradas por grupos criminales para colocarle una cruz a su hijo Pablo, quien murió el pasado 8 de febrero. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
Mayra Alejandra Buenrostro pide a las autoridades michoacanas que retiren y limpien las minas sembradas por grupos criminales para colocarle una cruz a su hijo Pablo, quien murió el pasado 8 de febrero. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Sobre las investigaciones de estos hechos, el legislador lamentó que no hay avances, por lo que están tramitando un amparo colectivo, pidiendo firmas para que el Poder Judicial obligue a las autoridades a quitar las minas de estas zonas.

“Esta lucha será larga, no es fácil, sobre todo cuando vemos que las puertas están cerradas. En la embajada no hubo atención, no hubo trato, una respuesta que sirva por correo electrónico tampoco la tuvimos. Y ahora vamos a tocar las puertas en la ONU. Ella también está siendo atendida por la Comisión de Atención a Víctimas”, dijo en entrevista.

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kicp/apr

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