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La senadora Lilly Téllez propuso que todas las personas servidoras públicas, electas por voto popular, se sometan a exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios, durante todo el tiempo que dure su encargo, ya sean del ámbito federal, estatal, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
En su proyecto, la panista indicó que pide esto porque los funcionarios toman decisiones que “tienen efectos directos sobre la vida de millones de personas, sobre la seguridad del Estado y sobre el futuro de la nación”.
Por lo anterior, argumentó que no se trata de invadir esfera privada ni de estigmatizar a nadie, sino de reconocer que el servicio público es un encargo de confianza en el que la transparencia, la rendición de cuentas y la probidad son condiciones mínimas en la democracia.
“El que nada debe, nada teme”: esto propone la panista Lilly Téllez
“El que nada debe, nada teme”, señala su exposición de motivos, dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, la morenista Laura Itzel Castillo.
“Este mecanismo fortalecerá la confianza ciudadana, evitará suspicacias, contribuirá a la cultura de la legalidad y demostrará que los servidores públicos elegidos, al menos, ejercen sus funciones sin ningún tipo de droga que pudiera afectar la investidura que representan”, agregó la legisladora.
De acuerdo con la senadora del PAN, actualmente no hay ninguna manera de que los ciudadanos puedan corroborar que los servidores públicos no consumen droga alguna.
“Hoy tenemos la oportunidad de demostrarle a los mexicanos que sus servidores públicos en todos los niveles no consumen ningún tipo de droga que se encuentre prohibida, ni que tienen adicción a ella. En ese sentido, también debemos de ser un ejemplo para la sociedad mexicana”, refirió.
Sobre las pruebas, esclareció que deberán practicarse por instituciones de salud, bajo protocolos médicos que respeten la dignidad y los derechos humanos de cada persona, evitando así cualquier uso arbitrario o estigmatizante.
Además, pidió que se apliquen los exámenes con recursos propios, cuyos resultados tendrán que hacerse públicos y que, en caso de incumplimiento injustificado, se podrá incluir desde una suspensión temporal de percepciones hasta la pérdida del cargo.
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