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La senadora Lilly Téllez presentó ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a brindar de inmediato medidas de protección en favor de los periodistas Óscar Balderas y Luis Chaparro, y se realice una investigación exhaustiva respecto a las amenazas de muerte dirigidas en su contra por investigar temas del crimen organizado.
La legisladora señala que ambos comunicadores ejercen legal y legítimamente su actividad periodística de investigar e informar a la sociedad “y por eso, resulta inadmisible que sean objeto de amenazas con el objeto de intimidarlos y coartar sus libertades de expresión y de profesión, que se encuentran protegidas constitucional y convencionalmente”.
Expone en su propuesta de punto de Acuerdo que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales del régimen democrático y del ejercicio del periodismo libre.
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Lilly Téllez recuerda que los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y obligan al Estado a garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor con seguridad y sin presiones, ni amenazas, ni represalias.
“México, como miembro de la comunidad internacional, debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo la protección de periodistas”, subrayó.
La senadora puntualizó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece mecanismos específicos para salvaguardar a periodistas en situación de riesgo, y entre ellos se contempla la adopción de medidas urgentes de protección orientadas a garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad, cuando estas se vean amenazadas como consecuencia del ejercicio del periodismo o la defensa de derechos humanos.
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Lilly Téllez advierte que los gobernantes y las autoridades de todas las esferas de gobierno deben contribuir al respeto y a la protección del ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del derecho de acceso a la información; derechos que se encuentran reconocidos en los artículos 6° y 7° constitucionales.
“Lamentablemente en nuestro país, el derecho de la libertad de prensa se ha convertido en un riesgo para quienes desean ejercerla, porque los periodistas no solamente se deben cuidar de la posibilidad de sufrir algún atentado en el que se ponga en peligro su integridad física o su propia vida, sino que también son objetos de una serie de amenazas por parte del crimen organizado o de ataques verbales por parte de autoridades de los distintos órdenes de Gobierno […] que les ocasiona, en principio, un daño moral”, dijo.
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