En una gran mayoría de las escuelas de educación básica, las madres y padres de familia están rechazando la entrega de los libros de texto gratuitos a los estudiantes al considerar que representan un retroceso en los aprendizajes, asegura Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), que agrupa a seis mil planteles del país.
“Los padres de familia de cada plantel están acordando si los dan o no, y en una gran mayoría se está resolviendo no repartirlos. Son ilegales y simple y sencillamente se realizaron sin consultar a los gobernadores, a los docentes y a los padres de familia como lo establece el artículo tercero constitucional”, señala.
Consultado por EL UNIVERSAL, el presidente de la ANEP, que integra a alrededor de cinco mil 200 escuelas de educación básica del país, dice no saber qué porcentaje de planteles privados están rechazando los ejemplares educativos, lo que sí señala es que las escuelas que los están repartiendo están desacatando la resolución de la jueza, quien ordenó no distribuirlos.
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“No podemos saber aún el porcentaje de escuelas particulares están rechazando los libros de texto porque apenas este lunes inició el nuevo ciclo escolar y cada plantel está en contacto con los padres de familia y tienen que ir viendo cuáles son sus derechos”, explica.
Asegura que los textos tienen enormes fallas y no dan respuesta a las necesidades de aprendizaje de nuestras niñas, niños y adolescentes, además, agrega, no están apegados a lo que establece la Ley General de Educación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Si hay una escuela oficial o particular que no quiera utilizar los libros de texto, está en todo su derecho. Tampoco puede someterse a los planes de estudio, por lo que no está obligada a seguirlos”, señala.
Villar Jiménez expone que la ANEP “le está diciendo a las escuelas que si quieren utilizar los planes de estudio y los libros lo pueden hacer, pero tampoco las pueden obligar porque la SEP está cometiendo un delito, que es el desacato del Poder Judicial [de la Federación]”.
Dice que en caso de que el director y los maestros de un plantel hayan decidido usar los ejemplares y no existe consenso de los padres y madres de familia, “no pueden someterse a la voluntad de las autoridades educativas de la escuela. No los puede obligar a que sus hijas e hijos reciban los ejemplares, porque tienen preferencia los padres de familia dado que la Unión Nacional de Padres de Familia ganó el amparo y el fallo es a nivel nacional”.
Prevé que padres y madres de familia seguirán recurriendo a un amparo y a otras herramientas jurídicas en respuesta al rechazo de los libros: “Es una arbitrariedad lo que está haciendo la SEP. Ya especialistas han argumentado que los libros representan un grave retroceso educativo y una pérdida de aprendizajes en asignaturas como Español, Historia y Matemáticas”.
Leticia Delgadillo, coordinadora de cuarto, quinto y sexto grados de una primaria ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, señala que por primera vez en 50 años que tiene esa institución educativa, no entregarán los volúmenes en este plantel.
“A mí me da mucha pena todo esto, porque en este momento, la SEP brilla por su ausencia, no hay barco. Además, los maestros no tuvieron una adecuada capacitación, por lo que no sé qué vayan a terminar haciendo. Es muy complicado trabajar por proyectos, si no tienes una buena capacitación”, señala.
Expone también que “en nuestra primaria los libros de texto eran nuestro eje. Nosotros desde hace 20 años trabajamos por proyectos, pero nosotros acomodábamos estos proyectos de investigación, conforme a los libros anteriores. Estos nuevos ejemplares son escasos en matemáticas, que son básicas porque ayudan al desarrollo del pensamiento. Lo mismo pasa con español e historia. Siento que no están bien aterrizados”.
Menciona que el jueves y viernes pasados, los directivos y docentes de esa escuela se reunieron con los padres de familia, y a petición de las madres y padres de familia se determinó no entregar los libros al considerar que no eran de mucha utilidad para el aprendizaje de las niñas y los niños.
“En mi plantel, en la junta inicial los papás señalaron que no querían los libros. Incluso, algunos padres de familia que son abogados iban a ver qué recurso podían interponer para no recibirlos y decidimos guardarlos. Ya tenían conocimiento sobre los contenidos de los libros, por lo que señalaron que para qué se les repartían”, comenta.
Dice que en las dos juntas que tuvieron los docentes iban con la consigna de no tocar el tema de los textos si nadie preguntaba: “Nosotros íbamos a informar cómo trabajaríamos y con qué libros, pero inmediatamente los papás comenzaron a preguntar si utilizaríamos los libros, que con toda la información que sabían no querían que llegaran a manos de sus hijas e hijos”.
Carmen Navarro, otra maestra de un colegio particular ubicado al sur de la capital del país, comenta que en el plantel en el que labora también se determinó guardar los nuevos libros por la resolución de la jueza.
“Entre la directora y todas las maestras y maestros decidimos acatar ese fallo judicial, además de que existía presión por parte de los padres de familia para no utilizarlos. Seguiremos usando los libros del ciclo escolar pasado, porque los nuevos no nos funcionan”, refiere.
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