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El Senado abrogó por unanimidad la Ley de Seguridad Interior que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto, y que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En diciembre de 2017, el Congreso de la Unión, particularmente los partidos Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza avalaron esa ley, con la cual se pretendía regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia organizada.
En esa fecha, las bancadas de la oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para impugnar la Ley de Seguridad Interior, por considerarla violatoria de los derechos humanos.
La SCJN determinó la invalidez de dicha reglamentación por violaciones de carácter procedimental y del cuerpo normativo, así como por no definir el tiempo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El dictamen, que fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación, señala que la Ley de Seguridad Interior establecía que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no podrá excederse de un año, y podría prorrogarse por decisión del Presidente de persistir la amenaza a la seguridad interior.
El texto indica que existen diversas porciones normativas que pudieran ser inconstitucionales, por lo que al ser extraídas del ordenamiento, éste perdería coherencia y solidez en su conjunto como cuerpo normativo.
Por tanto, se estaría ante un ordenamiento legal desarticulado, que no proporcionaría la certeza jurídica y, eventualmente, carecería de eficacia.
Resalta que entre las cuestiones de inconstitucionalidad se ubican que el Congreso no tiene facultades para legislar sobre la seguridad interior y que ese rubro “no es parte de la seguridad pública”, por lo que no es posible derivar la facultad para elaborar leyes en la materia, lo que es violatoria de los artículos 49 y 73 de la Constitución.
Indica que diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior invadían las competencias de estados y municipios, y transgrede disposiciones en materia de recolección de información, ya que prevé que las Fuerzas Armadas podrán recolectar información mediante medios lícitos, concediendo así que puedan pedir a un juez la intervención de comunicaciones privadas.
La senadora Verónica Delgadillo (MC) dijo que durante mucho tiempo estuvieron señalando los errores de la ley por constitucionalizar el uso del Ejército en las calles, lo que llevó a la ciudadanía, activistas y a los integrantes de Seguridad sin Guerra, como Alejandro Madrazo, Alejandro Hope, a que emprendieron una lucha para echarla abajo.
“Tenemos que recordar que hay una Guardia Nacional con un carácter 100% civil, y que hoy no lo está haciendo, que eso no se nos olvide, que el gobierno lo entienda, para que cumplamos con los compromisos que tenemos con la sociedad del país”, expresó desde su escaño.
