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Largas hileras de cubetas y garrafones, llantas y trafitambos, y hasta plumas metálicas incrustadas en las banquetas para delimitar espacios que sirvan de estacionamiento evidencian que a los franeleros del Peñón de los Baños las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica no les quitan el sueño.
A más de mes y medio de que entró en vigor la reforma enviada al Congreso capitalino por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para hacer más severas las sanciones por este tipo de actividades en la vía pública, castigadas con arrestos inconmutables, en las calles aledañas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pasan sin pena ni gloria y decenas de carros son acomodados por los viene-viene que abundan en esa parte de la alcaldía Venustiano Carranza.
En abril, EL UNIVERSAL publicó la problemática que aqueja a los vecinos de la Terminal 1; medio año después, al recorrer las mismas calles, se comprobó que estas prácticas siguen y afectan el derecho al espacio público, y que se llevan a cabo en la zona en donde prevalecen autos estacionados en dos y hasta en tres filas. También hay motocicletas amontonadas en las banquetas y gente lavando coches sobre las aceras y camellones.

En el Peñón de los Baños, los vecinos, hartos del problema, optan por colocar objetos para impedir que se adueñen de sus calles y entorpezcan los accesos a sus casas y comercios, porque los franeleros no paran de sacar provecho económico del espacio público.
“Hay mucho problema con ellos [los viene-viene], como se levantan temprano, estacionan todos los carros, todos, ellos ya son los dueños de aquí, son dueños de las calles y aparte te cobran, eso ya no debe ser; según dijeron que lo iba a acabar el gobierno y nada”, comentó molesta, en el anonimato, una vecina de la colonia.
En ese sentido, un comerciante que pidió no revelar su identidad para proteger su seguridad lamentó que “tenemos que poner cajas para que no se vengan a dejar los carros aquí, 24-7 tenemos que estar a las vivas para que no las quiten, sobre todo los de hasta allá adelante que se los traen directo de la Terminal 1 del AICM y los enjaretan aquí afuera y no les puedes decir nada si no te das cuenta; dizque ya iban a meterlos a la cárcel pero ve, no cambia, ¿tú ves policías, ves a los federales?, nada”.

Otra vecina también lamenta que el endurecimiento de las sanciones, que ya no se pagan con multas económicas sino con arrestos de hasta 36 horas, pase desapercibido y sea ignorado por los sujetos que cobran, como mínimo, 60 pesos por un lugar en el perímetro en donde la presencia de la autoridad es nula y en el que en algunos casos su agresividad sale a relucir si no se cubre el monto que imponen.
“El espacio público no se vende ni se condiciona: se respeta”, expuso la mandataria capitalina cuando anunció las reformas; sin embargo, en el Peñón de los Baños la vía pública sigue siendo una mercancía que, al menos en esa zona, deja inoperante la estrategia que incluso fue catalogada con un semáforo que mide el nivel de riesgo.
Verde, que ubica a quienes piden un incentivo por ayudar a estacionar los vehículos; amarillo, para las personas que impongan tarifas para usar los espacios como aparcadero, y rojo, para los individuos que recurran a la extorsión, agresión o amenazas a los conductores que se nieguen a pagar por conseguir un lugar de estacionamiento.
El 7 de octubre pasado, Brugada Molina aseveró que para erradicar el problema “no basta” con modificar las leyes, luego de anunciar que además de las nuevas disposiciones, se desarrollarán otras acciones en las que se incluirán opciones de trabajo para los franeleros.
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