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Diputados y senadores de la 4T presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para exhortar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, a presentar su renuncia.
Ello al argumentar presuntas causas graves en términos del párrafo tercero del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la difusión de actos intimidatorios cometidos contra magistrados electorales.
Asimismo, por su presunta “indebida intromisión en el proceso electoral, así como su relación de alianza con un partido político, todo lo cual constituye un quebranto a la independencia e imparcialidad”.
En rueda de prensa, acompañado de legisladores oficialistas, Benjamín Robles Montoya dijo que el Poder Judicial se ha convertido en una institución al servicio de los intereses políticos de la oposición, de grupos que “hoy solamente buscan golpear a un gobierno y buscan intervenir en las elecciones.
“Norma Piña quebrantó la autonomía del Poder Judicial, cometió el delito de extorsión en contra de los magistrados electorales, intervino en el proceso electoral y todas esas son causas graves suficientes para que presente su renuncia. Reiteramos: como nunca antes, el Poder Judicial ha sido mancillado y lo ha sido por su propia presidenta”, apuntó en la sede del Senado.
Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, afirmó que Norma Piña violó el código de ética judicial al presionar a los magistrados a través de mensajes de WhatsApp a altas horas de la madrugada para que acudieran a una reunión privada a la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
A su vez, el senador de Morena Israel Zamora resaltó que no se puede equiparar lo que sucedió con el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, con lo que ocurrió con la ministra presidenta Norma Piña.
Por su parte, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz argumentó que la presidenta de la Corte violó la autonomía del propio Poder Judicial, violó la Constitución, así como el Tribunal Electoral, ya que “no tiene injerencia ni jerarquía ni superioridad sobre el Tribunal Electoral”.
