Nueve de cada 10 personas privadas de su libertad en penales estatales reportaron haber tenido contacto directo con al menos una actividad delictiva antes de los seis años, reveló un estudio realizado por Reinserta a presos en 14 estados del país.

Lo anterior se refiere a que de niñas, niños y adolescentes presenciaron un delito: “Esto lleva a una reflexión muy interesante sobre cómo estamos entendiendo y analizando la inseguridad del país y cómo la estamos afrontando. Hoy, desafortunadamente tenemos un sistema reactivo que mide la seguridad por la cantidad de detenciones, como si eso fuera un logro”, afirmó Saskia Niño de Rivera Cover, cofundadora de la asociación civil que desde 2013 trabaja con personas en reclusión.

Reinserta entrevistó a 5 mil 559 hombres y mujeres de entre 37 y 35 años de edad, sobre la exposición a la violencia durante su infancia y adolescencia. Los resultados arrojaron que dos de cada 10 personas encuestadas tuvieron familiares involucrados en actividades delictivas y dos de cada 10 manifestó que supo que parte del ingreso familiar provenía de actividades ilegales.

“A diferencia de la zona sur y centro, en la zona norte algunos padres o cuidadores estaban involucrados en grupos de delincuencia organizada”, refiere el estudio denominado Exposición a la Violencia en la Infancia y Adolescencia de Personas Privadas de Libertad, que va acompañado de historias de vida de los presos.

“Creo que tenemos que tener muy claro. Lo que nos deja este estudio es la corresponsabilidad social en la delincuencia en el país y si no empezamos a atenderla desde ese lugar, el reconocimiento de la corresponsabilidad, la implementación de medidas alternas, como la justicia restaurativa, y la prevención del delito, va a ser muy complicado que podamos aspirar a un futuro mejor”, alertó Saskia Niño de Rivera en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los principales cuidadores de las personas privadas de su libertad, durante su niñez y adolescencia, fueron ambos padres; algunos expusieron que sólo madre, abuela y padre.

Sin embargo, tres de cada 10 familias no contaban con los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y educación.

Niño de Rivera afirmó que los factores de riesgo en las personas que cometen delitos, “tienen que ver con la exposición a la violencia en la infancia, como uno de los factores importantes para que desarrollen habilidades emocionales que conllevan llevar a cabo un delito”.

Acceso y consumo de drogas

Los hallazgos también dan cuenta que los presos entrevistados iniciaron el consumo de drogas antes de los seis años, siendo la piedra, [cocaína crack] marihuana, heroína y tabaco, las sustancias más consumidas a nivel nacional.

“Si bien el consumo de sustancias se da principalmente entre los 12 a 18 años, la edad mínima de inicio de consumo fue, en algunos casos, desde los tres años, siendo amigos y familia los principales facilitadores”.

Los de la zona norte consumieron en su niñez y adolescencia marihuana y tabaco; zona centro, piedra y activo [inhalantes]; zona sur, tranquilizantes y heroína, siendo amigos y familia los principales facilitadores.

“En el caso de la población femenil, el acceso a las sustancias también se dio por parte de sus parejas”, puntualiza el estudio.

Al respecto, Niño de Rivera afirmó que en el norte del país hay mucho más presencia de la delincuencia organizada, lo que ha generado una cultura de violencia, mientras que en el sur hay más pobreza, culturas indígenas que tienen ciertos valores arraigados.

Exposición a la violencia en la familia

De acuerdo con el estudio que se presentará este lunes, siete de cada 10 presos mencionaron haber vivido al menos una experiencia adversa en su infancia o adolescencia. De igual forma, 29% aseguró que experimentó violencia física directa como indirecta entre sus cuidadores antes de los seis años, siete y 11 años, y 12 y 18, respectivamente.

“En las tres zonas (norte, centro y sur), la violencia verbal y física fue experimentada como víctima y testigo. Esta segunda fue una de las causas por las que las personas abandonaron sus hogares a edades tempranas”, refiere el estudio.

Asimismo, señala que una de cada 10 mujeres experimentó violencia sexual antes de los seis años; dos de cada 10, recibieron comentarios que denostaban sus capacidades intelectuales; dos de cada 10 en reclusión fueron víctimas de violencia sexual, y tres de cada 10 tenían restricciones para salir de casa o relacionarse con otras personas.

El 37% de las personas en reclusión dijo que la violencia verbal directa e indirecta estuvo presente en su infancia y adolescencia, presenciando actitudes violentas entre sus padres o cuidadores antes de los seis años, en cuatro de cada 10 casos.

En tanto, tres de cada 10 aseguraron haber sido agredidas verbalmente por parte de sus cuidadores antes de los seis años; tres de cada 10 cuando tenían entre 7 y 11 años; cuatro de cada 10 entre los 12 y 18 años.

Según el estudio tres de cada 10 de las personas encuestadas se encuentran presas en un Centro de Reinserción Social Estatal por los delitos de homicidio, lesiones y feminicidio.

Tres de 10 cumplen sentencia por robo en diferentes modalidades; una de cada 10 por violación, acoso y abuso sexual, y una de cada 10 está en prisión por secuestro y privación de la libertad.

“La evidencia recolectada indica que la mayor parte de la población adulta privada de libertad en México presenta un historial de exposición a distintos tipos de violencia directa o indirecta en el entorno familiar, escolar y comunitario en la infancia y adolescencia”, concluyó el estudio.

Añade: esta condición tuvo un impacto negativo importante sobre el desarrollo físico, sicológico y social de estas personas y, más aún, la exposición repetida y generalizada a la violencia propició la normalización y reproducción de conductas violentas que desembocaron en comportamientos delictivos. Es importante señalar que, aunque no es posible explicar el fenómeno de la delincuencia exclusivamente a través de esta evidencia, ésta resulta valiosa para llevar a cabo un análisis integral del comportamiento delictivo y reafirmar la importancia de la prevención primaria”.


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